Carta a Baltazar Porras

Monseñor

Baltazar Porras

Presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana

Sede de la Conferencia Episcopal

Avenida Páez, Montalban; Casa Monseñor Ibarra

El Paraíso, Caracas

Señor

En su reciente visita a la Santa Sede denunció usted la violación de los derechos humanos en Venezuela[1], así que asumo tiene usted suficiente, consistente y probada información como para haber realizado usted esa gestión ante tan alta jerarquía eclesiástica por tan puntual y delicado tema. Por su parte comenta el ex embajador de Colombia en Venezuela, Germán Bula Escobar: “… la disyuntiva política creada a raíz de la detención de supuestos grupos paramilitares colombianos en territorio venezolano, no se resolverá nunca… Es una forma de diversionismo que no contribuye a construir una nación…”[2]. El affaire por tanto trasciende fronteras.

 

Sólo es posible tal desempeño y que un profesional de la diplomacia afirme públicamente tal criterio, cuando ambas cosas se refieren a un país donde no existe ni asomo de instituciones públicas y privadas y la menos operante de ellas, sea la institución de la justicia puesto que es labor de ésta, por sobre cualquiera sea el concepto que se asuma de “diversionismo político”, la búsqueda de la verdad mediando la investigación y el ulterior juzgamiento y condena de los responsables de los actos, políticos o no, tipificados como ilícitos en el cuerpo de leyes vigentes en ese país.

 

Cuatro por lo menos son los delitos que el caso de los llamados paramilitares están sobre el tapete: a) homicidio; b) intento de masacre de civiles desarmados; c) trata de personas y d) traslado de menores. El homicidio quedó expuesto a la luz por los propios funcionarios del gobierno cuando exponen ante la opinión el hallazgo de un cadáver enterrado en el área cercana al sitio de detención de los supuestos paramilitares; algo más lejos del mismo punto, dos cadáveres más abandonados a descampado.

 

Pero allí no queda el asunto, tal como podrá usted verificarlo en el trabajo que le remito, se trata de una masacre más, planificada y ejecutada con pleno conocimiento y voluntad de actos criminosos, para el asesinato de no menos de 160 si no más, civiles desarmados, inocentes y no beligerantes; algunos de ellos, incluyendo menores, sacados de su país bajo engaño y promesas de pago en dinero y residencia en el país. No es necesario abundar en otros detalles puesto que el documento anexo es lo suficientemente explícito.

 

En cuanto a su gestión y a los efectos de complementar el expediente que asumo tiene usted como soporte, me permito hacerle algunos comentarios previos antes de entrar en el motivo de esta comunicación. En cuanto a la opinión del ex embajador, huelgan comentarios, pareciera que algo ya ha sido planteado en el ámbito diplomático en el vecino país y en cuanto al tratamiento a ser dado al caso de los presuntos paramilitares. No adelantemos y esperemos para entender de qué se trata.

 

Múltiples son los orígenes, consistente la evolución y el estado de la pobreza en Venezuela. Gobierno y partidos políticos, en el poder, en su búsqueda o en oposición, sin respuesta distinta al uso y abuso dialéctico de los vocablos pobre y pobreza. Entre el populismo y la ausencia de rendición de cuentas del hacer político venezolano, pasa por el ignaro desacatamiento de normas y procedimientos que regulan el desempeño del Estado, hasta el punto de poder afirmar sin temor a errar, que la idea, el concepto y la función del Estado moderno en la Venezuela contemporánea, cuesta arriba y bien difícil resulta aceptar que estén vigentes.

 

Y esa ausencia de la idea, del concepto y de la función del Estado, se materializa en la solución por ahora intermedia, no la final, que antes y ahora han encontrado, practicaron y practican quienes han disfrutado y disfrutan de los signos exteriores del poder puesto que el poder, entendido éste en el sentido estricto del término y por la misma razón, han sido y son incapaces de ejercerlo. Una característica incontrovertible de esa apreciación lo constituye una dinámica criminal que continua y en forma sostenida, a diario, hace estragos dentro de la población de marginales o desamparados y que ya tiene visos de ser una Política de Estado que abarcará, más temprano que tarde, al resto de la población de moradores del territorio. Política que cada día se extiende con mayor velocidad.

 

Marginales; la carne de cañón en esta guerra fratricida en la que queramos o no, somos por nuestra propia ignorancia, indolencia, silencio o cobardía, parte constitutiva de ese ambiente social que si bien pudiera no promoverla, sin embargo la tolera[3]. 12.000 muertos por obra de la acción delictiva, sea ésta proveniente de las “acciones policivas de gobierno”, sea por obra de los otros delincuentes llamados comunes en una población cercana a los 25 millones de habitantes, nos ubica en una de las tasas más altas del mundo: cercana a 50 muertos por cada 100 mil habitantes año[4]. Parte medular de la dinámica de esas matanzas, lo constituye el tema seleccionado y que he resumido en el texto que titulo: “Masacres y Asesinatos en Serie. Venezuela 1982 – 2004 Estudio de Caso”. .

 

Asumiendo que ello pudiere ser de utilidad para su expediente, creo pertinente hacerle conocer el contenido, no tanto para hacer de ello un escándalo público, más bien como un detalle o conjunto de detalles a los cuales posiblemente usted no haya tenido acceso puesto que su ángulo de observación, percibo, es otro. Son apreciaciones que en todo caso corresponden a los estudiosos en materia de violencia y crimen considerar y analizar, y que resulta en este momento imperioso que la institución católica las conozca algo más a fondo y no guarde silencio al respecto

 

El estilo del planteamiento quizás no se acoja al rigor metodológico en la exposición de un tema tan complejo puesto que se trata sólo de mis habituales notas sobre seguridad pública, pero como podrá entenderlo una vez que le dedique o haga dedicar un tiempo a su revisión y lectura, el soporte de la información sobre la cual se edifica no es el metodizado registro científico de eventos peculiares, sino más bien la observación pragmática y el registro de los acontecimientos diarios que los medios de comunicación nos hacen conocer conjugado con una experiencia de más de 40 años en el tema de la seguridad pública; conjunto que como bien pudiere ser tildado o considerado, no corresponde a certitud o certificación científica alguna; tampoco quien los recopiló, emite los criterios y lo redacta,  pretende poseer conocimientos doctos en acumulados de materia alguna del saber humano; se trata simplemente de una apreciación empírica difícil de colmar puesto que registros con valor y calidad científica universal, tampoco existen en Venezuela[5], al menos, no los conozco o no estuvieron ni están a mi alcance para este momento en que esa dinámica de la violencia criminal ya tiene y se radica, como promotor, gestor, planificador, preparador y toma de decisiones, en posiciones decisorias en el más elevado estrato de gobierno y creo, es tiempo ya de tomar en cuenta los “hechos comunicacionales” palpables, indiscutibles, y antes de que esa dinámica de los hechos nos arrastre hacia una escalada en matanzas “revolucionarias” de cientos de seres humanos en cada acción, tal como queda planteado en el escrito fuera la expresa pretensión de algunos criminales enquistados por décadas dentro, a un lado o al otro, del aparato de seguridad y de la maquinaria de administración de justicia de este precariamente existente Estado en Venezuela.

 

El texto será incorporado a mi página web en unos diez días. Copia del material será enviado a pesar de lo comentado y en expreso al titular de la Fiscalía General de la República y al Defensor del Pueblo. También a la UCAB por la vía del sacerdote Mikel De Viana y en razón a su trabajo sobre la pobreza; a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y a algunas ONG’s venezolanas dedicadas al cada vez más trascendente asunto de los derechos humanos. Si fuere pertinente según su opinión, a cualquiera otra entidad que usted a bien pudiera sugerir.

 

Si fuere necesaria para usted o la organización que preside, mayor información sobre el autor, el planteamiento o el contenido del texto, tiene usted la posibilidad de consultar mi página web http://home.earthlink.net/~accioncivica, donde encontrará varias notas anteriores a esta fecha sobre el tema de la seguridad pública en Venezuela, y los detalles generales y los específicos sobre mi hoja de servicios. En caso de requerir mayor información u otros particulares no referidos pero de su especial interés, puede usted demandarlo personalmente, por la vía de mi correo electrónico rriveromunoz@yahoo.com o comunicarse por los teléfonos: Oficina 58 212 793 5022; celular 0412 975 8775.

 

Sin otro particular, esperando que el material remitido pueda ser objeto de su interés y utilidad, quedo de usted; atentamente, en la ciudad de Caracas, a los 12 días del mes de julio del año 2004.

Rafael Rivero Muñoz

Comisario General

Anexo: Documento de 171 páginas numeradas, formato carta, impreso en pica 11 Times New Roman, a un espacio; titulado“MASACRES Y ASESINATOS EN SERIE. Venezuela 1982 – 2004. ESTUDIO DE CASO”.

Se estimaría la firma de recepción de la comunicación y su anexo

 


[1] El Nacional domingo 2 de mayo de 2004; encarte.

[2] XXXIV Asamblea de Consecomercio; reseñado sin firma en El Universal 13 de junio de 2004, página 1–8

[3] “… la idea de la pena de muerte como castigo tiende a ser cada vez más aceptada por las poblaciones urbanas asustadas y deseosas de un sistema de punición efectivo y, también, de algún tipo de venganza social ante el incremento de la violencia sufrida y la expansión de la cultura del miedo…”. Soarez, Sé, Rodríguez y Carneiro, 1996, citados por Roberto Briceño–León, Alberto Camardiel y Olga Ávila; “El derecho de matar en América Latina”

[4] Entre 1967 (7.7/100mil) y 1996 (14.9/100mil), en diez años, el crecimiento interanual promedio se ubicó en 9.35/100 mil hab.año; entre 1996 y 2003 (48/100mil), en ocho años, este promedio saltó a 28,5/100.000 hab.año. Cifras del primer lapso tomadas de Luis Gerardo Gabaldón “Tendencias y respuestas hacia la violencia en Latinoamérica”

[5] “… estadísticas judiciales, sesgadas por variables de índole legal, no asegura la uniformidad de los registros…”. Luis Gerardo Gabaldón; citado.

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