Crimen y criminalidad

 Los efectos derivados en Venezuela

Rafael Rivero Muñoz

15/05/02

Puede asegurarse sin temor a exageraciones, que la situación actual de la legalidad, legitimidad y materialidad del ius puniendi[1] del Estado, como derivado de costumbres y prácticas consuetudinarias que rompen con varios principios jurídicos, con normas de derecho vigentes, con las técnicas procesales y los procedimientos policiales de carácter universal, se encuentra en tal grado de inconsistencia e impertinencia que, difícilmente, soportándose en el hacer de la administración por órgano de la policía –independiente del ámbito de las obligaciones y especialidades de ésta–, y mientras persista y no se corrija la práctica, nula o limitada será la actividad sancionatoria del Estado[2].

En esos términos, ninguna pretensión Fiscal podrá lograr hacer válido sus alegatos de imputación en contra de uno cualquiera sea el ciudadano que se pretenda encausar por una ilícita conducta o delito sobre la cual verse la pretensión o circunstancia de la cual se trate.

¿Dónde comienza?

El concepto, responsabilidades y limitaciones del Estado dentro de la precisa estatuida división de poderes que hemos examinado en notas anteriores, nula o precariamente son respetadas, tanto por la policía como por los propios representantes del Ministerio Público. Los términos que se pautan tanto en el cuerpo de normas administrativas y penales de la República, como en el código de procedimiento penal y en los reglamentos que regulan la actividad de la policía, como hemos evidenciado en esos trabajos, no están soportados en precisas ejecutorias definidas y concretadas en detalle en lo que configuraría la concreta expresión jurídica de la voluntad, manifiesta y normada, de la Administración.

En otros términos, expresión de la voluntad administrativa, significa lo propio a principios y normas para la ejecución de los actos administrativos: pautado insustituiblemente por escrito y de acuerdo a los principios y procedimientos administrativos que lo validen y decreten, y en cada caso, por el órgano competente. Pero además de ello, procedimientos de inviolable, insustituible y obligatorio cumplimiento, sólidos en forma y substancia, que viene a ser en el caso que nos ocupa: una batería de Manuales de Procedimiento Policial, decretados por la Administración dentro de los términos que pautan los principios y normas para la ejecución de los distintos y variados actos de ordenación administrativa, y previstos para cada circunstancia de orden público, en cada especializado desempeño del hacer policial y para cada tarea de expresa manifestación del ejercicio puntual de eso que denominamos, la voluntad de la Administración.

¿Dónde está el desaguisado?

Por principios de carácter universal y normas estatuidas, la voluntad de la Administración no tiene otra forma de expresarse que por órgano de una jerarquía, en cuyo caso por tanto, cada acto de la policía ejecutado, para que pueda ser considerado y admitido como la expresión de la voluntad de la Administración –y no pueda ser tachado por parte interesada como de origen particular a un determinado ejecutor–, debe ser desempeñado de acuerdo a esas precisas instrucciones, medios y procedimientos normados por los Manuales de Procedimiento Policial.

En este sentido, para que el acto revista el carácter de esa expresión de la voluntad administrativa, debe cuando mínimo cubrir, entre otros, los siguientes extremos:

  1. Además de ser directamente dispuesto, oficialmente ordenado por la autoridad y ejecutada por un funcionario competente.
  2. Deberá ser insustituiblemente supervisado sobre el terreno de la particular ejecutoria y este caso, por una estructura jerárquica policial de ejecución.
  3. Sometido luego, cada una de las ejecutorias y su compendio o acumulado, si fuere el caso, a no menos de dos o tres verificaciones, comprobaciones, aval y certificación oficial por parte de escalas intermedias y superiores de la jerarquía policial.
  4. Nivel por sobre el cual opera entonces, la facultad de la Administración para la revisión de sus propios actos, en este caso, la acción jerárquica del mando superior de la organización policial, que puede perfeccionar o modificar el acto y disponer su mejor hacer, y la tutelar del órgano administrativo de adscripción, quien, si bien no puede modificar el acto, puede sin embargo rechazarlo, no admitir su tramitación y ordenar una mejor ejecución o su perfeccionamiento en caso de deficiencias.
  5. Versa como mínimo la supervisión jerárquica y la tutelar de todos los actos administrativos de policía:
  • Sobre la propiedad del acto: el sometimiento de las ejecutorias a las precisas pautas previstas en las normas reglamentos y manuales de procedimiento prescritos al efecto.
  • La pertinencia: la relación causal lógica y jurídica entre el medio administrativo aplicado y ejecutado y el hecho que se pretende certificar en el acto.
  • La legalidad: que los requisitos legales, formales y procesales administrativos, hayan sido cubiertos y satisfechos a cabalidad en todas y cada una de sus partes.
  • La validez: la calidad jurídica de desempeños en el acto administrativo, deberá irrenunciablemente estar en capacidad para surtir los efectos previstos por la Administración y la norma en su ejecutoria.

 

La admisibilidad del acto administrativo en el ámbito de la jurisdicción: lo que significa para el ejecutante, la ejecutoria y los resultados, estar disponibles para ser examinados al detalle en audiencia pública, y para la escala jerárquica de mando y conducción policial, supervisar, verificar, comprobar, corregir, certificar y garantizar la admisibilidad a los efectos de la propia Administración, de cualquier sea otro el poder del Estado y de terceros interesados, a cuyos efectos garantizar:

La asegurada y jurídica aceptación del medio de certificación que se presenta, escritos, fotos, planos, testimoniales y demás soportes.

La pertinente habilitación administrativa: juramentación al cargo, acreditación profesional, administrativa, experiencia y experticia del ejecutante y de todos y cada uno de sus escalones superiores de supervisión inmediata.

Soportes oficiales de indiscutible y comprobable autenticidad para el ejecutor directo del acto administrativo. Comenzando por la libreta de notas, personal y oficial, siguiendo con los asientos en los registros oficiales –Libro Diario de Novedades[3]– sobre la emisión de la orden de ejecución, jefe de misión y personal comisionado, equipos y materiales asignados, los particulares dispuestos para esa ejecución, la identificación, título y subtítulo oficial y código del Manual de Procedimiento pautado y aplicado, el y los informes oficiales de ejecución y resultas, emitidos por el funcionario ejecutante; el asiento de recepción, origen, destino y estado de los soportes y elementos físicos tomados a resguardo, cadena de custodia, y la identidad de los ciudadanos que por cualquiera sea la causa hayan sido sometidos a cualquiera sea la medida que se trate en el acto administrativo de policía.

A lo cual ha de agregarse la reseña e identificación oficial de las actas, libros, lugar y condiciones de almacenamiento, y certificaciones oficiales demostrativas del cumplimiento de los términos de la cadena de custodia.

Terminando con la reseña de los registros y avales de cada paso del procedimiento ejecutado por parte de los supervisores responsables jerárquicos en cada nivel de mando y conducción policial.

En igualdad de condiciones y los mismos efectos, si fuere el caso y a demanda de las partes, cada uno de los niveles de la cadena de supervisión jerárquica y tutelar responsable, deberá estar en disponibilidad de medios de certificación, y capacitado para ser examinado en una audiencia pública ante un juez, tanto sobre los procedimientos estandarizados y regulares pautados, en vigencia y aplicados en las ejecutorias policiales, como sobre cualquiera sea el pertinente particular referido al preciso Acto Administrativo del cual se trate en la audiencia.

Disposición, supervisión, habilitación y presencia efectiva en la audiencia pública de ejecutores, y de supervisores si fuere el caso, para sustentar en todos sus detalles la ejecutoria y los resultados ante un breve, o al contrario, minucioso y exhaustivo examen oral y controvertido por las partes procesales en la audiencia pública.

Capacidad intelectual y de expresión verbal pertinente tanto del ejecutante como de sus supervisores responsables, para atender la citación, rendir testimonio público sobre lo que hizo y ejecutó en fecha, hora, lugar, circunstancia y acto preciso, soportado en sus notas personales y sujetándose exclusivamente a los particulares del acto ejecutado, Manual de Procedimiento y método aplicado, cuidando de no emitir opinión personal o técnica alguna, salvo a requerimiento preciso de juez o cualquiera de las partes; superar con precisas respuestas las demandas sobre cualquiera sea la aseveración, duda o detalle que fuere requerido por una u otra de las partes en la audiencia pública, o en el interrogatorio que pudiere adelantar el juez.

La derivada satisfacción de la voluntad de la Administración, con admisión y el cumplimiento de los efectos jurídicos previstos para el acto administrativo de policía del cual se trate.

En consecuencia

Si examinamos con detenimiento un gráfico sobre el sistema acusatorio venezolano previsto en el Código Orgánico Procesal Penal (COPP) nos daremos cuenta que, desde la comisión de un ilícito penal hasta la ejecución de la sentencia, son cuando menos sesenta (60) distintos y concatenados eventos a ser ejecutados en instancia jurisdiccional en cuatro fases del procedimiento penal regulado por esa norma. Todos esos sesenta pasos o eventos de la fase preparatoria, intermedia, de juicio y de apelación en el ámbito de la jurisdicción, son inevitablemente dependientes, derivados y subsecuentes, a una normada y legítima ejecutoria de la Administración por órgano de la policía. Y a partir del momento en que ésta –la policía– se entera por cualquier medio de la alteración del orden público, de la comisión de una infracción o de un delito y se hace presente en la escena de los hechos. Partiendo de ese primer instante, observando otro gráfico sobre la ejecución del acto administrativo de policía, son por lo menos otros cuarenta (40) concatenados eventos que han de realizarse en términos jurídicamente validados, y antes de que el Ministerio Público esté habilitado y pueda asumir a cabalidad la ejecución de sus deberes y responsabilidades como poseedor del monopolio de la acción penal.

Es la norma

Ya hemos comentado con suficiencia, que los actos administrativos de policía son exclusivamente eso, actos administrativos y jamás actos con valor probatorio de nada. A lo sumo, el acto administrativo de policía es a los efectos de la Administración, de cualquier otra instancia del Estado o particular interesado, la constatación, verificación y certificación oficial de un evento o serie de eventos particulares a una determinada circunstancia de orden público. Es sobre esa certificación oficial emanada de la Administración por órgano de un cuerpo jerárquico, donde el Ministerio Público, una vez que ha admitido el informe oficial y sus soportes, complementado con algunas comprobaciones previas extra–judiciales –o mediante la figura de la prueba anticipada solicitada a la instancia pertinente, autorizada y supervisada por el juez de control y por la contraparte si fuera el caso–, edificará sus pretensiones de imputación contra quien resultare, a su libre entender y apreciación, sospechoso, y presentará y expondrá ésta ante el juez de control con sus alegatos para requerir de éste, soportando su pretensión –tanto en las resultas del acto administrativo policial como en las comprobaciones extrajudiciales ulteriores–, de apertura de un juicio penal y de la aplicación de medidas de aseguramiento o sustitutivas sobre el imputado.

Si el acto administrativo de policía.[4], por las causas que fueren, no soporta los particulares comentados y referidos al examen somero o exhaustivo al cual sea sometido en audiencia pública y a requerimiento de parte o por propia iniciativa de la instancia judicial, la pretensión Fiscal se debilita y corre el riesgo de no ser admitida, y de hecho, técnica y legalmente, es inadmisible.

Son los principios universales

La presunción de inocencia, el debido proceso, el juez natural, la igualdad absoluta de las partes en un juicio, la inadmisibilidad en la jurisdicción de actos extrajudiciales ejecutados sea por particulares o funcionarios incompetentes, no habilitados legalmente o de actos pretendidamente administrativos no sujetos tanto a una supervisión y certificación jerárquica como a la vez a normas y procedimientos normados y concluyentes mediante los cuales se exprese esa precisa voluntad de la Administración, hacen inviable la apertura de investigación judicial, juicio y condena de cualquiera sea el imputado o la causa penal objeto de una pretensión del Ministerio Público, único órgano del Estado habilitado y capacitado para intentar y ejercer la acción por ante la jurisdicción. Sustancial derivado de ello, el ius puniendi del Estado, no puede ser jurídicamente ejercido y materializado.

Derivado inapelable

Como queda en consecuencia establecido, las constantes críticas de la cual ha sido y sigue siendo objeto el texto del COPP desde su promulgación, por jefes policiales, opinadores y representantes de la sociedad, con el alegato de ser una de las causas cuyo derivado es la imposibilidad de ejercer la acción penal contra los responsables de delitos, resulta impropia y absolutamente falsa. En y con ello se oculta una diáfana e indiscutible realidad.

El problema, queda comprobado, no está en el texto. El problema arranca con la severa falta de formación e incapacidad profesional tanto de los representantes del Ministerio Público como de los cuadros superiores e intermedios de los órganos de ejecución material de las medidas y operaciones de policía adscritos a la Administración. Competentes para ejecutar los actos administrativos de policía dentro de los precisos términos que desde el texto fundamental, pasando por el cuerpo de leyes de la República hasta llegar al código de procedimiento penal, reglamentos y manuales los validan y los hacen admisible ante cualquiera sea la instancia donde se pretenda cumplan con los efectos previstos en sus ejecutorias: la sanción del infractor o condena a quien cometa un delito.

Desde el momento en que, no existiendo por las causas que fueren, manuales de procedimiento estandarizados y validados por la Administración, de obligatoria, irrenunciable y comprobable aplicación por igual a todas las circunstancias de orden público que deban ser atendidas por la policía y en estricta igualdad de condiciones, y desempeños certificados, para toda individualidad o colectivo que integra el conglomerado de administrados; ésta –la Administración– no puede entonces validar, además de otras determinantes jurídicas propias a los actos administrativos, la ejecución de su voluntad; esos actos ejecutados por órgano de la policía también por las causas que fueren, carecen de la principal herramienta de soporte y manifestación de esa voluntad, no están sujetos a ejecutorias dispuestas, ordenadas, supervisadas, verificadas y certificadas por medio de un órgano jerárquico capacitado, profesional y jurídicamente competente y pertinentemente actuante.

Allí está el soporte de nuestra aseveración al inicio de esta nota. Tiene una respuesta concreta el problema del crimen, la criminalidad y los efectos derivados en Venezuela.

––––––––––––––––

[1] La potestad material del poder del Estado emanada de la soberanía en la cual se fundamenta la punición. “… El poder punitivo estatal alude, en efecto, a una facultad del Estado derivada de la soberanía que le permite determinar ciertas circunstancias de hecho constitutivas del ilícito como integrantes de la categoría de delito y aplicar las penas correspondientes…” Jesús Ramón Quintero P. “Delitos e Infracciones Administrativas”. Discurso de incorporación a la Academia de Ciencias Políticas y Sociales; 20 de mayo de 2003, Caracas.

[2] Por una parte el Fiscal interfiere el Acto Administrativo al ejercer funciones jerárquicas sobre la comisión policial presente en la escena del hecho supuesta o definitivamente criminoso; dispone, ordena ejecutorias, interroga testigos, víctimas, potenciales imputados; manipula, toma bajo su personal control probables evidencias; rompe la continuidad del Acto Administrativo, siendo que su función en la escena, en todo caso y a todo evento, es exclusivamente tutelar. Por su parte, la policía, por práctica y derivado de la imprudente injerencia Fiscal, altera la ejecución regular y normada del acto, ignora métodos y procesos estandarizados, aplica sin orden ni concierto el libre entender y hacer del funcionario actuante, y hasta traslada a su despacho y hace rendir declaraciones escritas y firmadas por testigos, sospechosos y víctimas, en la gran mayoría de los casos, descuidando su precisa función destinada a la constatación, verificación, fijación y certificación de hechos, y la más importantes básicas tareas para la aplicación y certificación de la Cadena de Custodia sobre elementos criminalísticos o potenciales evidencias físicas. En definitiva, el acto se convierte en un desaguisado, por una parte deja de ser un Acto Administrativo en el estricto sentido del término, mientras a la vez, tampoco es, ni puede ser clasificado o admitido como un acto jurisdiccional.

[3] No se trata de cualquier libro, cuaderno, papel o tipo de soporte –sistemas computarizados incluidos–, sino aquel foliado que oficialmente ha sido abierto, definidos sus pormenores, procedimientos y detalles básicos a ser anotados, funcionario competente para ejecutar los asientos y régimen de supervisión jerárquica y periódica. Todo ello el contenido de un acta oficial emitido por la autoridad competente en cada caso; sobre estos asientos, la oportunidad, datos, certitud e inviolabilidad de lo asentado, deberá y podrá la entidad competente de la Administración, a requerimiento de cualquiera sea la instancia propia o de otro poder del Estado, emitir certificaciones que le sean demandadas. El Libro de Novedades Diarias Oficiales, como se le denomina en cualquier servicio de policía, está y debe estar previsto a los efectos del registro oficial diario, detallado y permanente de todas y cada una de las incidencias del hacer cotidiano de la dependencia, del personal, del equipos y de los desempeños del despacho o la unidad administrativa de la cual se trate; disponible también a cualquiera sea la inspección, constatación, verificación o certificación in situ que demande la Administración, cualquier representante de otro poder del Estado o tercero interesado.

[4] Acto: “… Manifestación de voluntad o de fuerza… Instante en que se concreta la acción… período o momento de un proceso, en sentido general…” (Guillermo Cavanellas de la Torre). Algún experto podrá considerar que antes que un Acto Administrativo en un Acto de la Administración. Se entiende que el primero –el Acto Administrativo– supone el ejercicio de una actividad concreta, se refiere a casos concretos: “… una actividad funcional y concreta del Estado, que satisface las necesidades colectivas en forma directa e inmediata, contínua y permanente y con sujeción al ordenamiento jurídico vigente…” (tomado de Manuel María Diez). Distinto en todo caso al Acto de la Administración que es de carácter general o abstracto, que no es un Acto Administrativo, pero podrá ser un Acto de la Administración al mismo tenor que los reglamentos dictados por la autoridad administrativa, los actos que resulten de la actividad interna de la administración, los pareceres emitidos por los órganos consultivos y los hechos materiales de la administración que impliquen una manifestación de voluntad. Sostenemos que, salvo prueba en contrario, mientras que el decreto que dicte y ponga en vigencia los Manuales de Procedimientos Policiales, expresión de la voluntad de la Administración, son un caso típico de Acto de la Administración; las ejecutorias policiales particulares que éstos disponen y regulan, son actos concretos, son Actos Administrativos. En todo caso, la expresión de la voluntad administrativa en el Acto Administrativo de Policía, está en el hecho de que ésta, en función de orden público, interviene en el desorden para restaurarlo y hace suya la acción de de restauración del orden, de prevenir el peligro y la ocurrencia de daños en el caso de las infracciones; de constatar la ocurrencia de una conducta tipificada como ilícita. La policía interviene tanto para rescatar y auxiliar o hacer auxiliar víctimas como para restituir el orden y evitar la propagación de daños sobre otras personas, como para someter a control al perturbador del orden, los instrumentos en uso y finalmente, certificar los pormenores de ocurrencia y poner en manos de la instancia competente, la tipificación, investigación, juzgamiento y condena del sospechoso, potencial responsable del daño causado.

Acerca de rriverom
http://www.home.earthlink.net/~accioncivica/ http://twitter.com/#!/rarmuz

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