Credibilidad

¿En quién?

Rafael Rivero Muñoz

Caracas, 15/09/02

“… La Comisión de la Verdad se constituye cuando los organismos tradicionales de administración de justicia han perdido la credibilidad…”.

Así pretende instruirnos a quienes somos legos en materia jurídica, el presidente del Colegio de Abogados Rafael Veloz en su disertación ante representantes de otras instituciones, según está reseñado bajo la firma de Yesmariana Gómez en El Nacional de ayer miércoles, página D/3.

Trascendentes asuntos nos obliga a puntualizar tan depurada –o apurada– opinión emitida en el resto de la noticia.

¿Comisión de qué?

Eso de la comisión de la verdad, se percibe, no deja de ser otro cuento para ganar tiempo; mal montado y peor explicado por personeros del gobierno y que ahora toma para sí el presidente del Colegio de Abogados, aún cuando no estamos al cabo de saber si por los mismos motivos del primero: evitar por todos los medios que se conozca la verdad de los hechos del 11A. Puesto que, bien debería tan ilustre representante de tan ilustre colegio, ahondar en tan especializados temas y también ilustrarnos a los ciudadanos comunes:

¿Cómo se compagina eso de la creación y funcionamiento de una llamada comisión de la verdad para que cumpla con unas tareas y obligaciones que son de exclusiva competencia de la jurisdicción, sin romper con por lo menos tres principios jurídicos pautados en el cuerpo de leyes de la República: la autonomía del Poder Judicial, el principio del juez natural y el principio del debido proceso?

Agrega la reseña de Y. Gómez otra decisión tomada:

“… El Colegio de Abogados con la colaboración de otras instituciones creará un organismo que, si bien no es oficial, se encargará de conservar y reunir las pruebas para elaborar un dictamen que precalifique los delitos cometidos, el cual presentará ante organismos internacionales…”.

El término prueba en materia penal, asunto que el presidente del Colegio de Abogados, se asume, debe dominar a cabalidad, tiene precisa normativa y metodología para su colección, tratamiento, conservación, uso y efectos, y sólo son admisibles en una causa penal y cumplen los efectos previstos, si todo su tratamiento se sujeta a los términos de esas normas.

En su defecto, además de la anulación de una y otra prueba derivado de la ilegalidad del procedimiento, representa algo más que trabajo y tiempo perdido para unos, las víctimas e, indudablemente, beneficios directos que juegan en favor de la defensa y de los imputados.

Una cosa es respetar a cabalidad los derechos que asisten a los imputados en una causa penal, cosa en la que estamos de acuerdo, pero otra muy distinta viene a ser, por una práctica ilegal: la destrucción, alteración o anulación de una u otra evidencia incriminatoria.

¿Cómo es que una comisión designada con o sin una ley, sea por la Asamblea o en este caso por un colegio profesional, puede substituir de un plumazo a los jueces, investigar, acopiar y sustanciar pruebas, interrogar, calificar, juzgar y sentenciar a supuestos culpables, sin que se viole en su totalidad el concepto y la práctica del estado de derecho?

¿En qué se diferencia entonces tal desempeño de uno u otro ente venezolano, de eso que tanto ha sido objeto de críticas por los expertos en la ciencia del derecho en cuanto a la pretensión de algunos “revolucionarios” de llevar adelante y ejecutar juicios populares?

Valdría la pena responder esos preliminares, antes de concitar voluntades y la “colaboración de otras instituciones”

¿O es que también esto, la investigación penal de los asesinatos del 11A, se está negociando entre algunas cúpulas “coordinadoras” y gobierno, y como en el pasado, se impondrá de hecho y de supuesto derecho, el desvío, el bloqueo y la anulación de la natural y necesaria reacción de la sociedad y un ilegítimo atropello a los derechos que asisten a las víctimas y dolientes, como en el pasado, se consolide su derivado inevitable: la impunidad?

Agrega la reseña:

“… se elaborará el dictamen con las recomendaciones pertinentes, el cual se presentará en la Cumbre de Presidentes y Decanos de Colegios y Agrupaciones de Abogados que se realizará en Lima el 23 de este mes… el expediente se entregará a la Federación Interamericana de Abogados (FIA)… contará con el apoyo del Colegio de Abogados de Madrid…”.

Un Presidente y un Canciller, aceptable o no pero en su juego, que en foros públicos internacionales critican y cuestionan una sentencia del máximo tribunal de la República, que pretenden una acción política interna y extrafronteras que anule los efectos de esa sentencia, no deja de tener efectos en auditorios integrados por representantes de naciones que han instaurado, conocen y practican una rígida independencia de los poderes del Estado.

Pero es que en este caso que se comenta, no se trata ya de representantes del Estado sino de una institución privada que, tomando para sí atribuciones que no le están pautadas en norma vigente alguna, invaden las propias a uno de los poderes del Estado. Tendrá también severos efectos, mas si la exposición o planteamiento tiene como auditorio a representantes de colegios y agrupaciones de abogados, que dominan a la perfección la terminología, la concepción, normativa y práctica del estado de derecho.

Por favor, quien tenga la voz cantante, explíquese y explíquenos: ¿Quién, desde cuándo y hasta cuándo, tiene delegada la autoridad suficiente como para poner otra vez en ridículo a todo el resto de los profesiones de una rama del saber e imponer ese indeleble daño al gentilicio venezolano?

La historia castiga

El descuido, la conveniencia o el contubernio de ayer, pesa hoy y más en el caso que nos ocupa; veamos.

El viernes 7 de abril de 2000 en la página Nº 15 del diario El Mundo aparece publicada un aviso oficial de la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial bajo el titulo “Lista Nacional de Jurados para las evaluaciones y concurso”, donde aparece entre otros el ciudadano Horacio Márquez Moreno.

Luego de un cruce de correspondencias con el Inspector General de Tribunales, para aquel entonces Dr. René Molina Galicia, recibo respuesta via e–mail de la abogada asistente de la IGT Yajaira Yrureta Ortíz, donde se me confirman los particulares solicitados y que el citado abogado, era la misma persona que tenía registrada en mis archivos.

Es decir, la misma persona que el 21 de enero de 1970, siendo titular en funciones de la Fiscalía Quinta del Ministerio Público –quien en aquel momento actuara en complicidad con otros abogados, exguerrilleros, funcionarios y exfuncionarios públicos de ese ayer, y algunos que también son del hoy–, habría participado en la planificación, ejecución, captura, confinamiento, cobro de rescate y luego liberación del menor León Taurel y quien, a pesar de su confesión, de la recuperación del dinero de rescate pagado, y del cúmulo indiciario aportado por la policía a la Fiscalía del Ministerio Público y a los tribunales, por las vinculaciones de él y otros de los encausados con la “tribu” dominante en el Poder Judicial, jamás fue investigado, sometido a juicio y menos aún juzgado y sentenciado.

A requerimiento expreso en subsiguientes comunicaciones, me fue informado por la misma vía y autoridad de la IGT, que el citado sujeto había sido propuesto para formar parte de esa Comisión para la Evaluación de Jueces, mediante una comunicación escrita firmada por el Presidente del Colegio de Abogados del Distrito Federal.

Si bien es cierto que el citado Horacio Márquez Moreno no fue condenado, tal circunstancia no fue el derivado de un juicio sino antes por el contrario, de la ausencia de un juicio penal y por lo tanto, ningún tribunal de la República en 32 años ha dictado sentencia que declare su inocencia, también es cierto, tampoco culpable. Quedó en el limbo el asunto y durmiendo el sueño del olvido como tantos otros asesinatos y secuestros del ayer y del presente de este país.

En su momento, una vez confirmados los particulares, solicité a René Molina Galicia el envío de un cuestionario y correspondencia al Colegio de Abogados del Distrito Federal demandando respuestas y, con mi firma me dirigí al Fiscal General de la República, Javier Elechiguerra, con fecha 11 de mayo de 2000, imponiéndole del asunto. Aún estoy a la espera de alguna de esas respuestas.

Pero ese no es el caso que nos ocupa hoy, es sólo un precedente, importante a los efectos de la dinámica imperante hace dos años en ciertos estamentos de decisión colegiada; si es el mismo presidente del colegio o ello ha variado y otros son los criterios aplicados, no estamos al cabo de conocerlos. Pero el asunto es serio, tanto, que nos obliga a preguntarnos ahora, ante estas afirmaciones de ese mismo estamento de decisión colegiada: ¿Cuál es el juego?

Porque, que se sepa, en las masacre del 27F, El Amparo, 4F, 27N, para nombrar sólo algunas de los tantos crímenes colectivos más impactantes en la sociedad venezolana, jamás había escuchado o leído tal género de pronunciamiento del Colegio de Abogados. Tampoco del mismo tan preocupado ente, hemos leído de reuniones para tratar el severo problema de la deficiente formación profesional.

Recordemos a este tenor, el resultado de aquellas dos pruebas de capacitación profesional a los candidatos a jueces; de esas dos realizadas donde participaron varios cientos de candidatos, sólo menos del veinte por ciento (20%) fue capaz de pasarla y dentro de las deficiencias que le impidieron hacerlo al otro ochenta por ciento (80%) –entre los cuales una buena cantidad eran jueces en funciones–, estaba la falta de ortografía y la incapacidad para exponer sus ideas en forma oral o escrita.

Tampoco hemos oído opinión institucional alguna sobre el grave problema de que el ochenta por ciento (80%) de los titulares de los cargos de jueces en la República, son provisionales. Son temas propios a una institución que, si se precia de tal, está obligada a cumplir, tareas institucionales.

Algo más que acuerdos

Por su parte el presidente de Fedecámaras, Carlos Fernández “… quien, respaldó la iniciativa, expresó que ‘el país reclama justicia y necesita saber quiénes son los responsables, por eso colaboraremos con nuestra consultoría jurídica, y algunas empresas particulares con aportes económicos’…”.

Si bien la sociedad como un todo, los familiares de las víctimas, las víctimas vivas y los ciudadanos, demandan que de una vez por todas, alguna vez en Venezuela, la ley se imponga y que derivado de ello, la justicia se administre en los precisos términos del pautado estado de derecho, la mejor ayuda que todos –colectivos e individualidades– pueden prestar a ese cometido, es conocer y hacer conocer la ley, imponernos e imponer a los otros esa ley. Todo otro desempeño, no importa cuan popular, pantallero u oportunista pueda ser, no hará otra cosa distinta a la de ahondar la brecha ya de por sí profunda, aplicar un abrasivo de grano grueso a la única y exclusiva manera que la civilización occidental ha concebido y practicado para vivir en una comunidad de ciudadanos responsables con deberes y derechos, y de instituciones con credibilidad.

Acerca de rriverom
http://www.home.earthlink.net/~accioncivica/ http://twitter.com/#!/rarmuz

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