Crónica de una masacre anunciada

¿Idiotas o… Criminales?

Rafael Rivero Muñoz

Caracas, 11/03/03

 

Definitivamente, sólo una expresa y precisa voluntad de gobierno unida al especial equipamiento letal y a un desempeño criminal, otorgarían capacidad sobre el terreno para permitir a una unidad militar o policial ser exitosa en una operación destinada a la captura de un preciso objetivo localizado en medio de una concentración de ciudadanos y en su núcleo más compactado; multitud que si bien pudiere ser que no tendría individualizado al sujeto objeto de la operación y no lo apoyaría en un inicial estadio, está lo suficientemente movilizada y en ejercicio de la desobediencia civil –donde más de un participante está dispuesto a asumir temerarios riesgos– y definitivamente enfrentada a toda expresión represiva individual o colectiva que adelante el gobierno. Muestras de ello están a la orden del día: fracaso en la detención del oficial de la aviación Soto; fracaso en la detención del general Rosendo; fracaso en múltiples detenciones con o sin allanamientos que han tenido que ser abortados dada la reacción y presión de los vecinos del afectado y de una cada vez más decidida multitud de oponentes al gobierno.

Y un llamado grupo comando de la DISIP, asumiendo el riesgo de una masacre, lo intentó la tarde del sábado en el Distribuidor Las Mercedes y al interior de una masa de manifestantes superior a las cien mil personas. Una criminalmente temeraria operación que nada tiene de policial y que sólo se explica de dos exclusivas formas: a) una misión comando al más depurado estilo  de Hollywood, muy propia de los idiotas que continuamente hacen gala de sus pretensiones y que han ido ascendiendo y asciende a los cargos directivos y de mandos intermedios de los cuerpos policiales; b) una misión criminal, destinada a brindar nuevas y certeras muestras de las formas de terrorismo que el gobierno está dispuesto a aplicar en su empeño desesperado por mantenerse en el poder; misión cuya ejecución habría sido puesta en manos de delincuentes, puesto que, policías no son.

Supuestos

En una u otra situación, dos supuestos habrán de ser planteados. El primero que revelaría de la alta política, manejada ésta por un operador al más alto nivel de gobierno, un frío “agachado”, o “arrodillado” calculador que sabe muy bien qué está buscando, cuándo y para qué; el segundo, todo lo contrario, se materializa precisamente en la ausencia de gobierno, de una política en la acción y en este caso, adelantada y producto de lo que se conoce como: una sargentada. Son esos a los cuales en situaciones anteriores, representantes de gobierno han calificado de “incontrolables”.

a)     El gobierno busca de una vez por todas un objetivo único a ser derrotado en cualquier terreno, incluido el electoral. Señalar, mostrar y entregar en bandeja a una masa opositora sin horizonte definido, sin una dirigencia respetada y creíble, sin proyecto, y sin una pertinente organización para la toma del poder. Ofrece así, un mascaron de proa; un potencial líder de pie, cabeza, cuerpo e ideas más bien ingenuas; experto en materia de distinto tenor, en asuntos petroleros, de planificación, etc., pero que carece del suficiente fogueo y la experiencia política; de garra quizás en su campo pero no en el campo pertinente y carente de una probada organización estructurada con fines políticos para la búsqueda, toma y conservación del poder, y por tanto, en términos pragmáticos, un nuevo o paracaidista en estas lides y que en su momento, podrá ser fácilmente aplastado por el efecto tenaza. Esto es, tanto desde adentro de lo que se organice como fuerza política a su alrededor, como desde fuera ella, desde esa otra fuerza política operante en el terreno que si bien tiene nombre y experiencia en los hechos, su desprestigio  y derivada anulación como fuerza para la convocatoria y cooptación de voluntades, la impele a bloquear o sabotear todo desempeño político ajeno a sus particulares intereses partidistas. Ese nuevo líder puesto a la disposición y emergido de la propia masa en proceso de organización, según lo estima el gobierno, en tales condiciones desde ya y en su momento, hace posible derrotar su desempeño en cualquier terreno.

b)    La fuerza de choque en que se ha convertido y es hoy la mal llamada policía política, que nada tiene de policía y menos aún de política, y que sólo sería posible compararla y equipararla más bien con una de las tantas bandas de Tontons Macoutes de Douvalier y que después acompañarían a Jean Beltran Aristide en su empeño por consolidar y mantenerse en el poder en Haití. La DISIP, severamente dividida en dos, una oficial y otra paralela y dentro de esa macro-división otra entre fieles, anodinos y sospechosos, entre delincuentes, “malandros“ e ignorantes, resulta ser una estructura aplanada sin mandos superiores e intermedios; ciega y sorda puesto que no está en capacidad para captar, organizar y digerir información, mucho menos para interpretarla, para entender y hacer entender campo y vías de acción profesional; sin visión política ni técnica, ni a corto ni a mediano ni a largo plazo; sin objetivos precisos definidos, pero eso si, plena de “sargentos” –independiente del rango oficial que ostenten– que se expresan en individualidades pertrechadas –comunicaciones, patrullas, armas, granadas, conchas y contactos “políticos”–, impacientes, exasperados, ávidos todos y a la búsqueda de la más mínima oportunidad para el lucimiento, para llamar la atención del “Comandante en Jefe” y con ello ganar sus favores –hasta se puede llegar a director–. Dentro de ese grupo, algunos más hábiles, mejor conectados y pendientes especialmente de aquel quien a la sombra –pacientemente puesto que está a la espera de su momento, a un lado y por ello trata de mantenerse distante de la línea abierta de combate–, juega con más habilidad y delicadeza sus piezas, hasta el punto que –comentan sottovoce sus incondionales–, pareciera tiene ya el poder real en sus manos: Diosdado Cabello.

En un caso u otro el tema que nos ocupa, más que el aspecto político del asunto, se orienta a observarlo desde la perspectiva técnica de la seguridad pública en una sociedad y en cuanto a las posibilidades reales de ejecución de esta tarea dentro de principios y pautas que rigen y deben regir todo desempeño regulado de los órganos de ejecución material de las medidas y operaciones de policía, sea una u otra la situación de la cual se trate.

Masacres ilustrativas

La acción militar o militarizada contra una población concentrada y sin armas, es definitivamente una decisión de gobierno, aún en presencia de dos extremos supuestos: a) si es que existe gobierno y tiene el poder real; b) en caso contrario, de la ausencia de gobierno y descontrol de éste sobre los medios de fuerza del Estado. En ambos casos, es el gobernante de turno sobre quien debe y deberá recaer y ser exigible en su totalidad la responsabilidad. No existe argumento alguno de excusa: “… nadie puede alegar su propia torpeza en su defensa…”. Tres ejemplos de la historia de la humanidad en los últimos 84 años nos ilustran el asunto:

1.     El 13 de abril de 1919 en la plaza de la ciudad de Amritsar, distrito de Punjab en la India, la reunión pública la habían planeado los dirigentes en un lugar abierto rodeado de murallas y con pocas salidas; el día anterior el general R.E.H. Dyer, comandante en jefe de las tropas británicas de Amritsar había prohibido las reuniones y procesiones en la ciudad. Ese día, tropas del contingente de ocupación inglesa del territorio indio, cercan la concentración humana; Dyer se presentó allí con sus tropas para hacer cumplir la prohibición y sin ninguna señal de advertencia, ordenó disparar contra la multitud; durante diez minutos de fuego cerrado fueron masacradas cuatrocientas personas y heridas más de mil. Dyer fue destituido de su cargo pero el daño fue irreparable, ya nunca habría  reconciliación entre el imperial gobierno británico y el subyugado pueblo indio. Principio del fin del imperio inglés.

2.     El silbar de las balas y el bullicio angustioso se escuchó la tarde del 2 de octubre de 1968 en la plaza de las Tres Culturas. Fue ese tronar de descargas una de las cosas que más impresionan de Tlatelolco, Mexico. Los disparos que se hacen desde la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación –desde los edificios que rodeaban la plaza de Tlatelolco empezaron a salir disparos de ráfagas de ametralladoras sobre soldados y estudiantes–, que alcanzan al general Hernández Toledo, marcan el inicio de la reacción militar; fuerza que había sido desplegada para evacuar de estudiantes la plaza. Resultaría luego para los investigadores, imposible que en este lugar se hubieran apostado francotiradores sin la autorización de funcionarios del más alto nivel. Soporte suficiente permitió afirmar que en 1968, desde las altas esferas del gobierno, se auspició la operación de grupos clandestinos que ejercieron la violencia y perpetraron actos de provocación contra el movimiento estudiantil, mientras paralelamente, fuerzas militares, ignorantes o no de ese detalle, fueron desplegadas para aplicar los medios de fuerza extrema sobre el área de la plaza plena de una multitud.

3.     4 de junio de 1989, Masacre de Tiananmen. El hecho clave que finalmente condujo a la masacre fue la publicación en el Diario del Pueblo –del Partido Comunista– de un editorial el día 26 de abril de 1989 en el que se calificaba a las manifestaciones estudiantiles de un complot bien planificado. “… Esos muchachos no saben apreciar lo bueno que tienen…”, expresaría un alto funcionario en una reunión producida en junio; justo antes de que el Ejército de Liberación Popular llegara con tanques a la plaza de Tiananmen (Paz Celestial) para poner fin con balas al movimiento de protesta, un criterio político se impuso e imperó: “Si los estudiantes no abandonan Tiananmen por sus propios medios, el ejército debe ir y sacarlos”, esa fue la sentencia del gobierno y soporte de la derivada decisión política. Comienzo del fin de la Revolución Cultural en China; ascenso al poder de Den Xiaoping.

No en Venezuela

Como hemos visto, tres ejemplarizantes masacres, originadas en precisas decisiones y expresa voluntad política de gobierno, tuvieron concretos efectos políticos. Sin embargo, pareciera que en Venezuela imperan otros criterios o al menos las reacciones de la sociedad se separan diametralmente del patrón definido por los ejemplos citados.

Son incontables las matanzas de ciudadanos que en el pasado y en el presente y en nombre de cualquiera sea el argumento, registra nuestra historia reciente; hasta ahora, ninguna de ellas –y a pesar de haber sido condenado en Corte Internacional el Estado a pagar por los daños ocasionados a familiares de las víctimas en un caso–, ha derivado en una investigación y en una condena para los autores, antes por el contrario, observamos que exactamente los mismos actores del pasado –con nombre y apellido completo– lo son en el presente; es decir, la sociedad ha guardado y guarda silencio cómplice y tales masacres no han producido efecto político alguno distinto al olvido. Baste referir sólo algunas masacres y recordar que en ninguna de ellas, responsable alguno –salvo en estos momentos “el caballero” Joao de Goveia, que aún está por verse si lo juzgan y condenan; tres consecutivas veces bajo argumentos baladíes ha sido suspendida la audiencia– está bajo custodia de autoridades, menos aún han sido condenados. Para sólo citas los últimos 21 años de masacres: Cantaura 041082; Pozos de la Muerte 1984–85; Abdobadú, Perijá 110687; Los Totumitos 080788; El Vallado 061088; El Amparo 281088; El Caracazo 270289; Cutufí 261089; Golpe 040292; Golpe 270292; secuestro y fusilamiento de supuestos delincuentes, asesinatos continuados desde 1999 al 2003; Masacre de Miraflores 110402; Masacre de Altamira 011202; Masacre de Parque Caiza 140203.

En cualquier momento

Lo observado en la operación ejecutada por funcionarios de la DISIP el sábado ocho en el Distribuidor de Las Mercedes, en la ocasión de una concentración de ciudadanos que superaba las cien mil personas, no deja de ser un indicativo de los términos de calidad y de cualidad de servicio de los supuestos profesionales de policía que dirigen los servicios de policía que exhibe ese organismo. Una patrulla que quedó cercada por la población exaltada, fue abandonada por su tripulación y sólo el conductor, con la ayuda del gobernador Mendoza, se arriesgó y sacó el ya deteriorado vehículo de manos de la turba. Esto nos lleva a concluir que en cualquier momento o lugar, frente y en contra de una manifestación desarmada de ciudadanos y al igual que en Amritsar, Tlatelolco o Tiananmen, por decisión política del Ejecutivo venezolano, las fuerzas militares, militarizadas, para–militares, policiales o para–policiales, al igual que el 11A, serán desplegadas y empleadas a fondo con todo su poder de fuego, tan sólo para satisfacer la voluntad de un gobierno y de un gobernante a quien sólo le queda la fuerza bruta, la violencia extrema, el terrorismo de Estado, para mantenerse en el poder.

En cuanto al desempeño actual y futuro del cuerpo de seguridad pública objeto de nuestra observación, sus directivos e integrantes podrán ser definidos y señalados, hoy y mañana, con cualquiera sea el vocablo castellano, pero jamás podrán ser llamados y aceptados por la sociedad como policías, puesto que, no pasan ni pasarán de ser, por sus actos y efectos sobre la sociedad, o idiotas o criminales; y esta nota no es más que: La Crónica de una Masacre Anunciada.

“Pozos de la Muerte”

¿Qué diablos podemos esperar?

 

Rafael Rivero Muñoz

Caracas 16/05/04

 

Sale a la luz hoy, en las informaciones de la prensa[1], la solicitud de inhibición incoada por el general Efraín Vásquez Velasco contra el ya tristemente famoso Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, abogado Iván Rincón Urdaneta.

Alegato expuesto: ante el vacío de poder derivado de la renuncia del tcnel retirado Hugo Rafael Chávez Frías la noche del 11A y habiendo tratado de ubicar al vicepresidente y al presidente de la Asamblea Nacional –quienes se encontraban desaparecidos de la escena, el uno ”enconchado” y el otro buscando asilo– para que asumieran el poder de acuerdo a los establecido por la Constitución, se comunicó con el Presidente del TSJ, último nivel en la línea de sucesión ante la falta absoluta del titular de la Presidencia. Impuesto de los pormenores, Iván Rincón Urdaneta, habría aceptado.

¿Por qué sorprenderse?

¿No fue Iván Rincón Urdaneta, aquel abogado graduado en la Universidad del Zulia quien en 1985 fuera propuesto por lo más granado de la Industria de la Ilegalidad zuliana y llamado por Jaime Lusinchi para integrarlo al Poder Judicial con la expresa misión de cerrar el caso de “Los Pozos de la Muerte”[2]?

¿No fue el mismo quien, para cumplir con la orden presidencial, citó a los testigos claves del caso, les preguntó y contra–preguntó para hacerlos caer en contradicciones y visto fracasado su empeño, eliminó del expediente las comprometedoras declaraciones –para ministros, gobernadores y jefes policiales en funciones– y luego, en una acción, imposible de catalogar en un rango distinto al de confabulación criminal y de la cual formaron parte tanto los funcionarios responsables de la Fiscalía General, el gobernador en persona y la jefatura de la policía de investigación criminal regional y local, procedieron a:

  1. Vaciar cemento en el aljibe o pozo de donde se habían sacado ya cuatro cadáveres y medio.
  2. Derrumbar con un tractor la pared donde ciudadanos eran fusilados por funcionarios de policía.
  3. Limpiar, mediante arrastre profundo con la pala de un pesado tractor de todo posibilidad de evidencia sobre el terreno circundante al pozo y la pared0.

¿No fue ese un acto político? En nada jurisdiccional, puesto que el argumento que lo soportaba era la “Razón de Estado”[3].

¿Colusión Criminal?

Con esa acción política ejecutada por instrucciones precisas del presidente Jaime Lusinchi, canalizadas por órgano del Ministro de Justicia José Manzo González, supervisadas in situ por el gobernador Omar Barbosa Gutierrez –quien declaró a los medios que esos eran “huesos de vaca”–, ejecutada sobre el terreno intelectual por el “juez” Iván Rincón Urdaneta, el Fiscal del Ministerio Público y en lo material por los jefes policiales nacionales y locales –entre otros, Pedro Arturo Torres Agudo, Porfirio Valera, Yánez Pasarella, Eleazar Cuotto Rendón, Pedro José Padrino Gómez, Antonio Briceño, Pablo Guzmán, hoy vice ministro de Interior y Justicia–, personal de la policía de investigación criminal y con apoyo del comando de la policía uniformada y con ello y el concursos de todos esos funcionarios no sólo se puso punto final a las investigaciones criminales sobre los Pozos de la Muerte –donde ni tan siquiera sacaron del pozo la mitad del quinto cadáver que aún quedaba en el fondo–, sino que se generó trascendentes efectos sobre otros casos criminales –vinculados o no– que siguieron por el mismo camino:

El cómplice silencio de la jurisdicción[4].

Complicidad, coautoría, colaboración inmediata, negligencia, incompetencia ¿serían o no términos a aplicar?

Que lo respondan los expertos. Allí están los hechos y allí sus gestores y ejecutores, falta la investigación, juicio, y condena, o quizás, la absolución.

¿Técnicamente, no forma parte una coordinada ejecución de ese tipo con lo que se expresa y comúnmente se denomina “Crimen Organizado”, y que denominamos: La Industria de la Ilegalidad.

¿O tiene otro nombre?

¿A quién benefició en aquel momento el crimen?

¿A quién el crimen ha beneficiado y beneficiará ahora?

¿De carrera? 

¿No fue Iván Rincón Urdaneta aquel abogado que fue designado a dedo para el cargo y luego para la presidencia del TSJ sin estar en posesión de ninguno de los méritos académicos, profesionales y ciudadanos exigidos en forma taxativa por la Constitución de 1999 para optar y asumir el cargo, y soportado en un argumento falaz?

“… Pero a mi no me hace falta porque la Constitución establece que quien necesita el doctorado para venir aquí es el que aspira desde el ejercicio de la profesión; pero yo soy de carrera judicial…”[5]?

¿Y qué carrera?

Una que comenzó como él mismo lo reconoce a Sebastian De la Nuez, en 1985 con la específica misión de cubrirle la espalda a bandas organizadas, entre ellos, los asesinos de los Pozos de la Muerte.

Algunos méritos, en la Venezuela dicha revolucionaria, son importantes

 ¿A la carrera?

Como siempre se ha afirmado, hay funcionarios jerárquicos de carrera, pero también hay otros muy comunes y abundantes, cuyas jerarquías no pueden ser denominadas de otra forma que “a la carrera”.

Esos que se levantan en un golpe de suerte, apalancados, y escalan posiciones en su “carrera” mediante la adulancia, el rastracuerismo, o jalabolismo. Eso lo hacen, arrodillados, lamiendo pisos y complaciendo con creces los deseos del jefe de turno –independiente de que sea del ayer o del hoy, civil o militar–; dentro del más depurado estilo de la siempre peligrosa, sargentada.

¿No fue Iván Rincón Urdaneta, ya como Magistrado del TSJ, el ponente de las más famosas sentencias –tele-dirigidas desde Miraflores– que se hayan conocido en los anales del Foro en Venezuela: la supra-constitucionalidad, la transitoriedad; la “ñapa” en el lapso del período presidencial; la sentencia 1.013 y el caso Montesinos?.

¿Puede un “Magistrado” de tan excelso “currículum” –muestra de tales características morales y éticas–, tener una reacción distinta?

¿Y qué de particular tiene entonces? que, ante tan apetitoso manjar que le estaba poniendo en su mesa el general Efraín Vásquez Velásco –asumir la presidencia de la República–, su respuesta fuera afirmativa.

Hasta adelantó su renuncia al TSJ, ya, exitado, en éxtasis, se veía en el acto protocolar, con la banda cruzada al pecho, en pomposa ceremonia y luego presidiendo el desfile militar en honor a su “sacrificio”.

¿No es ese el summun del éxito, ese inesperado “mérito” para su “brillante carrera”?

¿Puede pedírsele a un ser humano administrador de una parodia de justicia, de tan particular currículum –no se si prontuario, como el que les es propio a connotados miembros de la “revolución”–, despreciar tal oportunidad?.

La suerte llamó a su puerta.

Éxito garantizado 

Cuando la Industria de la Ilegalidad una vez más en la historia venezolana, tenga otro dúctil y eficiente miembro del “Tercer Nivel” de nuevo en posiciones de poder, esta vez en el centro del poder, Miraflores, en materia de Seguridad Ciudadana, Política Criminal, Política Militar y Policial y en la Administración de Justicia, la sociedad venezolana en su conjunto y cada uno de los ciudadanos que la integran, tendrán “más de lo mismo, pero peor”:

Entonces: ¿Qué diablos podemos esperar?

¿Algo distinto a lo sucedido a todo lo largo de estos últimos 37 años?

Y nótese que la fecha es especialmente precisa a los efectos de otros notables y/o notorios hombres del mundo político, policial y judicial que hoy, en medio de una severa crisis institucional, de nuevo pretenden copar la escena política.

Notas

[1] Alejandra M Hernández F.; El Universal jueves 06/05/02, página 1-6.

[2] “… Comenzó hace 16 años en el poder judicial…, de la mano de AD… Se inauguró como juez con los pozos de la muerte, en 1985…”. Sebastian De la Nuez; Tal Cual viernes 29/06/2001, pág.7.

[3] La sin razón en derecho

[4] Véase a este tenor y sólo para referirnos al estado Zulia: secuestro y muerte del menor Rafael Antonio “Macho” González; desaparición y muerte de Mario José Urdaneta Perché “El Mocho”; asesinato de Marta Lucía Charry, torturas y desaparición forzada de ciudadanos; además de importantes casos criminales tanto de robos, hurtos y contrabando de leche en la expresión ligth como de asesinatos por encargo, tráfico y comercialización de drogas, en su expresión heavy.

[5] Sebastian De la Nuez, citado

 

Verbos que definen una acción

Cayapear[i] chapucear[ii]

        Rafael Rivero Muñoz

Jueves 11 de julio de 2002

  • “… De todas las formas de engañar a los demás, la pose de seriedad es la que hace más estragos…” Santiago Rusiñol I Prat (1861/1931)

 

Índice:

Introdución

1.     Del seguimiento en los medios

2.     De lo impresionante del hecho

3.     De las precisiones

4.     De la vigencia del Estatuto de Roma

5.     De inaplicabilidad del Estatuto de Roma

6.     Del término “lesa humanidad”

7.     Del Código Penal

8.     De los precedentes y subsecuentes Actos políticos

9.     De la ausencia de sanción social

10.   Del preciso objetivo del gobiernz

11.   De la politización de lo jurídico y los riesgos inherentes

11.1.      La vía del antejuicio de mérito

11.2.      La vía de la “acción de imputación formal”

12.   De la inadmisibilidad de la acción

13. Del sobresimiento de la causa

14. A título de Conclusión

Introducción

Para el ciudadano común, no experto en leyes, resulta extremadamente difícil entender el peligroso, apresurado, aventurado –cuando no inepto– desempeño de un grupo de profesionales del derecho que el martes 25 de junio del 2002 acudiera en nombre y compañía de seis deudos y una de las víctimas del 11A, por ante el TSJ para:

“… incoar una acción de imputación formal por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por autoridades estatales y los crímenes de Lesa Humanidad  ocurridos principalmente el día 11 de abril de 2002… perpetrados por el Presidente de la República, ciudadano Hugo Rafael Chávez Frías, el actual Vicepresidente Ejecutivo de la República, ciudadano José Vicente Rangel Vale, que, para el momento de los hechos, ocupaba el cargo de Ministro de la Defensa y el actual Fiscal General de la República, ciudadano Julian Isaías Rodríguez…” (sic)[i]

Luego, a la salida del máximo tribunal, en declaraciones en grupo a los medios de comunicación, precisarían:

“… Esto no es una querella, no es una solicitud de un antejuicio de mérito, es una imputación formal contra estos altos funcionarios públicos por las graves violaciones de los derechos humanos contemplados en el Estatuto de Roma en los que pueden estar incursos, bien sea por acción o por omisión…”[ii]

1. Del seguimiento en los medios de comunicación

Esperamos días para empaparnos de algunas otras informaciones pertinentes que pudieren darnos luces acerca de los criterios sobre los cuales se soportaba el tal desempeño de los abogados.

Todo queda confirmado tanto en el texto de la “imputación formal” como en las ulteriores informaciones de prensa, lo que nos ratifica nuestra primera impresión: Precipitación e inobservancia de las formas jurídicas –en la más ingenua de las consideraciones– con un único fin: la búsqueda de publicidad.

Concretan los abogados actuantes:

“… un proceso novedoso… un juicio por crímenes de lesa humanidad, amparado por la Constitución Nacional y el Estatuto de Roma…[iii]

… A pesar de que reconocidos penalistas y juristas venezolanos han advertido que resulta imposible sostener esta acusación, los representantes de las víctimas del 11A, Alfredo Romero Mendoza, Juan Carlos Sosa Azpúrua, Gonzalo Himiob Santomé y Eduardo Meier García, opinan lo contrario…[iv]

… Nosotros no presentamos una querella, nosotros solicitamos la apertura de una investigación y un enjuiciamiento que excluye el antejuicio de mérito…[v]

… las disposiciones del Estatuto de Roma sobre las cuales nosotros fundamentamos nuestra acción penal también entraron en vigencia ese día. Eso no es así. El Estatuto de Roma fue ratificado como ley de la República el 13 de diciembre de 2000. Es más, las disposiciones del Estatuto de Roma están incorporadas en nuestra legislación desde octubre de 2000, cuando se produjo una reforma del Código Penal y se consagraron en él algunas figuras de lesa humanidad, como la tortura y la desaparición forzada de personas…[vi]

… aún cuando inicialmente las violaciones de los derechos humanos no sean imputables al Estado –por ser obra de un particular–, éstas pueden acarrear responsabilidad estatal, no por el hecho ilícito en sí, sino por la falta de la debida diligencia para prevenir la violación o para tratarla debidamente… Los magistrados nos enviaron un alentador mensaje cuando dieron prioridad a la acción de imputación formal que interpusimos..”[vii].

Y remata uno de los integrantes del grupo de abogados actuantes, con esta última información recopilada:

“… Principio de Legalidad… y crímenes de lesa humanidad… La falta de penalidades concretas en los instrumentos del derecho internacional no viola el principio de legalidad, ya que las sanciones específicas por las conductas incriminadas estaban ausentes en los instrumentos del derecho penal internacional hasta la adopción del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional en julio de 1998…

… En nuestro caso, según los artículos 22, 23, 29 y 30 de la Constitución de 1999, los principios, reglas y normas (convencionales y consuetudinarias) del derecho penal internacional –que busca la tutela efectiva de las víctimas– están vigentes, incluso las penas aplicables…”[viii]

En 101 palabras extraídas de la nota periodística redactada y firmada por un especialista en derechos fundamentales, queda claramente determinado un hecho incontrovertible: el ahora definido delito de lesa humanidad, no estaba contemplado en ninguno de los textos de derecho internacional hasta “… la adopción del Estatuto de Roma…”.

Entonces, leímos, escuchamos, consultamos y no entendimos, ni percibimos, ni interpretamos mal.

No hubo ni ha habido error en lo trascrito de las múltiples declaraciones y opiniones publicadas –emitidas y escritas por varios de los representantes del grupo de abogados– por él y los periodistas y los medios de comunicación.

2. De lo impresionante del hecho

Resulta sorprendente –y sospechoso también– que se juegue tan dramáticamente con la confianza de deudos y víctimas, al estilo de una dialéctica marxistoide[ix] seudo–jurídica, por parte de un nutrido grupo de profesionales del derecho, y que todo el edificio argumental para la “acción de imputación formal”, tenga tan precarios cimientos.

Por una parte, un texto legal –Estatuto de Roma– que no estaba vigente para la fecha de ocurrencia de los hechos y por la otra, la tipificación de una conducta que no está expresamente contemplada, definida, ni penalizada en el cuerpo de leyes internacionales ni el cuerpo de leyes de la República –Código Penal– y para colmo, la pretensión de innovar en la materia procesal, saltándose –en base a una larga disertación soportada en el artículo 27 del no aplicable Estatuto de Roma– el procedimiento establecido para la solicitud de la apertura de una causa penal contra altos funcionarios públicos: el antejuicio de mérito.

Hasta este momento del análisis, saltan a la vista tres errores técnico–jurídicos, en un escrito de 58 páginas y casi 31.000 palabras (TNR14, 1,5)

3. De las precisiones

Si bien es cierto que la Ley Aprobatoria del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, al ser publicado en la Gaceta Oficial[x] pasó a ser ley de la República, también sería cierto que en la Ley de Reforma del Código Penal[xi] se incorporaron específicas figuras delictivas como la desaparición forzada de personas[xii] y la tortura[xiii]

Sin embargo, pareciera que tanto en la lectura como en la interpretación y aplicación de los textos por parte de los abogados actuantes, existen severas inconsistencias jurídicas. En el análisis y apreciación del texto del Estatuto de Roma, se les pasó por alto el artículo 126 cuyo contenido precisa lo que se conoce como una vacatio legis[xiv]

“… Parte XIII Cláusulas Finales… Artículo 126… Entrada en Vigor…

… 1. El presente Estatuto entrará en vigor el primer día del mes siguiente al sexagésimo día a partir de la fecha en que se deposite en poder del Secretario General de las Naciones Unidas el sexagésimo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión…

… 2. Respecto a cada Estado que ratifique, acepte o apruebe el Estatuto o se adhiera a él después de que sea depositado el sexagésimo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, el Estatuto entrará en vigor el primer día del mes siguiente al sexagésimo día a partir de la fecha en que haya depositado su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión…”[xv]

4. De la vigencia del Estatuto de Roma

Según las informaciones que hemos obtenido, casualmente el sexagésimo país adherente –que permite dar inicio a la cuenta de los sesenta días– hizo entrega de su documento de “ratificación, aceptación, aprobación o adhesión” por ante la Secretaría General de las Naciones Unidas, el día 11 de abril de 2002; el mismo día de los hechos criminales objeto de la “acción de imputación formal” por parte del grupo de abogados.

En términos precisos, Venezuela se encuentra dentro del supuesto uno del artículo 126 del Estatuto de Roma; quiere decir, que la cuenta de los sesenta días comienza ese mismo día de los hechos acontecidos en la ciudad de Caracas en los alrededores del palacio de gobierno: Miraflores.

Entonces, fue el día 10 de junio cuando se cumplieron los sesenta días y como el texto determina que será el primer día del mes siguiente de cumplidos los sesenta días, la entrada en vigencia del Protocolo de Roma, indiscutiblemente, viene a ser el día primero de julio del año 2002; a los 80 días posteriores a la ocurrencia de la Masacre de Miraflores.

5. De la inaplicabilidad del Estatuto de Roma

Así lo comenta la doctora Angelina Jaffé. En cuanto a una Comisión de la Verdad: “…’Chávez nunca podrá zafarse de los muertos de abril’… En Venezuela es imposible que opere una Comisión de la Verdad por las circunstancias que existen. Estas comisiones han funcionado cuando ha habido un cambio de régimen, cuando se pasa de una dictadura a una democracia, por ejemplo; luego de una guerra civil, como ocurrió en Centroamérica. En Venezuela no ha cambiado el régimen ni las personas que lo integran, de manera que es una gran ingenuidad pensar que en estas condiciones puede funcionar una Comisión de la Verdad, mucho menos en un momento en que la verdad no acarrea rédito político para nadie…”. En cuanto al Estatuto de Roma: “… Los crímenes de abril no lo van a acusar sólo en Venezuela sino en buena parte del mundo… el Estatuto de Roma entró en vigor el lunes primero de julio de 2002, con las ratificaciones necesarias y con los procedimientos de Naciones Unidas. Su competencia temporal queda establecida textualmente en el documento de creación de la institución, que reza: “La Corte tendrá competencia únicamente respecto de crímenes cometidos después de la entrada en vigor del presente estatuto”. Desde luego que los principios del Estatuto de Roma son válidos, pero el mecanismo del tribunal nacido de ese estatuto es inexistente en este momento y lo seguirá siendo por lo menos durante un año más…”[xvi]

“… Ratione temporis (Entrada en Vigor)… No se aplica a crímenes cometidos con anterioridad a la entrada en vigor del Estatuto…”[xvii]

No existe duda alguna. Para el día 11A, a pesar de haber sido publicado en la Gaceta Oficial de la República, el Estatuto de Roma no estaba en vigencia –o vigor como lo determina el mismo texto–, y resulta inaplicable, si nos atenemos y consideramos además, otro artículo de esa misma ley no vigente para el momento de ocurrencia de los hechos[xviii]

“… Parte III De los Principios Generales del  Derecho Penal… Artículo 22… Nullum crime sine lege[xix]… Nadie será penalmente responsable de conformidad con el presente Estatuto a menos que la conducta de la que se trate constituya, en el momento en que tiene lugar, un crimen de la competencia de la Corte…”

6. Del término “lesa humanidad”

“… En lo que se refiere a los crímenes contra la humanidad es posible decir que se trata de un concepto en actual desarrollo, su fuente es principalmente el derecho consuetudinario a partir de las disposiciones de los estatutos de los referidos tribunales militares internacionales de Nuremberg y Tokio y su posterior actualización por los estatutos de los tribunales internacionales ad hoc para la antigua Yugoslavia y Ruanda. Han sido puestas en vigor también numerosas normas de derecho internacional destinadas a la protección de los derechos humanos, entre las cuales cabe señalar: α) el Protocolo para modificar la Convención sobre la Esclavitud de Nueva York de 23 de diciembre de 1953; Convención suplementaria sobre la abolición de la esclavitud, la trata de esclavos y las instituciones y prácticas análogas a la esclavitud firmada en Ginebra el 7 de septiembre de 1956; β) La Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, firmada en Nueva York el 7 de marzo de 1966; ψ) La Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad, firmada en Nueva York el 26 de noviembre de 1968; δ) La Convención Internacional sobre la represión y el castigo del crimen de apartheid, firmada en Nueva York el 30 de noviembre de 1973 y ε) la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas degradantes, suscrita en Nueva York el 10 de febrero de 1985… A la represión de las conductas de este modo incriminadas concurre, por una parte, la jurisdicción de cada uno de los estados, por vía de aplicación indirecta del derecho internacional, en virtud de la tendencia generalizada a la ampliación de los principios jurídicos relativos a la aplicación extraterritorial directa de las normas penales internacionales por las jurisdicciones nacionales. En este sentido es que se habla hoy de la existencia de una jurisdicción universal para la persecución de ciertos delitos, la cual opera como excepción al principio de la territorialidad estricta de la ley penal. El principio de la universalidad de la jurisdicción amplía la potestad de los estados nacionales al permitir que cualquiera de ellos ejerza su jurisdicción respecto de los crímenes y delitos internacionales, sea cual fuere la nacionalidad del delincuente y el lugar de la comisión del delito…”[xx]

“… Crímenes de lesa humanidad (artículo 7) se entiende por tales a los siguientes actos cuando se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque, mediante:… –Asesinato;… –Exterminio;… –Deportación o traslado forzoso de población;… Encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional;… –Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos sexuales de gravedad comparable;… –Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género definido en el párrafo 3, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, en conexión con cualquier acto mencionado en el presente párrafo o con cualquier crimen de la competencia de la Corte;… –Desaparición forzada de personas… –El crimen de apartheid;… –Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física…”[xxi]

Es decir, como se puede entender fácilmente, los que están tipificados como delitos autónomos o conductas punibles son cada una de las distintas modalidades de conductas que el texto específica, mas el término lesa humanidad, como delito autónomo, no está tipificado. Es decir no existe el delito de lesa humanidad. Por tanto, cualquier imputación a cualquier persona, fuera o dentro de Venezuela –como veremos a continuación– es inadmisible y en los extremos corre el riesgo de ser declarada sobreseída la causa por no revestir carácter penal los hechos imputados.

7. Del Código Penal venezolano

En todo su texto no se menciona el término “lesa humanidad”[xxii]

En cuanto a la Ley de Reforma del Código Penal, como lo afirman los mismos abogados actuantes, en esa reforma sólo se tipifican como delitos la tortura y la desaparición forzada de personas; no dice absolutamente nada sobre matanza, masacre, genocidio o crímenes de lesa humanidad.

Es decir, los  crímenes del género lesa humanidad, la tortura y la desaparición forzada de personas citados en el texto, son conductas punibles independientes e individualizadas no referidas a ninguna otra definición que los englobe, distinta a la propia a cada uno de ellos, y la “acción de imputación formal” no se refiere en lo absoluto a tortura y/o desaparición forzada de personas.

En síntesis, para el momento de ocurrencia material de los hechos sobre los cuales se intenta la “acción de imputación formal, 11 de abril de 2002, “lesa humanidad” no estaba específicamente contemplado, definido y penalizado; al menos en los textos legales citados por los actuantes, no era una conductas punibles en el ordenamiento jurídico venezolano; por tanto, según el principio jurídico citado, mal puede solicitarse una investigación, juzgamiento y condena sobre conductas no específicamente descritas y concretamente tipificadas como punibles.

8. De los precedentes y subsecuentes actos políticos

Ya hemos comentado en múltiples notas anteriores detalles sobre los resultados de las reuniones en palacio y fuera de palacio entre algunos magistrados del TSJ y el presidente y algunos de sus representantes[xxiii] y el ilustrativo ejemplo del cómo una chapucera, irresponsable y poco profesional acción jurídica del Fiscal General de la República en la solicitud del antejuicio de mérito en el caso Luis Miquilena–Micabú, se transformó por obra y gracia de la expresa voluntad y acción de gobierno e inhabilidad del Fiscal, en un asunto político cuyo manejo dentro y fuera del Tribunal Supremo de Justicia, se transformó al final en un juicio y una sentencia del TSJ: cosa juzgada.

Un inapelable certificado de buena conducta para el potencial imputado y como consecuencia, éste no podrá jamás ser investigado, sometido a juicio y menos aún condenado por los hechos ya sentenciados por el máximo tribunal de la República. La impunidad en su más depurada expresión.

9. De la ausencia de sanción social

“… Por encima de todo, la impunidad condiciona a la sociedad frente al futuro, haciendo  que sea moldeada fundamentalmente de acuerdo con los principios, con la ideología, con el modelo de ordenamiento social querido por los victimarios… la sociedad necesita una deslegitimación muy profunda de los crímenes del pasado y de los mecanismos que lo facilitaron; necesita estigmatizarlos y exorcizarlos, y esto no se logra de ninguna manera sin una sanción social muy firme, muy profunda y muy prolongada…”[xxiv] (negrillas en el texto).

Y cómo puede hablarse de sanción social en Venezuela, si quien en pasado fuera señalado como genocida[xxv] en las matanzas de civiles en La Colorada, El Vallado y El Amparo –para señalar sólo algunas de ellas–, luego, en este período, es nombrado y ejerció hasta no hace mucho como Ministro de Interior y Justicia.

Cómo hablar de sanción social si quien en el pasado, siendo juez de la causa cerró, sin investigación, imputación ni condena de nadie, el caso de Los Pozos de la Muerte y hoy resulta ser el “rutilante” Presidente del Tribunal Supremo de Justicia[xxvi]

Cómo hablar de sanción social si quien en el pasado planificó, ejecutó y cobró rescate en el secuestro de un niño judío, hecho por el cual no fue juzgado menos aún sentenciado, hoy es un flamante Diputado electo al Parlamento Latinoamericano[xxvii]

Quizás la respuesta pudiere ser exigida y brindada por esos numerosos representantes de los partidos políticos que durante casi medio siglo han copado la escena política venezolana y que hoy hábilmente y ocultando el criminal pasado, pretenden de nuevo colocarse a la cabeza y dirigir la rebeldía civil, para regresar y ocupar posiciones de decisión en los poderes del Estado, en un “quítate tu para ponerme yo”.

En fin. Cómo hablar de sanción social, si tal como lo han venido reseñando los medios de comunicación en estos últimos 40 meses, las ejecuciones extrajudiciales en varios estados de la República alcanza ya cifras impresionantes que superan los 50 fusilados, sin que la voluntad política del Estado se haya manifestado en la investigación, persecución y condena de los autores de esos crímenes[xxviii], ni tan siquiera se haya exigido del gobernador, secretario de gobierno y jefes policiales, respuestas ante las derivadas responsabilidades por acción y omisión.

“… la conjugación ambivalente entre hombres que tienen la voluntad de conocer y juzgar, y otros que sienten la necesidad de ocultar y olvidar conductas criminales realizadas por otros hombres, el trauma propio de las víctimas trasciende a toda la sociedad, creándose un sistema contradictorio de difícil resolución…”[xxix]

En este ambiente político, jurídico y social de ausencia brutal de la sanción social contra la impunidad[xxx], nos encontramos frente a la “Masacre de Miraflores”, ambiente que se ve reforzado por los actos políticos públicos y notorios de personeros del Estado y su gobierno, y es allí donde en forma irrefutable, se contextualiza y adquiere importancia capital la acción de los abogados, motivo de este trabajo: ignorare plus est quam errare[xxxi]

10. Del preciso objetivo del gobierno:

Ocultar la verdad de los hechos del 11A y los días subsiguientes.

Siguiendo a Gutierrez T, citado por Kai Ambos, mediante alguno de los mecanismos comúnmente habilitados al efecto: a) Impunidad de hecho, dentro del género fáctico, causada por la ausencia de denuncia de los hechos punibles; b) impunidad investigativa, por la insuficiente actividad investigativa; c) impunidad por congestión, derivada de la sobrecarga de la justicia penal; d) impunidad legal, generada en reglas procesales o en legislación especial; e) impunidad delictuosa, ocasionada por el desarrollo de actividades delictivas en contra de las partes procesales.

“… La impunidad representa de hecho una preclusión anticipada, como quiera que en ese caso nunca se llega a un proceso de investigación… el Estado de manera directa o indirecta ocasiona la impunidad, al vincularse normativamente con las causas fácticas”[xxxii]

Ese es indiscutiblemente el objetivo de un Estado donde definitivamente el poder está concentrado en un solo hombre, y de un gobierno ya ilegitimado por el efecto de sus continuas y sostenidas acciones y omisiones.

Muchas han sido las expresiones públicas y no tan públicas de personeros de los distintos y supuestos poderes del Estado –Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Moral– que trabajan denodadamente en la línea impuesta desde Miraflores, después de aquella sentencia pública del Presidente tcnel. ® Hugo Rafael Chávez Frías y donde expresara de viva voz los temores y riesgos a los cuales se enfrenta en lo personal y como consecuencia de la Masacre de Miraflores, y donde palabras más palabras menos dijera: atacan y quieren sacar al Fiscal General de la República –refiriéndose a Julián Isaías Rodríguez– porque el objetivo es sacarme de la presidencia y someterme a un juicio penal.

En esa sentencia está la precisa línea política de acción impuesta por el omnipotente y omnipresente tcnel. ® Hugo Rafael Chávez Frías a todos y cada uno de los funcionarios de todos los poderes del Estado, a todos los miembros de los partidos en el gobierno, a todos los operadores de los Círculos Bolivarianos –o del Terror–, a todos los manipuladores de las fanatizadas huestes chavistas y, especialmente, a todos y cada uno de los miembros –partidarios o no– integrantes de las jefaturas superiores, intermedias y de línea de los cuerpos policiales y fuerzas militares de la República.

Para recordar sólo algunas de las últimas expresiones materiales de esa precisa línea política de acción destinada a ocultar la verdad de los hechos del 11A, citemos:

“… En reunión realizada el pasado lunes entre Rangel[xxxiii] y Quijada[xxxiv] en la llamada ‘cueva de la Alta Florida’, habría participado también el magistrado Franklin Arriechi, primer vicepresidente del Tribunal Supremo de Justicia y ex directivo de las empresas Multinacional de Seguros y Micabú, y el pasado viernes en horas de la mañana estuvo en el despacho de Rangel en Carmelitas el general Luis Hermógenes Castillo Castro, cuñado de Miquilena, y ex administrador de la partida secreta del MIJ, quien haría de enlace entre ambos negociadores… En fuentes del alto gobierno se tiene la certeza que parte de los fondos donados para la campaña electoral de Chávez hayan sido depositados en cuentas personales de Carrero[xxxv] y de algunos familiares del ex ministro Miquilena, información que es manejada como elemento de negociación para evitar que los magistrados afectos al ex hombre fuerte del MVR procedan a condenar al Jefe del Estado en alguno de los antejuicios propuestos ante el Tribunal Supremo…”[xxxvi]

“… ¿Cómo ve la posibilidad de que el Presidente sea enjuiciado y salga de su cargo por un fallo del Tribunal Supremo de Justicia?… Yo creo que esas son maniobras que ellos están utilizando. Ya perdieron la vía del golpe de Estado, ya ven que el referendo se les hace cuesta arriba y ahora están buscando enjuiciarlo por cuestiones a las que no les veo sentido, que no tienen ningún asidero legal… Por supuesto que un Presidente puede ser enjuiciable… Cuando se le comprueban hechos dolosos, irregularidades, pero al Presidente no le pueden comprobar nada de eso, ni hechos dolosos, ni irregularidades. Dígame, hay unos que dicen que lo enjuicien por los muertos del 11. ¡Si los muertos los prepararon ellos!… Yo creo que para saber si está fuera de la ley o no, nosotros no necesitamos ser abogados, tener maestrías o postgrados. Simplemente, con leer la Constitución sabes cuáles son los requisitos que se requieren para un enjuiciamiento. Con una simple interpretación, uno sabrá si están ajustados a derecho o no…”[xxxvii]

11. De la politización de lo jurídico y los riesgos inherentes

11.1 La vía del Antejuicio de Mérito

Ya comentamos el riesgo de la acción de antejuicio de mérito por ante el Tribunal Supremo de Justicia y ejemplarizamos para ello con la sentencia y cosa juzgada en el caso Luis Miquilena–Micabú

11.2. La vía de la “acción de imputación formal”

Suficientemente sustentado en el análisis y claro ha quedado que, para el momento de ocurrencia de los hechos –11 de abril de 2002– objeto de la “acción de imputación formal”, no estaba vigente el Estatuto de Roma, por tanto es a todo los efectos inaplicable. En iguales circunstancias el supuesto delito de lesa humanidad alegados en la pretensión de los abogados actuantes, puesto que tal figura no aparece en ninguno de los textos del cuerpo de leyes penales de la República. Alegada está la improcedencia de una vía de acción jurisdiccional que se aparta o pretende ignorar la vía del antejuicio de mérito establecida en los procedimientos ordinarios y especiales vigentes en ese cuerpo de leyes. Pero aún así y a pesar de ello, la acción ha sido intentada y recibido el libelo por el máximo tribunal de la República (TSJ).

Indudablemente, los severos riesgos ante la precisa línea política definida por el gobierno, cambian de tenor. Veamos:

12. De la inadmisibilidad de la “acción de imputación formal”

Indudablemente de declarar el TSJ, la vía de la más sana lógica, la “acción de imputación formal” inadmisible, tal como está previsto: “… Capítulo II… De los Obstáculos al Ejercicio de la Acción… Artículo 28. Excepciones. Durante la fase preparatoria, ante el juez de control, y en las demás fases del proceso, ante el tribunal competente, en las oportunidades previstas, las partes podrán oponerse a la persecución penal, mediante las siguientes excepciones de previo y especial pronunciamiento… 4. Acción promovida ilegalmente, que sólo podrá ser declarada por las siguientes causas… c) Cuando la denuncia, la querella de la víctima, la acusación fiscal, la acusación particular propia de la víctima o su acusación privada, se basan en hechos que no revisten carácter penal…”[xxxviii]

Si fuere ese el caso, el riesgo de refuerzo en la instauración definitiva de la impunidad como política de Estado, queda medianamente conjurado. Pero en el estado actual del asunto, esa sana lógica, no es –como ha quedado suficientemente argumentado–, ni ha sido el concepto imperante.

“… Artículo 33. Efectos de las excepciones. La declaratoria de haber lugar a las excepciones previstas en el artículo 28, producirá los siguientes efectos:… 4. La de los numerales 4, 5 y 6, el sobreseimiento de la causa…”[xxxix]

13. Del sobreseimiento de la causa.

Sobreseer una causa, significa cosa juzgada, significa también que él o los imputados señalados en la “acción de imputación formal” no podrán ser, como en el caso Luis Miquilena–Micabú, investigados, sometidos a juicio y menos aún condenado por los mismos hechos objeto de un sobreseimiento. Falta saber, cuál modalidad de sobreseimiento es la pertinente en este caso y cuál de esas modalidades adoptará el TSJ; es un delicado asunto, y debe ser tratado por verdaderos expertos en la materia penal.

En todo caso está latente el riesgo tapar de una vez y para siempre, al igual que en pasado el caso de Los Pozos de la Muerte, la “Masacre de Miraflores, en el presente el caso Luis Miquilena–Micabú y hoy el sobreseimiento y libertad plena para los imputados del puente Llaguno[xl]

Con lo cual cabe la pregunta:

¿Se cumplirá entonces en el caso de la “Masacre de Miraflores” y en toda su extensión, la promesa hecha a un Presidente por un magistrado del máximo tribunal y a la cual hiciera referencia Luis Felipe Colina en su columna Carrusel Político?[xli]

14. A título de conclusión

Bien pudiere ser que el grupo de abogados actuantes hayan actuado de muy buena fe; en todo caso y a todo evento, salvo prueba en contrario, tal criterio ha de presumirse; mas nadie puede alegar su propia torpeza en su defensa.

En este juego de espejos que caracteriza a esta “justicia” en una muy seria y trascendental controversia entre la política del poder por el poder de una minoría incompetente para gobernar y los derechos de toda la población venezolana –que incluye también los de esa minoría–, no hay espacio para ingenuos, incautos, inexpertos, precipitación o improvisación, cualesquiera sean los intereses individuales y colectivos en juego, y distintos, distantes u opuestos a un objetivo muy preciso: imponer en forma contundente y por sobre todas las consideraciones, el imperio de la ley; esa que le es propia a un verdadero estado de derecho. Y en el caso que nos ocupa: a la emergencia de la verdad, sólo posible mediante una búsqueda, investigación, juicio y condena por parte de un Poder Judicial autónomo, de los responsables de la “Masacre de Miraflores”.

Definitivamente, “los errores en derecho se equiparan a la mala fe” y existen errores que colindan con una acción criminal o, en el menor de los casos, como afirmara Armando Palacios Valdés: “… En este mundo los errores se expían como si fuesen crímenes…”.

Y pareciera, salvo prueba en contrario, que es mucho más que un error la “acción de imputación formal” en las peligrosas circunstancias políticas y sociales de la Venezuela contemporánea.

Ese es el riesgo que se asume y se hace asumir a cada ciudadano en particular y a la sociedad venezolana como un todo, cuando priva en la concepción y en la acción política, social, jurídica y profesional, por encima de toda otra consideración, el interés particular –individual y colectivo– en la búsqueda del impertinente protagonismo por la vía de cayapear y chapucear en asuntos tan delicados y en temas de tanta trascendencia para el porvenir de la sociedad venezolana, de su sistema político y del fundamental imperio de la ley en la administración de la justicia y en el futuro del Estado y su presencia en la comunidad de naciones.

Por la justicia, en Caracas, Venezuela, a los 91 días de la “Masacre de Miraflores”:


[i] Texto de la “acción de imputación formal”, fechada a la fecha de su presentación, martes 25 de julio de 2002

[ii] Marianela Palacios; El Nacional miércoles 26 de junio de 2002; pág.D1.

[iii] Ascensión Reyes R.; El Nacional domingo 30 de junio de 2002; pág.D1

[iv] Marianela Palacios; El Nacional lunes 1º de julio de 2002; pág. D4

[v] Marianela Palacios; El Nacional jueves 4 de julio de 2002; pág. D1

[vi] Marianela Palacios; El Nacional sabado 6 de julio de 2002; pág. D14

[vii] Marianela Palacios; El Nacional martes 9 de julio de 2002; pág. D4

[viii] Eduardo Meier García, Master en Derechos Fundamentales de la Universidad Carlos III de Madrid. El Nacional; jueves 11 de julio de 2002; pág. A11

[ix] “… método para describir y entender no, como en Hegel, el auto-desarrollo de <<la idea>>, sino la realidad en tanto que realidad <<empírica>>. José Ferrater Mora; “Diccionario de Filosofía de Bolsillo”. Alianza Editorial, S.A., Madrid 1992

[x] Gaceta Oficial Nº 5.507 Extraordinaria del 13 de diciembre de 2000

[xi] Gaceta Oficial Nº 5.494 Extraordinaria del 20 de octubre de 2000

[xii] Código Penal: “… Artículo 181-A. La autoridad pública, sea civil o militar, o cualquiera persona al servicio del Estado que ilegítimamente prive de su libertad a una persona, y se niegue a reconocer la detención o a dar información sobre el destino o la situación de la persona desaparecida, impidiendo el ejercicio de sus derechos y garantías constitucionales y legales, será castigado con pena de quince a venticinco años de presidio. Con igual pena serán castigados los miembros o integrantes de grupos o asociaciones con fines terroristas, insurgentes o subversivos, que actuando como miembros o colaboradores de tales grupos o asociaciones desaparezcan forzadamente  a una persona, mediante plagio o secuestro. Quien actúe como cómplice o encubridor de este delito será sancionado con pena de doce a dieciocho años de presidio… El delito establecido en este artículo se considera continuado mientras no se establezca el destino o ubicación de la víctima… Ninguna orden o instrucción de una autoridad pública, sea civil, militar o de otra índole, ni estado de emergencia, de excepción o de restricción de garantías, podrá ser invocada para justificar la desaparición forzada… La acción penal derivada de este delito y su pena serán imprescriptibles, y los responsables de su comisión no podrán gozar de beneficio alguno, incluidos el indulto y la amnistía… Si quienes habiendo participado en actos que constituyan desapariciones forzadas, contribuyen a la reaparición con vida de la víctima o dan voluntariamente informaciones que permitan esclarecer casos de desaparición forzada, la pena establecida en este artículo les podrá ser rebajada en sus dos terceras partes…”

[xiii] Código Penal: “… Artículo 182. Todo funcionario público encargado de la custodia o conducción de alguna persona detenida o condenada, que cometa contra ella actos arbitrarios o la someta a actos no autorizados por los reglamentos del caso, será castigado con prisión de quince días a veinte meses. Y en la misma pena incurrirá el funcionario público que investido, por razón de sus funciones, de autoridad con respecto de dicha persona, ejecute con ésta alguno de los actos indicados… Se castigarán con prisión de tres a seis años lo sufrimientos, ofensas a la dignidad humana, vejámenes, torturas o atropellos físicos o morales cometidos en personas detenida, por parte de sus guardianes o carceleros, o de quien diera la orden de ejecutarlos, en contravención a los derechos individuales reconocidos en el numeral del artículo 46 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela…”

[xiv] “… Vacatio Legis. Loc. Lat. Vacación de la ley. Plazo, inmediatamente posterior a su publicación y durante el cual no es obligatoria…”. Guillermo Cabanellas de Torres “Diccionario Jurídico Elemental”. Editorial Heliasta SRL; Argentina 1979

[xv] GO Nº 5507; Gaceta Legal–Ramírez & Garay, pág. 341

[xvi] Entrevista reseñada por Milagros Socorro. El Nacional 3 de julio de 2002; pág. D1

[xvii] Luis María Bonetto en Nuevas Formulaciones en las Ciencias Penales, varios autores en Homenaje a Claus Roxin Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Universidad de Córdoba, Argentina octubre 2001.

[xviii] Milagros Betancourt; El Nacional viernes 05 julio de 2002

[xix] “… Nullum crimen, nulla poena sine previa lege… Ningún delito ni pena sin ley previa…”. Guillermo Cabanellas de Tores, cit.

[xx] Jesús Ramón Quintero P. “La comunidad internacional y la Corte Penal Internacional”. Ponencia venezolana redactada en noviembre de 2001. Tema a ser discutido en el XVI Congreso de la Academia Internacional de Derecho Comparado a realizarse entre el 14 y 20 de julio de 2002 en la ciudad de Brisbane, Australia.

[xxi] Luis María Bonetto, cit.

[xxii] GO Nº 5494; Gaceta Legal–Ramírez & Garay, pág.1145

[xxiii] “… En Miraflores se conoció la ratificación del magistrado Jesús Eduardo Cabrera Romero de apoyar totalmente al presidente Chávez y evitar que sea enjuiciado o destituido del cargo…”. Luis Felipe Colina; La Razón lunes 24 de junio de 2002, Columna Carrusel Político.

[xxiv] Javier Giraldo M. “Sociedad civil frente a la impunidad” KO’AGA ROÑE” ETA se.iii, v..iii (1996)

[xxv] Ramón Emilio Rodríguez Chacín.

[xxvi] Iván Rincón Urdaneta

[xxvii] Miguel Espidel Gonzalez

[xxviii] Quizás la respuesta pudiere ser exigida y brindada por esos numerosos representantes de los partidos políticos que durante casi medio siglo han copado la escena política venezolana y que hoy hábilmente y ocultando el criminal pasado, pretenden de nuevo colocarse a la cabeza y dirigir la rebeldía civil, para regresar y ocupar posiciones de decisión en los poderes del Estado, en un “quítate tu para ponerme yo”.

En fin. Cómo hablar de sanción social, si tal como lo han venido reseñando los medios de comunicación en estos últimos 40 meses, las ejecuciones extrajudiciales en varios estados de la República alcanza ya cifras impresionantes que superan los 50 fusilados, sin que la voluntad política del Estado se haya manifestado en la investigación, persecución y condena de los autores de esos crímenes

[xxix] Paz Rojas B. “Consecuencias Médico-Psicológicas sobre la Persona en los Procesos de Impunidad” . KO’AGA ROÑE” ETA se.iii, v..iii (1996)

[xxx] “… El concepto ‘impunidad’ no describe un asunto legal, en sentido estricto, sino un fenómeno de dimensiones legales, sociales, culturales, psicológicas y hasta económicas. En términos generales, se puede entender ‘impunidad’ como ‘ausencia de pena’, ‘no punibilidad’ o ‘ausencia de castigo’ – en estricta oposición a los conceptos ampliamente conocidos en teste contexto, de ‘impunidad’, ‘imputabilidad’ o ‘inmunidad’… Sin mucha discusión, relativamente, se puede empero diferenciar –en cierto modo en un primer plano– entre impunidad normativa y fáctica… Por impunidad normativa se entiende toda ausencia de pena, que se invoque directamente en normas, especialmente en disposiciones sobre amnistía e indulto. La impunidad fáctica es, por el contrario, el resultado fáctico, los mecanismos que no abarcan lo normativo y que impiden el procesamiento y la penalización…”. Kai Ambos; “Impunidad y Derecho Penal Internacional”. Biblioteca Jurídica Diké, 1ª edición, Colombia 1997

[xxxi] ignorar es más que errar. Principio de derecho

[xxxii] Kai Ambos, cit.

[xxxiii] José Vicente Rangel, Vicepresidente Ejecutivo de la República.

[xxxiv] Manuel Quijada, actual Embajador de Venezuela en Portugal.

[xxxv] Tobias Carrero, Multinacional de Seguros

[xxxvi] N.G.H. La Razón, domingo 30 de junio de 2002, pág. A2

[xxxvii] General Jorge Luis García Carneiro, comandante de la III División de Infantería del Ejército, respondiendo a las preguntas de Ernesto Villegas Poljak. Quinto Día, Caracas del 5 al 12 de julio de 2002, paginas 16 y 17.

[xxxviii] Código Orgánico Procesal Penal (COPP); Gaceta Oficial N°  5.558 Extraordinario; Caracas, miércoles 14 de noviembre de 2001

[xxxix] COPP, cit.

[xl] “…Libertad plena para imputados de Puente Llaguno… Justamente el día en que se cumplían 3 meses de los sucesos del 11 de abril, el Tribunal 40° de control, a cargo de la juez Norma Sandoval, dictó libertad plena para Richard Peñalver, Henry Atencio, y Rafael Cabrices, sindicados de disparar ese día desde el tristemente célebre Puente Llaguno… Richard Peñalver, indicó que el pueblo podrá seguir contando con él ‘y si algún día de nuevo vuelven estos nefastos a intentar tumbar la democracia los estaré esperando con mis manos, con mis pues y con lo que tenga en la mano para defender la democracia’… ‘Cuando yo utilicé mi arma fue para disparar contra unos francotiradores’… [El] abogado Michael Moreno explicó que los fiscales del Ministerio Público no pudieron demostrar quien fue la víctima del homicidio que imputaban a su defendido… Juan Carlos Sosa, abogado de las víctimas del 11 de abril,  manifestó estar “boquiabierto” con la decisión. Para él es una evidencia más de que ‘estamos en manos de criminales’ pues a su juicio la decisión no tiene ninguna justificación… Reconoce que pudieron cometerse errores en la elaboración del expediente ya que “la Fiscalía no sabe hacer su trabajo” pero advierte que esos son solo “tecnicismos” pues en el caso las evidencias son contundentes ‘yo no se que más evidencias necesitan’…”  Globovisión/EFR; 11/07/02 El Nacional Caracas sabado 13de julio de 2002

[xli] Nota N° 20

Carta a Pedro Nikken

Ciudadano

Dr. Pedro Nikken

Facultad de Derecho de la Universidad Central de Venezuela

Caracas.

Afirma usted en su escrito publicado bajo el título Estudios Básicos de Derechos Humanos, IIDH San José Costa Rica en 1994: “… Desde el momento que se reconoce y garantiza en la constitución que hay derechos del ser humano inherentes a su misma condición en consecuencia, anteriores y superiores al poder del Estado, se está limitando el ejercicio de este, al cual le está vedado afectar el goce pleno de aquellos derechos…”.

Evidentemente no es una sentencia que provenga de cualquier persona desde el momento en que quien la emite, además de doctorado en derecho, profesor universitario, fue Consejero del Ministerio de Relaciones Exteriores venezolano; miembro de la Comisión Andina de Jurista; presidente de Comité del Instituto Interamericano de los derechos del hombre; presidente de la Corte Interamericana de los Derechos del Hombre; con experiencia probada desde el momento en que, como enviado especial de la ONU, creó en Burundi una Comisión de Investigación Judicial Internacional y fue Consejero Jurídico del Secretario General de las Naciones Unidas para el proceso de paz en El Salvador.

Nadie dotado de mayor capacidad intelectual y práctica para digerir, entender y hacernos entender la calidad de violaciones a los derechos del ser humano a la cual hemos estado enfrentados los venezolanos por obra de lo que no temo en definir como la precaria existencia del Estado en Venezuela, desde el momento en que la idea, el concepto y la función de Estado, si bien pudiere estar muy bien descrita en el cuerpo de leyes de la República, ello no tiene ningún efecto material al interior de la sociedad.

A raíz de la última expresión del ejercicio ilícito del poder del Estado, como ha quedado suficientemente demostrado en lo que el gobierno de turno ha dado por llamar El Caso de los Paramilitares, pero que yo califico como La Masacre de El Paraíso. Se trata de la última –y esperemos que sea en verdad la última– de tantas y consuetudinarias operaciones policiaco–militares, dispuestas y orquestadas desde el poder político de turno, para la simulación de combates armados entre las fuerzas oficiales del orden y supuestos oponentes armados –esta vez los denominaron paramilitares– destinadas a suplir, en algunos casos, las severas deficiencias en materia de ejecución material de las medidas y operaciones de policía, en otros, como es el caso ahora de los paramilitares, para legitimar la decisión política de declaratoria del  Estado de Excepción. Tales desempeños de los responsables del Estado en distintos períodos de gobierno han significado para la sociedad venezolana en 22 años, no menos de 130 civiles desarmados, no beligerantes y muertos en 15 operaciones implementadas por fuerzas combinadas policiales y militares venezolanas.

El asunto que me obliga a molestar su atención es el hecho de que en este último intento de masacre de civiles –que ya había comenzado puesto que según ha sido informado oficialmente, tres cadáveres habrían sido localizados en la zona donde fueran interceptados por la Policía Metropolitana dos colectivos con un contingente de 56 civiles colombianos uniformados con vestimenta militar de camuflaje– tiene sustanciales diferencias con las anteriores y se perfilan ya las masacres, como Política de Estado. Ese acto, se diría que casual de la Policía Metropolitana, al impedir la continuidad del programa de acción establecido y en ejecución, evitó la muerte de no menos de 160 seres humanos que serían ejecutados en un supuesto ataque armado a las instalaciones del Móvil 51 de la Guardia Nacional en El Paraíso.

Si bien es cierto que como usted afirma: “… No todo abuso contra una persona ni toda forma de violencia social son técnicamente atentados contra los derechos humanos. [que] Pueden ser crímenes, incluso gravísimos, pero si es la obra de particulares no será una violación de los derechos humanos…”; también es cierto que, estamos en presencia de una acción concebida, programada, planificada, financiada y ejecutada por funcionarios activos  y medios materiales provistos por el Ejecutivo. Operación dispuesta y ordenada, según podrá ser establecido en su momento, desde el más alto estrato jerárquico del Estado, por tanto, como usted mismo lo afirma “… lo decisivo es que [se] actúe aprovechándose de los medios o poderes…” de los cuales disponen por su carácter oficial como funcionarios actuando bajo las órdenes de uno u otro órgano del Estado.

Todo el asunto está contenido en un escrito que he redactado bajo el título “Masacres y Asesinatos en Serie… Venezuela 1982 – 2004… Estudio de Caso”, que me permito remitirle dada su experiencia en la materia de violaciones a los derechos humanos.

Asumiendo que ello pudiere ser de interés, creo pertinente hacerle conocer el contenido, no tanto para hacer de ello un escándalo público, más bien como un detalle o conjunto de detalles a los cuales posiblemente usted no haya tenido acceso puesto que su ángulo de observación, percibo, pudiere ser otro. Son apreciaciones que en todo caso corresponden a los estudiosos en materia de violencia y crimen considerar y analizar, a los expertos en Derecho estudiar y a la sociedad reaccionar, puesto que resulta en este momento imperioso que los expertos las conozca algo más a fondo y, de ser posible, no guarden silencio al respecto

El estilo del planteamiento quizás no se acoja al rigor metodológico en la exposición de un tema tan complejo puesto que se trata sólo de una de mis habituales notas sobre seguridad pública, pero como podrá entenderlo una vez que le dedique o haga dedicar un tiempo a su revisión y lectura, el soporte de la información sobre la cual se edifica no es el metodizado registro científico de eventos peculiares, sino más bien la observación pragmática y el registro de los acontecimientos diarios que los medios de comunicación nos hacen conocer, conjugado con una experiencia de más de 40 años en el tema de la seguridad pública; conjunto que como bien pudiere considerar, no corresponde a certitud o certificación científica alguna; tampoco quien los recopiló, emite los criterios y lo redacta, pretende poseer conocimientos doctos en acumulados de materia alguna del saber humano; se trata simplemente de una apreciación empírica difícil de colmar puesto que registros con valor y calidad científica universal, tampoco existen en Venezuela[1], al menos, no los conozco o no estuvieron ni están a mi alcance para este momento en que esa dinámica de la violencia criminal ya tiene y se radica, como promotor, gestor, planificador, preparador y toma de decisiones, en posiciones decisorias en el más elevado estrato de gobierno y creo, es tiempo ya de tomar en cuenta los “hechos comunicacionales” palpables, indiscutibles, y antes de que esa dinámica de los hechos nos arrastre hacia una escalada en matanzas “revolucionarias” de cientos de seres humanos en cada acción, tal como queda planteado en el escrito fuera la expresa pretensión de algunos criminales enquistados por décadas dentro, a un lado o al otro, del aparato de seguridad y de la maquinaria de administración de justicia de este precariamente existente Estado en Venezuela.

El texto será incorporado a mi página web en unos diez días. Copia del material será enviado a pesar de lo comentado en su contenido al titular de la Fiscalía General de la República y al Defensor del Pueblo. También a la UCAB por la vía del sacerdote Mikel De Viana y en razón a su trabajo sobre la pobreza; a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y a algunas ONG’s venezolanas dedicadas al cada vez más trascendente asunto de los derechos humanos. Si fuere pertinente según su opinión, a cualquiera otra entidad que usted a bien pudiera sugerir.

Si fuere necesaria para usted mayor información sobre el autor, el planteamiento o el contenido del texto, tiene usted la posibilidad de consultar o hacer consultar mi página web http://home.earthlink.net/~accioncivica, donde encontrará varias notas anteriores a esta fecha sobre el tema de la seguridad pública en Venezuela, y los detalles generales y los específicos sobre mi hoja de servicios. En caso de requerir mayor información u otros particulares no referidos pero de su especial interés, puede usted demandarlo personalmente, por la vía de mi correo electrónico rriveromunoz@yahoo.com o comunicarse por los teléfonos: Oficina 58 212 793 5022; celular 0412 975 8775.

Sin otro particular, esperando que el material remitido pueda ser objeto de su interés y utilidad, quedo de usted; atentamente, en la ciudad de Caracas, a los 12 días del mes de julio del año 2004

Rafael Rivero Muñoz

Comisario General

Anexo: Documento de 171 páginas numeradas, formato carta, impreso en pica 11 Times New Roman, a un espacio; titulado“MASACRES Y ASESINATOS EN SERIE. Venezuela 1982 – 2004. ESTUDIO DE CASO”.

Se estimaría la firma de recepción de la comunicación y su anexo


[1] “… estadísticas judiciales, sesgadas por variables de índole legal, no asegura la uniformidad de los registros…”. Luis Gerardo Gabaldón;

Geopolítica y … un monumento a la idiotez

Luis Posada Carriles “Bambi”

Rafael Rivero Muñoz

Caracas, 010605

De nuevo “Bambi” o “Basilio” en su ya eterno papel d’agent provocateur. Por cierto nada secreto, antes por el contrario, para cualquiera con memoria o que conozca su prontuario, más a la vista no pudo haber estado ni puede estar: “… el gobierno cubano sabía dónde y con quién se encontraba Posada Carriles cuando utilizó, en marzo pasado, territorio mexicano para llegar a Estados Unidos… lo dejó pasar, pese a que sabía dónde estaba… Posada Carriles es un terrorista… revela que el interés del dúo Castro-Chávez, no es tanto para castigar un crimen de lesa humanidad, como para poner en dificultades al gobierno de Bush…” (Manuel Malaver citando al Canciller de México Luis Ernesto Derbez).  Se trata de “… una típica maniobra de la pasada Guerra Fría…”, veamos a este tenor otras de sus incidencias.

No podemos ignorar que sobre el paso del sujeto por territorio mexicano, entre otras, se soportaron denuncias públicas hechas por Fidel Castro quien identificó a Luis Ernesto Derbez Bautista como un “agente” de Estados Unidos para imponer el ALCA (La Habana AP); le bloqueó las posibilidades de llegar a la Secretaría General de la OEA y lo obligó a renunciar a sus aspiraciones. Es parte de un programa de acción en pleno desarrollo y manifiesto en los fuertes roces públicos que se vienen dando entre Cuba y México desde finales del 99 e incrementado a la llegada de Vicente Fox al poder en el 2000 y, especialmente, luego de las gestiones de la senadora mexicana Cecilia Romero encabezando al grupo de 50 diputados mexicanos que manifiestan su intención de adoptar a disidentes presos en Cuba. Es decir, así, de entrada, el providencial desplazamiento de Luis Posada Carriles desde Centro América, pasando por territorio azteca y luego dejando evidente su presencia en territorio norteamericano con una rueda de prensa, ha servido ya a dos fines: a) eliminar un posible inconveniente u obstáculo a futuras maniobras de la “Revolución Continental” en la OEA; b) poner en dificultades a USA en cuando a su particular desempeño en la guerra contra el terrorismo.

30 años a…

Desde aquella época de CAP como Ministro del Interior y su Digepol oficial y la paralela de los cubanos calificados como “gusanos”, que impuso una guerra interna entre la facción Erasto Fernández, director, y la facción del cubano Orlando García –el mismo hombre que según CAP no vendió ni una navajita con su socia la “Chiguagua de la Guerra” Gardenia Martínez–, el segundo de abordo, quien para sostener y aumentar su poder contrata y trae a Venezuela un lote de supuestos expertos en seguridad, naturales cubanos radicados en Miami.

Playa Girón

Fue luego del fracaso de Bahía de Cochinos (15/04/61) cuando, entre otros, de chofer de taxi en Miami, Luis Faustino Clemente Posada Carriles, alias “Ignacio Medina”, alias “Ramón Medina”, alias “Franco Rodríguez Mena”, alias “Bambi”, alias “Basilio”, fue traído a Caracas e incorporado al servicio de seguridad de Estado como funcionario. Ya desde aquella oportunidad, a cinco años de esos eventos, los cuentos de Bambi sobre los actos heroicos en pleno zafarrancho en Playa Girón, eran de novela, ni la pluma de Ian Fleming ni las acciones del 007 en el cine se lo ganaban en trucos y destreza con las armas y los explosivos; eso claro está, según sus propios y cada vez más fantasiosos relatos. Cuentos que fueron delicias para los oídos de los novatos en seguridad; pendejadas de un jalador y hablador de paja, para quienes ya tenían en su haber alguna experiencia puesto que, era público que, si bien es cierto que Basilio tuvo alguna actividad en ese fracasado lance en la isla, fue siempre desde lugar seguro, como entrenador o soporte de quienes fueron a combatir al frente, jamás se embarcó en nave o aeronave alguna y jamás puso o ha puesto dentro o fuera de Cuba, a riesgo su integridad física. Siempre ha conseguido y consigue aún idiotas que lo hagan por él; de allí el calificativo: agent provocateur.

Cambio de lealtades

Fue después de aquella primera elección que, como ya estaba previsto, ganara el partido opositor –COPEI, y Caldera–, donde se produce el primer supuesto cambio de lealtades del Bambi en Venezuela –si es que es aplicable el término y si alguna vez alguien lo ha observado en su conducta–. Como derivado de esa elaborada situación, el para entonces Ministro del Interior Reinaldo Leandro Mora, hace instalar una oficina especial para la transición en el techo de la vieja edificación del MRI conocida como La Palomera –en aquel momento en que para los líderes de la subversión se impuso el pragmatismo por sobre cualquier otra consideración; derrotados en el terreno militar y en el político dentro y fuera de las ciudades, cada uno de sus ideólogos, gestores y promotores, trataba de llegar primero a La Palomera para sacar el mejor provecho económico y asegurar su futuro; momento también en que el líder del nuevo gobierno inicia la edificación de todo un argumento político sobre una simple operación de compra, pago o donación de dinero en efectivo, becas y viajes de estudios a distintos países, o cualquier otro artificio de pago, a quienes renunciaran y desistieran de la lucha armada: La Pacificación– y designaría como jefe de esos “Servicios Especiales” a un comisionado por el propio presidente electo de quien El Bambi pasaría a ser uno de los primeros integrantes de su equipo y luego, el hombre de confianza para las llamadas operaciones especiales.

Servicios Especiales

Ya en funciones, la primera misión del recién designado Jefe de Servicios Especiales, fue entrar en negociaciones directas con los representantes del exilio cubano dentro y fuera de Venezuela, para lo cual El Bambi se convertiría en canal directo.

No tan simple la negociación –si es que se quiere adoptar ese termino–, puesto que se trató de preservar, conservar, financiar y sustentar económicamente a todos y cada uno de los integrantes de ese grupo de cubanos dentro o fuera de Venezuela, garantizándoles sueldos, vivienda, transporte aéreo, prebendas, cargos, credenciales, armas, vehículos, “conchas”, status oficial y acceso y asistencia directa de los servicios de policía venezolanos ante cualquiera fuera la situación de amenaza o peligro que pudieren enfrentar. Todo esto a cambio de que el exilio cubano excluyera de sus acciones armadas a Venezuela, que ni dentro ni fuera del territorio venezolano los intereses del país fueren afectados, ni atacados sus nacionales y/o sus bienes. Asuntos de alta política dirán algunos expertos, para otros, los que tuvieron que enfrentar sobre el terreno esa absurda situación, se trató –de una pusilánime conducta, o por las circunstancias que pudieren ser alegadas y aceptadas ayer u hoy– de un simple abandono o renuncia al ejercicio de las atribuciones inherentes a los cargos como responsables por la seguridad pública en Venezuela, mas con severo impacto en la tan cacareada soberanía venezolana dentro y fuera de su territorio. En definitiva, eso se olvidó puesto que en este país nadie rinde cuenta de nada.

Nada distinto a lo que observamos de nuevo y es palpable en la expresión contraria. Antes, representantes del más alto nivel del gobierno venezolano negociaron con los “gusanos”, dinero y prebendas a cambio de no ejecutar actos terroristas en contra de los intereses venezolanos, ahora, al mismo nivel, lo hacen con los contrarios, “revolucionarios”, petróleo barato y a crédito a cambio de, “apoyo político” internacional.

Cubana de Aviación

Cierto que dentro de esas acciones ha de destacarse la relativa a la voladura del DC8 de Cubana de Aviación (06/10/76, vuelo CA455), pero entremos en algunos detalles del affaire y quizás no quede tan prístina la verdad sobre la que hasta ahora han trabajado los intereses de uno y otro bando y las informaciones de los medios de comunicación.

Quedó suficientemente sustentado –aunque si olvidado– en las investigaciones sobre ese crimen, que en aquella fecha el vuelo de Cubana de Aviación que cubría la ruta Barbados-La Habana, había sufrido un retardo de no menos de treinta minutos antes despegar del aeropuerto de Barbados; que ya en el aire y en ruta hacia La Habana, uno de los artefactos explosivos –eran dos, colocados, uno bajo una butaca de pasajero y otro en el baño al interior de la nave, por Hernán Ricardo Lozano y Freddy Lugo, empleados de la empresa privada de seguridad de Posada Carriles, cuando como pasajeros hicieron la ruta previa de la aeronave Trinidad-Barbados– al detonar pocos minutos después de despegar, derribó la nave y ocasionó la pérdida de la vida de tripulantes y pasajeros, 73 personas. Esos son parte de los hechos reseñados por la prensa.

Resulta indiscutible el hecho de que si el avión de Cubana de Aviación hubiese despegado en hora, es decir, treinta minutos antes de la que lo hizo en realidad, significaría que la bomba que estalló en su interior a pocos minutos del despegue, no hubiese estallado en el aire sino cuando el avión estuviera llegando o en plena pista en el aeropuerto de La Habana y muy probablemente no hubiese ocasionado mas que daños materiales a la aeronave, no hubiese habido ni muertos ni heridos. Siendo este supuesto válido:

¿Puede alguien en su sano juicio pensar o sustentar que existe terrorismo humanitario?;  ¿que un acto de terrorismo –excepción hecha de los que se ejecutan en Venezuela– pueda contemplar el no ocasionar muerte y lesiones a inocentes?

Así que lo que no está claro aún, dentro o por fuera de la causa penal, es el motivo y éste se ubica en uno de dos extremos:

a) Un acto de terrorismo clásico destinado a derribar un avión en vuelo y causar el número de muertos que causó. Lo que significa que el retardo en el despegue del avión desde la pista en Barbados, debía haber sido previsto o provocado al segundo por los terroristas, a fin de que el momento de estallido de la bomba ocurriera precisamente cuando el avión estaba en ruta y en el aire.

b) Un acto de terrorismo, variante sui generis, previsto sólo para causar un impacto de propaganda. Con el avión en tierra, estacionado, descargando pasajeros y equipajes y evitando en lo posible los daños o muerte de inocentes, en cuyo caso, la falla –lo que nunca podrá ser estimado, medido y previsto por los terroristas– o imponderables a todo evento, en este caso el retardo en el despegue del avión, convirtió un irresponsable acto destinado a la  propaganda, en una tragedia que cobró 73 vidas humanas.

Capacidad, Oportunidad, Motivo

Siempre atenidos a lo que la prensa reseñó en su oportunidad sobre el hecho y a los recuerdos que puedan conservarse, observemos más al detalle. Resulta evidente que al revisar el asunto desde la perspectiva de las determinantes de responsabilidad penal, capacidad y oportunidad quedan perfectamente configuradas y suficientemente sustentadas para lograr la condena por el hecho a los criminales. El asunto no resulta tan diáfano cuando abordamos el tercer elemento: el motivo.

Adicionales

Cuatro elementos adicionales han de ser agregados a los ya expuestos: a) el hecho de que el Asesor de Seguridad del presidente Carlos Andrés Pérez para aquel momento era el natural cubano Orlando García; b) el hecho de que las actividades de Orlando Bosh ya se hacían peligrosas para cualquiera fuera el gobierno o país donde éste se encontrara residenciado o en tránsito, en especial, para quien figuraba como el objeto de sus actividades terroristas: el régimen de Cuba; c) la “muy casual” presencia en Venezuela, para aquel momento, del citado Orlando Bosh; d) la nunca comprendida, y menos explicada aún, gestión de Venezuela ante los gobiernos afectados e interesados en la causa contra los terroristas que volaron el avión de Cubana de Aviación, y que lograra por gestión directa y precisa de comisionados especiales del alto gobierno, traer para investigar y juzgar en jurisdicción penal venezolana esa causa.

Sin explicación

Jamás ha sido explicado ni es explicable esa gestión venezolana; pero es que tampoco ha sido explicado por nadie ese providencial interés de Miraflores, por órgano del Asesor de Seguridad del presidente, de traer a Venezuela a Orlando Bosh. A tales efectos, con cargo a la Partida Secreta, se le ubicó en Centro América, se le convenció y negoció su viaje, se le proveyó de dinero, pasajes, identidad forjada, pasaporte, cédula de identidad, credenciales de la policía de seguridad de Estado, habitación, armas, vehículos y escoltas para mantenerlo al interior de nuestras fronteras, pero –siempre hay un pero–, todo ello, “casualmente”, ubicado en tiempo y con precisión en el inmediato antes, el durante y el después de lo que sería identificado luego como una operación dirigida por Luis Faustino Clemente Posada Carriles, alias “El Comisario Basilio”: la voladura del avión de Cubana de Aviación.

Costumbre

Piensa mal y acertarás recomendaba un viejo policía venezolano de la escuela del 37. Viene a la memoria aquella escena de un radical copeyano que fue convencido por Posada Carriles para agitar el ambiente en la ciudad capital que estaba muy tranquilo después del allanamiento de la UCV. A tales efectos, le hizo entrega de una bomba incendiaria la cual debería colocar y detonar en horas de la madrugada en la FCU. El radical copeyano cumplió con todos pasos que le había instruído Posada, pero en el último momento, cuando ya tenía la espoleta de la bomba enganchada, le asaltó la duda, se dio un respiro y prefirió hacerlo de otra forma; puso el artefacto explosivo en un lugar fijo y para activarla se valió de una cuerda de forma tal de estar lo más lejos posible del artefacto en el momento de activarlo. Y tuvo razón en su temor, apenas haló la espoleta, la bomba estalló llegando a ocasionarle, a pesar de estar retirado, quemaduras en toda la superficie corporal que no estaba bajo cubierta; no fueron graves, cierto.

Una de dos

Leyendo el estoraque que es ya el prontuario de Luis Posada Carriles, queda una duda: O el sujeto es un genio de la clandestinidad o realmente la famosa capacidad y efectividad del G2 cubano es una elaborada fantasía, como todo lo que en el área de seguridad se refiera o emane de naturales de esa isla.

Ni lo uno ni lo otro diría CAP. El primer supuesto queda descartado, puesto que el sujeto, como queda evidenciado, no puede mantenerse oculto y en silencio por algún tiempo, su estado natural, pareciera, es estar a la luz y reseñado por los medios; el segundo supuesto, queda suficientemente descartado, desde el momento en que al interior del territorio cubano capacidad y efectividad quedan demostradas a diario en cuanto a la seguridad del régimen frente a sus opositores internos. En cuanto a las actividades del G2 fuera de las fronteras de Cuba, resulta evidente que es extremadamente limitada y que ésta está sujeta a la voluntad, planificación, disposición y ejecutoria del propio Fidel Castro, tal y como quedara expresado en el reciente informe, cuento o historia narrada en la pluma del premio Nobel colombiano Gabriel García Márquez, sobre gestiones diplomáticas –sapeo dirán otros– que llevara él a cabo en mayo de 1998 por encargo expreso del propio Fidel Castro Ruz  (El Tiempo de Bogotá 290505)

Y es eso precisamente lo que distingue a los naturales de esa isla, “gusanos” o no, en materia de seguridad. Cuentos, historias, fantasías que van construyendo de acuerdo a las necesidades del momento, sea para romper el hielo en una reciente relación personal, sea para agradar a los presentes en una reunión, sea para un elaborado proyecto destinado a ganarse la confianza de algún ingenuo. En definitiva, es la adulancia hecha arte y que pareciera manejan con destreza y ésto, hasta llegar al punto en que puedan jugar con mayor holgura sus habilidades histriónicas y lograr el control de una determinada situación o ciertas determinantes sobre la voluntad de otros; para lo cual, no escatiman acudir a creencias y mitos seudo-religiosos y hasta la santería.

Who does he really work for?
Publicó Andy Webb en el Financial Times el lunes 28 de agosto de 2004 mi concluyente respuesta a su precisa pregunta sobre las actividades de Luis Posada: El único beneficiario de las supuestas acciones terroristas de Luis Posada Carriles, siempre ha sido, Fidel Castro. Es el criterio que he sostenido durante 30 años y sostengo, y que queda confirmado con cada nueva acción que nos reseñas la prensa internacional sobre los cada vez más fantasiosos desempeños del terrorista Luis Faustino Clemente Posada Carriles; baste para ello revisar somera o detenidamente su prontuario criminal pleno de daños y muerte a inocentes en las supuestas y siempre fracasadas acciones de violencia contra los intereses cubanos dentro o fuera de su territorio. En definitiva, políticamente, unos u otros, sólo y exclusivamente han beneficiado a Fidel Castro y a su régimen en su ya persistente y latosa política –o geopolítica- destinada a mantener vivo y actuante a un enemigo externo.

Que haya trabajado para la CIA, para la DINA, para la DIGEPOL y DISIP, para Oliver North y la Contra en la transferencia de armas por drogas en Centro América –justo en aquel momento en que el avión de carga piloteado por Hasenphus y cargado con drogas hiciera escala en el aeropuerto de La Habana y quedara registrada para la posteridad la foto del general Ochoa parado frente a la puerta de la bodega de la aeronave; foto y circunstancias que conducirían al más alabado y veterano general cubano, primero a un juicio por tráfico de drogas y luego al paredón–, nada de eso ha significado ni significa en lo absoluto que los intereses que defienda o atienda Posada Carriles  en cada momento hayan sido y sean los propios a cada uno de los países para los cuales operan esos servicios.

Obsérvense los detalles y resultados de cada operación en cada momento y sobre todo, a quién en definitiva y en cada circunstancia “benefició el crimen” del terrorista Luis Posada Carriles. A la luz de las determinantes geopolíticas está bien, pero agreguemos algo más, otro ángulo, hagamos un simple ejercicios y veámoslo como un monumento a la idiotez. Quizás acertemos.

 

 

rriveromunoz@yahoo.com

Si desea usted mayores datos o informaciones sobre ésta y otras situaciones comentadas sobre la Seguridad Pública en Venezuela, cordialmente le invito a visitar mi página web: http://home.earthlink.net/~accioncivica

Desatendidos, desentendidos y malos entendidos

“… El Estado simple truco legal…”

 

Rafael Rivero Muñoz

Caracas 300405

 

“… El concepto de Estado es simplemente un ‘truco legal’ que justifica formalmente apetencias, arbitrariedades y demás formas del ‘me da la gana’. Estado es lo que yo, como caudillo como simple hombre de poder, determino que sea Estado. Ley es lo que yo determino que es Ley… así se ha comportado el Estado venezolano, desde los tiempos de Francisco Fajardo… una visión precaria de sus instituciones porque, en el fondo, Venezuela es un país provisional… redactar una Constitución fue siempre en Venezuela un ejercicio retórico, destinado a disimular las criadillas del gobernante… durante siglos nos hemos acostumbrado a percibir que las leyes no tienen nada que ver con la vida… esta sociedad de complicidades, de lados flacos, ha hecho de la noción de Estado un esquema de Disimulos… El Estado venezolano es una aspiración mítica de sus ciudadanos. El Presidente es presidente solo porque él dice que es presidente. Pero, en realidad, no es un presidente. Es una persona que esta allí, desempeñando una provisionalidad, mientras le encontramos su ‘lado flaco’, su rasero de miserias cotidianas, su condición de ‘zángano’ del panal… ”

José Ignacio Cabrujas

Esos conceptos ampliamente difundidos, como Estado, constitución, ley, política, democracia, sociedad civil, organización y capital social, a la luz de las realidades del presente han de ser revisados antes de poder intentar comprender por qué ante un extremado desempeño populista fuera y desde el gobierno, los partidos políticos, la dirigencia de éstos y hasta la ya activada Sociedad Civil se encuentran contra las cuerdas, argumental y políticamente incapacitadas para enfrentar las realidades de un caudillismo que nos retrotrae a los orígenes y derivados de la Revolución Libertadora, hace ya algo más de cien años

En otros términos y adelantando una apreciación que podría ser temeraria, los actuales actores políticos ignorando la historia, están en camino de repetirla, como en el pasado, una vez más y a pesar de que, indiscutiblemente, en número de actores, medios y capacidades intelectuales y técnicas en juego, son distintas. El derrumbe de los partidos de aquella época al igual que ahora, dejó sin armas políticas a quienes se oponían al regreso de Juaquín  Crespo y a la continuidad de Ignacio Andrade en la presidencia; en medio de ese zafarrancho ­-de ingobernabilidad como se diría ahora-, se cuela la Revolución Liberal Restauradora (23 de mayo de 1899) con Cipriano Castro y su compadre Juan Vicente Gómez a la cabeza

 

La Política de la Antipolítica

“Cultura de la Corrupción”

Rafael Rivero Muñoz

Caracas, 300105

Citando a Hegel apuntaba certeramente Antonio Sánchez García en su nota del 21 de enero titulada El turbio y largo viaje hacia la noche: “… un crimen repetido innumerables veces, sin encontrar castigo alguno, se convertirá en hecho consuetudinario…”.Y agrega: “… tan habituado está el venezolano a dejarse gobernar por funcionarios corruptos y tan normal ha llegado a parecerle a los gobiernos que hacen de la corrupción una norma de conducta cotidiana, que [el venezolano] no se sentiría a sus anchas bajo un gobierno probo, transparente, justo y recto… Tan infectado de corrupción está el cuerpo social venezolano, que ha… llegado a ser una auténtica cultura de la corrupción…”.

¿Nuevo?

Eso que comenta el escribidor no es nuevo, al contrario como el mismo autor lo refiere, es la costumbre consuetudinaria de esto que llamamos sociedad venezolana y que, por lo que se puede concluir, no pasa de ser una comunidad de moradores de un territorio.

Mientras sigamos en este empeño por conseguir un líder para quitar otro; todos y cada uno de ellos ávidos del poder por el simple disfrute de sus signos exteriores, puesto que el poder ni ayer, ni hoy ni mañana podrán ejercerlo, faltos como han estado y están de ideas, de conocimiento, de conceptos, de prácticas legítimas, de voluntad creadora; algunos supuestamente más otros definitivamente menos socializados, seguiremos en esa “auténtica cultura de la corrupción”; siendo lo mismo que somos: una comunidad de moradores asentada en un territorio.

Mientras la sociedad civil pretenda negarse a la necesidad de la política y a la existencia de los partidos y pretender sustituir a éstos sin asumir las enormes responsabilidades que a éstos atañen –tal como venido sucediendo por más de 50 años por lo menos–; mientras esa misma sociedad civil en conjunto y las individualidades que lo integran, no comprendan que la tarea de la sociedad civil no ha sido, no es ni podrá ser nunca la toma del poder.

Mientras persista en no asumir con verdadera eficacia su verdadera tarea que es la del severo control del ejercicio del poder, seguiremos en el ámbito de la antipolítica y seguiremos consecuencialmente unos y otros a la vera de un caudillo. Eso es lo que ha sido la constante, que nos ha distinguido en el pasado y que se impuso como denominador común desde la muerte de J.V.Gómez, y con un agregado muy particular:  La antipolítica del gallinero vertical.

Gallinero vertical

Se traduce ello en el ejemplo gráfico tomado de la vida animal: el que logra con sus habilidades histriónicas, mañas, traiciones o engaños, subirse primero al palo más alto del gallinero para pasar la noche, evacua, defeca y vomita durante toda una noche sobre todos los demás congéneres que están en los palos más bajos, y hasta la noche siguiente en que quizás sea otro el que llegue primero y se encarame en ese palo más alto y repita la costumbre. Es, la política de la antipolítica.

Nefasta dinámica

Posiblemente parte de la respuesta la podamos comenzar a construir sobre el texto cuyo comentario referí en notas anteriores: “Detrás de la pobreza” (UCAB 2004) Pobreza material, cierto, la que se impone a casi el 80% de la población. Pero peor que esa es la pobreza intelectual, esa que ha distinguido y distingue a quienes se hacen llamar y pretenden ocupar el rango de elites intelectuales, profesionales y políticas y no han sido otra cosa que seudo castas cuyas individualidades se alaban unas a otras mutuamente.  Algo que muy bien sintetiza en una nota reciente Pedro Elias Hernández: “… La toma del poder cultural, tal y como lo formulara Gramsci, se produjo sistemáticamente por parte de la izquierda venezolana desde hace bastantes décadas. La colonización de las universidades públicas, de los medios académicos, de la literatura y los nichos intelectuales, de la cinematografía y luego, el arma más poderosa, de la producción de los contenidos de novelas de televisión o las telenovelas, terminaron por enseñorear la cosmogonía de la izquierda política marxista en la mente de millones de venezolanos…”. Más del 50% de esa seudo casta encumbrada en los estratos superiores[1] tienen una mentalidad premoderna; por eso se impuso en su momento dentro de eso que llamaron y llaman partidos políticos en Venezuela -aún se impone y pretenden reedificar-, lo que Juan Carlos Rey llamó el “Sistema Populista de Conciliación de Elites”. Una avenencia de supuesta política que con la decisión y firma del Pacto de Punto Fijo, edificaron a finales de los años cincuenta del siglo pasado, la expresión históricamente más depurada de la antipolítica.

Incivilidad

Mientras la sociedad civil acepte y apoye –o disfrute- esa expresión de la antipolítica, no saldremos jamás de esto; ayer fue Pérez, Lusinchi o Caldera hoy es Chávez; mañana, quizás Cabello o Rangel. Tan sólo por cambiar todo para seguir igual, la agitada masa que no sociedad civil, se lanzará de nuevo en el apoyo de uno u otro, hasta que las realidades la saquen de nuevo del persistente engaño. Ha sido así por décadas y, seguirá siendo así mientras generación tras generación, nazca, crezca y desaparezca a la vera del voluntarismo o mesianismo de un líder y viviendo la ficción de modernidad a costa de la renta petrolera, y sin entender ni asumir la magnitud del reto que tenemos frente a nosotros, puesto que: “… la democracia no es sino el diseño de un sistema que permite abordar los conflictos sociales, de tal manera que los resultados dependan de la actuación de los participantes y no de elementos externos o impositivos…”[2]

Existe un problema medular de la política venezolana de todos los tiempos, poco o nada tratado por los expertos y analistas y se especifica en la diferencia que existe entre el ejercicio del poder y lo que identificamos como, el disfrute delos signos exteriores del poder; quizás Bobbio, venga en nuestro auxilio: “… El problema de la ingobernabilidad plantea el problema… del defecto de poder… del poder deficiente, inepto, incapaz, no tanto del mal uso del poder sino del no uso… la razón principal por la que los súbditos pueden considerarse libres de la obligada obediencia al soberano es, según Hobbes, su ineptitud para el mando y, por consiguiente, la incapacidad para cumplir con el deber fundamental que es el de protegerlos de los daños que cualquiera puede hacer al otro y de aquellos que puedan provenir de otros estados… El estado está en crisis cuando no [puede]… cumplir con sus deberes. El problema de la ingobernabilidad es la versión contemporánea del problema del estado que peca no por exceso sino por defecto de poder…”[3]

Realidad

No ha sido, no es ni será un problema de individualidades cercanas a Dios, de líderes, mesías o salvadores, si no de ideas políticas, de capacidades para el esfuerzo sostenido en un tiempo que pudiere muy bien superar tanto la vida misma de quienes lo intenten como su propia generación; de equipos con capacidad intelectual y técnica para entender y organizar el desempeño de otros; y sobre todo y por sobre todo, del empeño y desempeño de quienes nos llamamos y pretendemos asumir las atribuciones y la función de una sociedad civil, a quienes nos corresponde la tarea que requiere mayor capacidad intelectual y política en el esfuerzo por movilizar a otros y en la constancia por imponer, hora tras hora y día tras día, decisión tras decisión de gobierno, nuestra condición ciudadana y para lo cual, indiscutiblemente, el colectivo y todos y cada uno de quienes lo integran, en la medida de sus capacidades y posibilidades, deberán por lo menos:

1)   Despersonalizar la relación material, intelectual, estética o sentimental con el equipo e individualidades quienes aspiren u ocupen posiciones de dirigencia o de poder, ello en función del interés que hemos discutido, definido e identificado en el seno de esa que pretende erigirse como sociedad civil y que ha sido, nos es y nos será común a todos, independiente de posición social o económica, raza, color o religión.

2)   Imponer sin cortapisas, los tres antídotos contra: a) la evasión del conflicto; b) la ley del menor esfuerzo y c) la ausencia de rendición de cuentas y la derivada irresponsabilidad, tanto a nosotros mismos y a nuestro entorno social, como al equipo y todos y cada uno de los integrantes; esos, quienes pretendan representar nuestra aspiración en el ejercicio cabal y a plenitud de la ciudadanía y, eventualmente, asumir el ejercicio del poder en cualquiera sea el área de actividad de la Administración.

3)   Imposición constante y sostenida en función de que:

  1. Se asuma el conflicto político, social y económico en toda su magnitud y extensión;
  2. Para que se seleccione a los mejores y más capacitados en cada área de conflicto a atender y
  3. Para que cada uno y en cada posición de poder rinda permanente pormenorizadas cuentas tanto de su hacer como de su dejar de hacer y sus derivados y para que las asuma en toda su extensión y consecuencias.

4)   Ejercer en toda su extensión la tarea diaria de controlar el ejercicio del poder, independiente de que nos afecte o no directamente una u otra medida, uno u otro desempeño de quienes ejercen el poder. Esto es:

  1. Atenerse a la letra de la normativa vigente y de los acuerdos políticos a los cuales los partidos políticos hayan llegado.
  2. Una vez aceptados los acuerdos tanto por los partidos como por la sociedad civil, no hay posibilidades de cambios para y dentro de los acuerdos políticos:
    1.                                                i.     Si es democracia el sistema, será irreductiblemente democracia.
    2.                                               ii.     Si es un Estado de Derecho, es y será la norma vigente la que regule el hacer y dejar de hacer, tanto de los funcionarios del Estado como de los ciudadanos; nadie queda exento de las responsabilidades por incumplimiento o exceso en el cumplimiento de la ley.
    3.                                             iii.     Si por períodos de gobierno de alternativos, serán gobierno de duración por períodos predeterminados y sin reelección.
    4.                                             iv.     Si son elecciones democráticas para los cargos que se pauten por esa norma, serán elecciones democráticas.
    5.                                               v.     Si es gobierno representativo, quienes sean electos como representantes por el voto de los ciudadanos, deberán rendir cuenta periódica, primero a sus representados y al resto de los ciudadanos  de su hacer y dejar de hacer.
    6.                                             vi.     Si se acuerda la división de los poderes del Estado como entes autónomos en cada una de sus áreas, será cada uno autónomo y responsables por su hacer y dejar de hacer.
    7.                                            vii.     Si hay libertad para la expresión y divulgación de las ideas, opiniones, desacuerdos y denuncias; la libertad será absoluta para todos los ciudadanos.
  3. Si fuere necesario modificar una norma vigente, la sociedad civil movilizada deberá imponer su modificación por los mecanismos que esa misma norma establece.

Partidos

Como se entiende, la materia de esos acuerdos políticos corresponde necesariamente diseñarlos, divulgarlos, convencer y obtener el apoyo de los ciudadanos, a quienes tiene como objeto de su existencia la toma y el ejercicio del poder, a los partidos políticos y su dirigencia; allí está la diferencia con la sociedad civil a quien en todo caso y a todo evento corresponde la ardua y exclusiva tarea de escuchar la oferta, imponer las modificaciones en función del interés que identifica e impone como común a la sociedad, aceptarlos o no y muy en especial, sobre esos acuerdos políticos, imponer el férreo control de desempeño tanto de esos partidos, como de quienes pretenden representarlos.

Utopía

Posiblemente; pero –parodiando a Ariel Sharon–, no se sale de donde definitivamente estamos empantanados sin arriesgarlo todo, no se llega a nada ni se puede aspirar a la vigencia de la política y a la práctica de lo político para dar inicial sustento a esa política, si no estamos dispuestos a perder lo poco que hayamos logrado y exponer e imponer las ideas por sobre y en contra de la violencia y de los voluntarismos mesiánicos. No es ni la Biblia o Cristo, ni la Tora o Moisés, ni el Corán o Mahoma quienes nos sacarán a unos u otros de esta maraña de incompetencia y complicidades, somos nosotros mismos, no como masa donde diluimos y perdemos nuestra identidad ciudadana, sino como colectivo organizado alrededor de un interés común validado: la sociedad civil.

“… Para enfrentar este aluvión ideológico que penetró como una tromba en la cultura nacional y se instaló hasta en el ADN de una enorme porción de venezolanos, hay que, sin duda, lanzar una contracultura, un modelo civilizatorio que antagonice con el que encarna [el régimen]. Cualquiera otra cosa que trate de rivalizar con Chávez que tenga algún tufillo izquierdista, tropezará muy posiblemente con una granítica pared y estará condenada al fracaso…”[4]

Somos los ciudadanos, con nuestro hacer o dejar de hacer, los llamados a pensar y a hacer pensar la vía de acción, e imponer con nuestra voz y movilización constante y sostenida, la solución.

 


[1] “… Los hogares de los estratos sociales más bajos poseen actitudes no modernas en un 68%… del grupo social más alto tienen esas actitudes no acordes con una sociedad moderna en un 50%… es muy significativo que hasta un 50% del 2% más rico del país, tendría unas actitudes similares a los individuos en situación de pobreza…”. Luis Pedro España; “Detrás de la Pobreza”, pág. 37

[2] Przeworski, citado, Detrás de la Pobreza, pág. 158

[3] Norberto Bobbio “La crisis de la democracia y la lección de los clásicos”; www.ciudadpolitica.com

[4] Pedro Elias Hernández, citado