Empastela, empastela

 Que algo queda

Rafael Rivero Muñoz

Caracas, 12/12/02

Leemos en alguno de los medios de comunicación que nuestra mal llamada “policía científica” ha anunciado que someterá al ciudadano detenido por la Masacre de Altamira, al tan publicitado y nada certero “Detector de Mentiras”: “… El subdirector del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Pe nales y Criminalísticas, comisario Raúl Yépez, informó que el detenido será sometido también a la prueba del polígrafo (detector del mentiras)…” (Rafael Luna Noguera, El Nacional, D12, jueves 121202).

Baste para comentar la supuesta precisión del citado instrumental, algunos detalles de su funcionamiento y la bien precaria calidad de sus resultados, que, en algunas causas han llegado a determinar dos dramáticos e inexactos extremos de una misma ecuación: tanto la inocencia de un culpable, como la culpabilidad de un inocente.

¿Detector de Mentiras?

También conocido como Polígrafo fue desarrollado inicialmente en el año 1921 por el estudiante de medicina John A. Larson. Es un instrumento muy utilizado por los organismos de seguridad –públicos y privados– en sus investigaciones y verificaciones preliminares de seguridad, en los procesos de reclutamiento de personal para cargos de alto nivel de confidencialidad y confiabilidad y en los casos de manejo indebido de bienes tangibles o no de una empresa.

Consiste básicamente en un instrumental y técnica que, durante el desarrollo concurrente de un elaborado y preciso interrogatorio con preguntas destinadas a respuestas si ó no, ejecutado por un experimentado e imparcial técnico y en ambiente de laboratorio, toma registros gráficos simultáneos de la presión sanguínea, la pulsación y la respiración de la persona sometida a la prueba; actualmente tiene incorporada la posibilidad de registrar e imprimir graficas, también en forma simultánea, de la respuesta eléctrica de la dermis, mediante la medición del flujo de corriente entre dos puntos de la piel del examinado.

Credibilidad

Según el criterio hecho expreso por Leopoldo López Gómez y Juan Antonio Gisbert Calabuig en su obra Tratado de Medicina Legal (Saber, España, 1962): “… Acogida en un principio con entusiasmo esta técnica, parece no haber suministrado datos de un rigor tan científico como fuera de desear, debiendo aceptarse con cierta reserva sus resultados…”.

Aún los pocos y más experimentados peritos dudan de la precisión de los resultados en la aplicación y el uso del polígrafo en las miles de pruebas realizadas en Venezuela, específicamente para la selección de personal crítico por parte de empresas industriales, financieras y de servicios, o para la investigación privada de casos de infidelidad del personal de seguridad o de aquel cuyas responsabilidades pudieren estar sujetas a dudas en la custodia y el manejo de know how, de las informaciones, los datos o conjunto de secretos industriales o comerciales, de los documentos, el dinero o los fondos de esas empresas.

Si bien es cierto que en los casos de captación, selección y contratación de personal, el riesgo del error tiene como máxima expresión en sus dos extremos: sea la contratación e incorporación a la empresa de un sujeto que reúne características que en el inmediato o a futuro incrementará la calidad de los riesgo y pérdidas para la empresa; sea el descarte de un sujeto poseedor de un importante y nada despreciable potencial con efectos de beneficio para la empresa. Ambos errores, antes, durante o después de las decisiones derivadas de ese tipo de examen y técnica, son subsanables.

Un crimen alevoso

Salvo la decidida y programada intención de quienes así lo decidan, destinada a burlar la justicia en el caso que nos ocupa, no existe margen alguno para el error. No se trata de seleccionar a una persona para un determinado cargo en una u otra organización. Se trata de una investigación criminal que está destinada a evidenciar y probar con precisión en un debate probatorio ante la jurisdicción, la autoría material del asesinato a tiros de por lo menos tres desprevenidos ciudadanos y las heridas de otros veintiocho; producto y consecuencia ello de un ataque indiscriminado, injusto, sin provocación, traicionero, a mansalva, por motivos fútiles; ejecutado desde el interior de una multitud concentrada superior a las doscientas personas y con un decidido uso de las ventajas que brindaba terreno y las que derivan tanto de la sorpresa del ataque como el tipo de instrumento letal utilizado para cometerlo

Desde cualquiera sea la perspectiva desde donde nos ubiquemos en la materia de investigación criminal, imputación, juicio y condena de un ciudadano por ante y por la jurisdicción por la comisión de arteros asesinatos, no existe valor probatorio alguno para la acusación o la defensa, para el alegato y la utilización de este ya desechado instrumental y técnica. Instrumental y técnica que históricamente no supera ni superará jamás el veinticinco por ciento (25%) de certidumbre.

Existen definitivamente cuatro distintas posibilidades de respuesta las que han arrojado y arrojan los resultados de la aplicación del detector de mentiras en los exámenes dirigidos a conocer el grado de veracidad o certitud de las respuestas que brinde una determinada persona sometida voluntariamente a este tipo de prueba.

Culpable

resulta

Culpable

Inocente

resulta

Inocente

Culpable

resulta

Inocente

Inocente

resulta

Culpable

Otra masacre

Derivado directo del supuesto proceso investigativo criminal sobre la Masacre de Miraflores, existen ya suficientes y connotadas evidencias que señalan una definida y constante política del Estado: ocultar la verdad. La definitiva ausencia tanto de una voluntad manifiesta de los responsables del Estado en una verdadera administración de justicia, como de una reacción de la sociedad que se oponga y la imponga; en unos, en el tratamiento normativo, en el otro, la alarma y consideración social de los severos problemas derivados tanto de la inseguridad como de la criminalidad. En este año rondamos ya en el orden de los 35 muertos por cada 100.000 habitantes, producto esto de la acción de los delincuentes profusamente y decididamente pertrechados por funcionarios del propio Estado. No menos del noventa por ciento de esas muertes han sido ocasionados con armas de fuego.

Ante esas cifras que revelan el estado de la criminidad en Venezuela, silencio por parte de los responsables del Estado; el Poder Ejecutivo no actúa puesto que son “ajustes de cuenta”; el Legislativo, demuestra que no es su problema tampoco lo es del Electoral; el Judicial, dedicados al acomodo y la cuadratura política, no supervisa, ni investiga ni condena y el Moral, definitivamente inmoral, de sus tres integrantes destaca el hacer y dejar de hacer social, político y jurídico del Defensor del Pueblo: talibaneando.

Mientras tanto la sociedad, ante esta mortandad que la aniquila y que supera ya –en cifras referidas a la población o al lapso sujeto a examen– a cualquiera sean las que han arrojado y arrojan cualquiera sea el conflicto bélico o sociedad que examinemos, no reacciona, guarda un silencio de cementerio. Cada quien, en conjunto y por separado, dentro y fuera de su comunidad local, como miembro de una manada de borregos pastando en descampado, ve caer en silencio día a día, hora a hora, minuto a minuto, independiente de edad, sexo o condición, uno, otro, otro y otro de sus miembros: ¿Hasta cuándo?.

¿Ajuste de cuentas?

Lo único que falta es que además de este infantil cuento del subdirector de la “policía criminal” sobre el detector de mentiras y el resto de las evidentes maniobras mediáticas (“… 99% de los disparos en la plaza Francia los hizo Joao De Gouveia…”) destinadas a silenciar la verdad de los hechos en la Masacre de Altamira, y, por disposición o no del alto gobierno, ahora, dentro del más depurado estilo del general Belisario Landis –inventor del concepto–, nos monten la historieta de que, el motivo por el cual disparó el “señor” o “caballero” Joao, quien fuera desarmado, capturado in flagranti por los ciudadanos y entregado a la Policía de Chacao, fue un ajuste de cuentas.

¿No alegó éste la misma noche de su captura que su acción estaba dirigida contra periodistas –que no individualizó– de uno u otro canal? Si estaban o no periodistas presentes en el área geográfica y al alcance los disparos de su arma y ataque, no pareciera ser gran problema para nuestros ya bien entrenados y experimentados “criminalo–maquilladores”, puesto que, hay que complacer al jefe y a la supuesta revolución; en todo caso y a todo evento, en algún lado de esa plaza estaban los periodistas en el momento de la Masacre de Altamira.

Así que, “criminalísticamente” hablando: empastela, empastela, que algo queda.

 

 

 

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