La Masacre de Miraflores

Jueves 11 Abril de 2002

Ayuda Memoria Revisado 160409

Rafael Rivero Muñoz

Caracas 170502

 

Información General:

Consideraciones preliminares

La gravedad de los hechos criminales ocurridos en la ciudad de Caracas el día jueves once de abril del año dos mil dos (11/04/02) tuvo como eje el Palacio de gobierno en Venezuela, Miraflores y la ación de los criminales se extendió sobre una circunferencia imaginaria con un radio de unos quinientos (500) metros.

Estos hechos significaron la muerte por disparos de armas de fuego –en su gran mayoría impactos sobre la cabeza y cuello de las víctimas– de por lo menos diecinueve (19) ciudadanos y de más de cien (100) heridos graves en un lapso no mayor a los sesenta (60) minutos contados a partir del primer disparo.

Los disparos de las armas de fuego que causaron tales muertes y heridas severas fueron realizados, con ventaja, sorpresa, alevosía y desde posiciones seguras y a cubierto, y sobre la avanzada de una marcha pacífica de protesta –integrada por minusválidos, ancianos, niños, mujeres y hombres de distintas edades y estratos sociales– que tenía como destino el Palacio de Miraflores y como objeto solicitar la renuncia del titular de la Presidencia de la República Hugo Rafael Chávez Frías.

Los autores de los disparos pueden separarse en dos grupos:

a) Francotiradores, aquellos funcionarios o no, civiles o uniformados quienes, habilitados y dotados de armas de fuego cuyo largo total supera los sesenta (60) centímetros (medido del extremo de la culata a la boca del cañón) y ubicados físicamente dentro edificaciones o sobre las azoteas de edificaciones, a cubierto de la vista y parapetados tras estructuras que les libraban de riesgos, y desde una cota entre los cinco (5) y los cincuenta (50) metros por sobre la superficie de la calle.

Desde tal resguardada y asegurada posición, individualmente cada sujeto componente de la unidad de ataque habilitada, tenía dominio visual sobre una buena porción de la vía pública por donde se desplazaría o desplazaba la marcha de ciudadanos.

Tomando total ventaja y provecho de esa posición, dispararon a voluntad y por órdenes superiores con aseguramiento del blanco y a mansalva, sobre ciudadanos desarmados y desprevenidos.

b) Tiradores, funcionarios o no, uniformados o no, aquellos dotados con armas de fuego cuyo largo total no excedía los veinte (20) centímetros (medido desde la culata a la boca del cañón), ubicados sobre la calle y sobre una cota entre tres (3) y cinco (5) metros de altura por sobre la calle donde se desplazaban viandantes y donde se desplazaría o desplazaba la marcha de ciudadanos.

Tomando ventajas de la sorpresa y provecho de su posición también realizaban disparos a “boca de jarro” en rondas continuadas de balas o proyectiles sobre ciudadanos desarmados y desprevenidos.

Ambos grupos armados que efectuaron los disparos sobre los ciudadanos que marchaban, de acuerdo a las múltiples informaciones hasta ahora difundidas públicamente, de una u otra forma estaban sujetos a una organización y a unas órdenes o instrucciones de un comando central por órgano de comandos medios y de línea.

Las autoridades centrales del Estado, competentes en materia de seguridad, mantenimiento y restitución del orden público en situación normal y extraordinaria –Ministro de Interiores y de Justicia, Ministro de la Defensa– y la autoridad local competente en la misma materia –Alcalde de Caracas–, asumieron una conducta ajena y absolutamente contraria a sus atribuciones.

Tomando una posición parcializada por el bando del partido de gobierno, antes que asumir las responsabilidades que les señala en forma taxativa el ordenamiento jurídico vigente y tomar las medidas pertinentes en función de mantener el orden público, como es en específico la ejecución de las operaciones materiales de policía para la preservación de la vida e integridad física de los ciudadanos que integraban la marcha cívica y de los bienes de otros ciudadanos.

Estas autoridades abandonando por completo esas tareas, por el contrario, se convirtieron en los gestores, promotores y directores tanto del desorden en la ciudad como de las acciones criminales derivadas.

En total y absoluta violación de la Constitución y del cuerpo de leyes vigente de la República, esas autoridades organizan, pertrechan, asumen y dirigen conductas y desempeños en la ejecución de operaciones materiales ilegales en la coordinación y conducción de funcionarios de gobierno y de otro grupo de ciudadanos armados afectos que se oponían a los que marchaban.

Desde sus resguardadas y aseguradas posiciones dentro y fuera del Palacio de Gobierno, los jefes y promotores organizaron, instruyeron, pertrecharon y dirigieron las acciones armadas planificadas e iniciadas a una señal y en contra de los ciudadanos que marchaban pacíficamente mientras paralelamente y por órgano de cuadros medios y de línea dispensaron los suministros habilitados al efecto; mantuvieron a voluntad la dotación de equipoos y las capacidades de fuego de los grupos de acción bajo sus órdenes.

Los titulares a la cabeza de los órganos competentes del Poder Público en la específica materia de la investigación criminal, persecución, juzgamiento y condena de los responsables por las violaciones al cuerpo de leyes de la República y de los crímenes derivados, Poder Judicial, Poder Moral –integrado este último por los titulares de la Fiscalía General de la República, el Defensor del Pueblo y el Contralor General de la República–, fueron electos a sus cargos por imposición expresa del Presidente y mediante mecanismos políticos y jurídicos totalmente ajenos a los términos que, para tal fin, tiene establecido el texto de la Constitución de la República de 1999.

El órgano contralor del desempeño político del Ejecutivo, la Asamblea Nacional, ha brindado y sigue brindando severas muestras de parcialidad política.

Todas sus actividades y operaciones realizadas a partir de la fecha de ocurrencia de los hechos, han estado dirigidas a la manipulación de informaciones con miras a la creación de una distorsionada matriz de opinión, distraer y dejar pasar el tiempo, concentrarse en hechos de mucho menor gravedad que el de los asesinatos, e impedir la investigación política, administrativa y penal de los crímenes cometidos.

Con ello, pretende anular toda posibilidad de acción por parte de cualquier ente en función de la investigación y establecimiento de la verdad en los eventos ocurridos en las adyacencias del Palacio de Miraflores el día jueves once de abril del año dos mil dos.

Tanto el Ejecutivo como el Legislativo, han pretendido que las investigaciones políticas y criminales de tales hechos, sean exclusivamente realizadas por una denominada Comisión de la Verdad, integrada ésta por personeros afectos al gobierno o al partido del gobierno. La oposición política públicamente, por una parte se ha negado a integrar en su seno a ciudadanos miembros de reconocidas ONG’s y, por la otra, tampoco se integran individualmente reconocidos ciudadanos con probada experiencia en la investigación, nacional e internacional, de crímenes en masa.

La experiencia acumulada en Venezuela sobre la impunidad[i] ante hechos criminales de esta naturaleza –asesinatos en masa, continuados o individuales como:

La Masacre de El Amparo (28/10/88)

La Masacre de El Caracazo, 27F (27 al 29/1989);

Las muertes derivadas de las intentonas de Golpe de Estado del 4F y 27N; los 4.000 y tantos asesinatos anuales

Y los más recientes crímenes por parte de funcionarios públicos o de ciudadanos afectos al gobierno de turno, Grupos de Exterminio (estado Portuguesa 2001), asesinato de Federico Bravo Melet (Caracas 01/12/2001)

Todos estos hechos brindaron en su oportunidad y brindan actualmente, suficientes elementos de juicio como para considerar la absoluta ausencia de una clara voluntad política de los funcionarios del Estado –independiente del ámbito de su responsabilidad, nacional, regional o local e independiente del poder público del cual se trate–, para investigar, juzgar y llegar a la verdad de los hechos criminosos.

Antes por el contrario, quedó probado –en el pasado y en el presente–, que la acción de los funcionarios públicos independiente de las motivaciones que pudieren alegarse, se ha materializado mediante dos contundentes hechos políticos y sociales:

a) la complicidad de funcionarios públicos en los hechos en el antes, durante y después

b) la derivada impunidad materializada en la ausencia de investigación, juicio, persecución y castigo de los autores de los crímenes.

Ha quedado suficientemente establecido por las informaciones difundidas por los distintos medios de comunicación que, por lo menos desde el ocho de abril (08/04/02), por instrucciones precisas emitidas por el ciudadano Presidente de la República, ante las multitudinarias concentraciones, marchas y manifestaciones públicas de la sociedad civil que le era adversa y pedían su renuncia, se estaba planificando la puesta en ejecución, por parte de la Fuerza Armada del llamado Plan Ávila.

El “Plan Ávila”, es el mismo plan que fuera puesto en ejecución en fechas posteriores a lo que se conoce como el 27F y cuyo resultado fue una masacre: la muerte a tiros de fusil, ametralladoras, pistolas y revólveres de más de quinientos (500) ciudadanos.

Ha quedado suficientemente establecido también, que el día de los hechos (11/04/02), las instrucciones a viva voz del ciudadano Presidente fueron precisas en horas de la mañana y trasmitidas luego en la tarde –ante la negativa de los cuadros superiores militares– directa y personalmente por éste y por la vía de radio, a los comandos de línea de las unidades militares en Fuerte Tiuna.

Precisó el Presidente las unidades de reserva de tanques de guerra y de efectivos militares que debían ser desplazadas y las ubicaciones que estas unidades deberían tomar en la ciudad. Con ello saltó por encima de toda la estructura de mando superior de las fuerzas militares, en violación flagrante de los términos establecidos en las normas y manuales de procedimientos militares establecidos y vigentes[ii] Inclusive voluntariamente ignoró el Presidente las normas de carácter superior que regulan la materia del “Uso en Escalada” de la Fuerza Pública en caso de un Estado de Emergencia, que para ese momento, no había sido declarado oficialmente.

Ha quedado suficientemente establecido que las más altas autoridades del Estado, Presidente, Vicepresidente, Ministros, el Alto Mando Militar, el Alcalde de Caracas y miembros de la directiva del partido de gobierno MVR, desde las 12:30 horas del mediodía del once de abril, estaban perfectamente en cuenta de la magnitud de la concentración de ciudadano y de su avance hacia el Palacio de Gobierno.

Aún cuando –por razones que fueren alegadas– fue prohibido el sobrevuelo de aeronaves sobre la ciudad, a la hora citada una primera aeronave civil y oficial –un helicóptero de la DISIP, Policía Política– despegó, observó y rindió informe; treinta (30) minutos después –01:00 pm.–, un segundo helicóptero civil de color verde se desplaza hacia el Este y cincuenta (50) minutos después, un tercero, esta vez un Super Puma militar tripulado por miembros del Alto Mando Militar, sobrevuela la ciudad a todo lo largo y ancho de la concentración humana que se extendía desde Parque del Este hasta Chuao y comenzaba su desplazamiento en dirección hacia el Palacio de Gobierno –unos once (11) kilómetros de recorrido–.

A la tripulación de un cuarto helicóptero, el de la Policía Metropolitana, se le prohibió despegar desde La Carlota. Según afirmó a los medios el Director de ese cuerpo, Comisario Henry Vivas, de haberse permitido ese sobrevuelo, los sujetos armados ubicados sobre las azoteas de los edificios –quienes después actuarían como francotiradores–, hubiesen sido detectados con suficiente tiempo como para impedir su criminal acción sobre la concentración de ciudadanos.

Sustentado está en hechos públicos y notorios: Grabaciones magnetofónicas transmitidas por medios radiales y televisivos y que no han sido suficientemente desmentidos, confirmado luego en la Asamblea Nacional durante la interpelación del general de brigada Manuel Rosendo (10-05-2002; 03:30 pm), que el Ministro de la Defensa para esa fecha, José Vicente Rangel Vale, hoy vicepresidente de la República, emitió personal y telefónicamente las órdenes al Alcalde de la ciudad, Freddy Bernal, para que activara y ubicara a grupos para-militares integrantes de los llamados Círculos Bolivarianos, en los alrededores del palacio de gobierno, a los efectos de constituir una barrera humana en contra de la marcha que se desplazaba hacia ese lugar, que fueron sus palabras:

“… la marcha no puede llegar a Miraflores… que bajen los cerros con piedras, palos, cuchillos… vete a la televisión y transmítele a los que marchan que aquí están esperando los cerros armados, eso los caga…” (José Vicente Rangel Vale dixit).

Que la orden emitida por el  vicepresidente en persona fue cumplida, no sólo por el citado Bernal sino por varios connotados representantes del partido de gobierno, el MVR.

Sustentado está por hechos públicos comunicacionales, no refutados, que personeros del MVR –entre ellos el asambleísta Juan Barreto y la ministra titular del Ambiente– por televisión y personalmente en el sitio, arengaban a las turbas para que se desplazaran a Miraflores, para “defender la plaza” a la voz de “no pasarán”.

La más reciente decisión del Ejecutivo al designar como Ministro de Interiores y Justicia, al teniente Diosdado Cabello Rondón[iii], hasta ese día Vicepresidente de la República y el teniente coronel activo Miguel Rodríguez Torres –mano derecha de Diosdado Cabello cuando éste ocupó el Ministerio de la Secretaría– director de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP) quienes, como es público y notorio, fueron designados, el primero como coordinador jefe y el segundo como director técnico, enlace directo de los Círculos Bolivarianos con la Presidencia y las demás dependencias públicas y para las específicas labores de canalización de fondos públicos (una partida asignada por el propio presidente con un monto de un mil cuatrocientos millones de bolívares) para la organización, el financiamiento, el  entrenamiento, el equipamiento y uso de los grupos afectos al gobierno, entre ellos los para-militares.

El ciudadano Diosdado Cabello desde la propia sede del Palacio de Gobierno dirigía a estos círculos, de los cuales, como se afirma, forman parte los grupos paramilitares cuyos integrantes dispararon contra los ciudadanos que marchaban la fecha de los hechos. Se traduce todo ello en términos prácticos en el hecho incontrovertible de que, quien desde la más alta jerarquía de gobierno dirige esos grupos paramilitares de apoyo a la revolución, ahora también tiene bajo su directo mando a todos y cada uno de los cuerpos de policía de carácter nacional, incluido el contingente de la Guardia Nacional dispuesto para las actividades de orden público y el mando indirecto sobre los cuerpos de policía regionales y locales. Además es el responsable directo en el manejo de los fondos públicos, tales como el Situado Constitucional, el Fides y la Partida Secreta de MIJ.

En consecuencia, no existe posibilidad alguna de que los órganos del Estado, en función de orden público o en función de auxiliares de la jurisdicción, realicen o permitan realizar las diligencias e investigaciones sobre los hechos acontecidos en los alrededores de Miraflores.

Antes por el contrario, quienes en definitiva están severamente señalados por los hechos públicos notorios, como los responsables, por acción u omisión, están, desde sus posiciones de mando, dirección y manejo de recursos financieros, en capacidad de impedir y evitar cualquier empeño o desempeño investigativo, sea éste nacional o internacional.

Conductas y acciones, públicas y notorias,  ejecutadas antes, durante y después de los eventos del 11A, por los titulares de importantes cargos en el poder Ejecutivo, en el poder Legislativo, en el poder Judicial y en el poder Ciudadano.

A treinta y cinco (35) días de ocurrido el asesinato a tiros de por lo menos diecinueve (19) y las heridas graves de otro ciento de ciudadanos, ha quedado evidenciada la manifiesta voluntad política que distinguió y distingue a los titulares del Poder Público y cuyas particularidades pueden resumirse en los siguientes términos:

Antes del inicio de la matanza:

Ante las evidencias ya confirmadas desde el día ocho de abril (08/04/02), de que no existía control absoluto sobre los medios de acción armada del Estado y un sector importante de la Fuerza Armada no estaba dispuesta a dejarse llevar por decisiones políticas que contravenían sus misiones específicas para repetir la experiencia de febrero de 1989 con la puesta en ejecución del Plan Soberanía, en su aparte Plan Avila, las decisiones políticas subsiguientes del alto gobierno tomaron el camino de la ilegalidad.

Desde el más alto nivel del Ejecutivo, pasando por los ministros y hasta algunos de los importantes cuadros medios y de línea del gobierno central, de la Administración, en forma voluntaria abandonaron por completo la ejecución de las específicas tareas que le impone la ley y para lo cual se juramentaron, y optaron por actuar tanto al margen del Estado como al margen de la Constitución, leyes y reglamentos.

A partir de ese momento, como podrá ser establecido en las investigaciones, y hasta el día catorce de abril, no operó en Venezuela y al interior de su sociedad un gobierno, sino que, representantes del Ejecutivo, que habían abandonado la ejecución de sus funciones, prevalidos del control sobre mecanismos para-estatales de partido, de aplicación de violencia y capacidades de fuego, controladas y distribuidas a todo lo largo de la ciudad capital, con centros de control y mandos en línea, volantes, ubicados fuera de las sedes del Ejecutivo, consumaron operaciones de terrorismo sobre toda la población civil desarmada, incitando a las turbas a la violencia, haciendo ejecutar y ejecutando asesinatos, saqueos y destrucción de propiedades públicas y privadas.

Individualidades de esos grupos para-militares bajo mando y control del vicepresidente de la República Diosdado Cabello, coordinados por el teniente coronel activo Miguel Rodríguez Torres; sobre el terreno, entre otros, por el Alcalde Freddy Bernal –quien a su vez rendía novedades y recibía instrucciones telefónicas del titular del Ministerio de la Defensa, José Vicente Rangel– y comandos en línea cuyo distintivo o uniforme consistía en una franela o camisa blanca y sobre ella un chaleco negro, fueron desplegados e integrados a la masa de pobladores –que habían sido llamados a la voz de “… a defender la revolución… no pasarán…”, a acudir y concentrarse para enfrentar a la marcha en los alrededores del palacio de Miraflores– en dos grupos perfectamente diferenciados:

a) Un grupo dotados, cada integrante de armas largas –posiblemente, entre otros, del fusil de calibre militar punto 223 o 5,56 mm– sobre algunas azoteas de edificios circundantes a Miraflores –entre ellos, los más señalados, el edificio donde funcionan las oficinas de la Alcaldía de Caracas, edificio donde funcionan las oficinas del Ministerio de Relaciones Exteriores, el hotel Edén sobre la avenida Baralt– y con la misión de seleccionar blancos precisos –caso particular de los periodistas, que portaban cámaras fotográficas– y dispararles a matar.

b) Otro grupo, dotado de armas cortas, sobre la avenida Urdaneta en el puente de Llaguno, con visual y control sobre la avenida Baralt y cuya misión, más que apuntar y disparar sobre blancos recomendados, seleccionados y predeterminados dentro de la masa, hacer fuego a discreción sobre el área de la avenida Baralt e indistintamente de los resultados; en busca de dos efectos:

1) Cubrir con el despliegue y la acción, la otra acción precisa que realizaban desde los edificios la unidad de franco-tiradores de los para-militares.

2) Producir en dos sectores definidos de la población dos efectos distintos, por una parte, frenesí en el ánimo y conducta de los partidarios del gobierno, por la otra, terror, pánico entre quienes marchaban en contra del gobierno.

Los funcionarios responsables en las más altas esferas del Ejecutivo, con la anuencia, la tolerancia, la  colaboración y hasta expresa complicidad de parte de los integrantes de los otros cuatro (4) poderes públicos, en un lapso no menor a veinte (20) meses anteriores a la Masacre de Miraflores, organizaron, entrenaron y financiaron con fondos públicos estructuras para-militares integradas por civiles –en buena mayoría con antecedentes por delitos comunes– reclutados para tales fines.

Grupos de choque a quienes apertrecharon con armas de fuego de uso civil y militar de distintos calibres –encuadrados bajo un comando central en manos del titular de la vicepresidencia de la República, cuyo directo control de misiones y para el despliegue de sus capacidades para el control social mediante la generación y aplicación en escalada de violencia extrema, se logró mediante una red centralizada de comunicaciones y equipos de transmisiones individuales–, que fueron integrados a unos denominados Círculos Bolivarianos.

Durante la matanza

Ha quedado suficientemente sustentada la expresa voluntad y decisión del Presidente de la República, de su equipo de ministros y de los miembros directivos del partido en el gobierno, MVR, de hacer uso de la violencia extrema contra civiles desarmados; véase a este tenor, las distintas comunicaciones radiofónicas de la Red Tiburón, de la Red Beta, de la Red Militar y telefónicas –comunicación entre el Ministro de la Defensa José Vicente Rangel y el Alcalde de Caracas Freddy Bernal–, y descartar por completo y en forma expresa el uso en escalada de las unidades regulares institucionalizada para la aplicación de la fuerza del Estado –Policía civil, Guardia Nacional y unidades militares de apoyo– para hacer uso de unidades para-estatales –puesto que ninguna norma vigente de la República contempla su organización, financiamiento, equipamiento y uso por parte de funcionarios de gobierno–, civiles organizados en bandas para-militares dedicados expresamente a producir terror en la población civil en acciones puntuales, que, si bien es cierto que hasta el final del día once abril (11/04/02) estuvieron concentradas en un punto de la ciudad, el Palacio de Miraflores, en los días subsiguientes y hasta el catorce (14/04/02), dentro de programados, incitados y dirigidos estilos y acciones de violencia en escalada incrementaron su radio geográfico de accción.

En una misión de expreso terrorismo –castigo sobre la población civil–, se trasladaron las capacidades de los para-militares y sus asociados hacia el sector Oeste de la ciudad, para asesinar civiles desarmados, entre ellos opositores, saquear y destruir propiedades de todo aquel que, de una u otra forma, fuere identificado como sospechoso y/o hubiese manifestado su apoyo a la huelga convocada o su oposición al gobierno.

Acción que elevó el número de muertos a más de treinta (30) y más de quinientos (500) heridos, en los saqueos y destrucción de propiedades públicas y privadas de por lo menos seiscientos (600) comercios y edificaciones en toda una jornada de por lo menos ochenta (80) horas contadas a partir de las doce del mediodía del 11A.

Después de la matanza

Una vez restaurados los funcionarios del Ejecutivo en todos y cada uno de los cargos que habían abandonado el 11A, la principal misión impuesta fue la de evitar por todos los medios que investigación alguna pudiere ser adelantada sobre los sucesos entre el 11 y 14 de abril.

Fueron destituidos el Jefe de la Policía de Investigación Criminal y los Fiscales del Ministerio Público que habían dado inicio a la investigación criminal.

La Asamblea Nacional, prevalidos de la mayoría precaria que detenta el partido de gobierno, organiza comisiones especiales dedicadas exclusivamente a imponer como verdad la ejecución de un Golpe de Estado. Organiza una llamada Comisión de Verdad controlada por miembros y afectos al partido de gobierno.

La Fiscalía General de la República –comprobada por los múltiples “hechos públicos comunicacionales” su pertenencia partidista–, expresa tolerancia y hasta la complicidad en las acciones ilícitas adelantadas y ejecutadas por los funcionarios públicos, su pública y expresa conducta de dejar correr el tiempo y evitar dar inicio y continuidad a la investigación penal de los hechos.

El Defensor del Pueblo –comprobada por los múltiples “hechos públicos comunicacionales” su pertenencia partidista–, expresa tolerancia y hasta complicidad en las acciones ilícitas adelantadas y ejecutadas por los funcionarios públicos, guarda silencio.

Marco referencial, definitorio de las conductas y acciones de los funcionarios públicos, referidas:

Resulta suficientemente establecido y sustentado por los hechos comunicacionales –102 programas televisivos del “Aló Presidente”, Ruedas de Prensa Oficiales, Cadenas Oficiales y declaraciones a los medios de comunicación–, la campaña adelantada por el propio Presidente de la República desde el mismo momento de su juramentación al cargo, dirigida ésta a dividir la población del país en dos netos, definidos, definitivos y enfrentados sectores sociales:

a)      Los miembros del partido de gobierno MVR y afectos al Presidente, identificados como los pobres, los marginados y los revolucionarios.

El resto de la población no miembros del partido de gobierno ni afectos al Presidente, descalificados como miembros del puntofijismo, tildados de enemigos, corruptos, oligarcas, escuálidos y otros calificativos[iv].

Resulta suficientemente establecido tanto por los hechos comunicacionales como por otras acciones adelantadas desde el Palacio de Gobierno, la creación de grupos de afectos al gobierno con fines políticos dirigidos al Control Social de la población, por la vía de la intimidación mediante el terrorismo.

Resulta suficientemente sustentado en hechos comunicacionales, que el comando central y comando de operaciones de los llamados Círculos Bolivarianos, por disposición expresa del Presidente, operó en el propio palacio de Miraflores en las oficinas y en manos de la vicepresidencia ejecutiva de la República, hasta que su titular, Diosdado Cabello, fue designado como Ministro del Interior y Justicia, trasladándose dicha sede de control y dirección de los Círculos Bolivarianos, a la sede de ese ministerio donde ahora opera.

Resulta suficientemente sustentado en los hechos comunicacionales, que el propio Presidente de la República dispuso y asignó una partida de un mil cuatrocientos millones de bolívares de los fondos públicos, para el financiamiento de los Círculos Bolivarianos.

Como queda suficientemente claro en algunos de los textos de las órdenes, instrucciones, disposiciones y medios de operación política de los Círculos Bolivarianos[v], su objetivo está dirigido a enfrentar a la población venezolana para aniquilar, por los medios que fueren necesarios, incluidos la violencia, toda resistencia u oposición real o potencial a la revolución dirigida por el titular de la Presidencia de la República, el teniente coronel retirado Hugo Rafael Chávez Frías, y por órgano del partido de gobierno el MVR y su brazo ejecutor, los paramilitares integrados a los Círculos Bolivarianos[vi].

Presidente de la República, ministros del Gabinete Ejecutivo, gobernadores, alcaldes y jefes policiales, en confabulación criminal, puesto que ninguna ley de la República otorga a ningún funcionario público potestades en este sentido, han organizado, financiado y dirigen bandas paramilitares –integradas entre otros por delincuentes comunes a quienes, a pesar de sus antecedentes criminales se les dota de armas, credenciales y permisología oficial– destinadas al Control Social de la población venezolana, independiente de sus ideas políticas y en especial a aquellas individualidades o grupos integrados por disidentes y no afectos al régimen[vii].

El punto culminante de la campaña adelantada por el Presidente, el teniente coronel retirado Hugo Rafael Chávez Frías desde el mismo momento de juramentarse en el cargo, tiene su expresión material y punto culminante en los hechos que tuvieron como escenario los alrededores del Palacio de Miraflores, el día once de abril del año dos mil dos y como resultado la muerte a tiros de no menos de diecinueve (19) y las heridas de otros cien (100) ciudadanos, desarmados, no beligerantes y que marchaban pacíficamente, en uso de sus derechos consagrados en el cuerpo de leyes de la República[viii].

Ningún funcionario del Poder Público Nacional, civil o militar, independiente de su rango y el ámbito de sus responsabilidades, esta exento de las responsabilidades por acción u omisión[ix].

y ante los hechos preparatorios en la organización de los Círculos Bolivarianos y su brazo armado paramilitar, y aquellos subsiguientes, destinados a la organización, entrenamiento, equipamiento, financiamiento y empleo en función de Control Social, y en tareas de aplicación de violencia armada sobre la población civil desarmada, con perjuicio de vidas, libertades y bienes de los ciudadanos y en contravención de todo el cuerpo de leyes de la República,

La República de Venezuela, es firmante Convención para la Prevención y Castigo del Delito de Genocidio[x].

“… Las Partes Contratantes confirman que el genocidio que haya sido cometido en tiempo de paz o en tiempo de guerra, es un delito de Derecho Internacional que se compromete a prevenir y castigar…”[xi]

Ante tan graves consideraciones, la sociedad civil está obligada a organizarse en función de que no se repita la constante histórica; que no suceda nuevamente como en el pasado y que no se impongan los intereses particulares mediante la complicidad y la derivada impunidad, por encima y en contra del interés común de la sociedad. Términos estos últimos que están suficientemente definidos y pautados en el texto constitucional, los tratados internacionales y el resto del cuerpo de leyes vigentes de la República: “… La función de juzgar para ser auténticamente tal… no admite otro fundamento que la verdad en la determinación de los hechos y la justicia en la aplicación del derecho…”[xii]


[i] “… la impunidad constituye una violación de la obligación general que tienen los Estados de investigar, juzgar y condenar a los culpables de graves y sistemáticas violaciones de los Derechos humanos fundamentales… La impunidad tiene sobre todo una dimensión política, más aún, es un problema de sociedad, de relaciones y formas de ejercicio del poder… significa que ninguno de los factores que han alentado y llevado a cabo estas violaciones de derechos humanos son desarticulados, neutralizados y desechados para garantía de toda la ciudadanía… es la negación misma de toda posibilidad de coexistencia entre los seres humanos y de resolución pacífica y civilizada de los conflictos de una sociedad… No puede existir un Estado de Derecho en el que una facción de la sociedad se encuentra por encima de las normas… la impunidad es ante todo un problema político…”. Federico Andreu Guzmán; Reflexiones sobre la impunidad. Santiago de Chile 14/12/95.

[ii] “… Artículo 47. Las tropas sólo podrán ser comandadas por sus respectivos Comandantes, y en ningún caso por otro tipo de autoridad cualquiera sea el cargo que ejerza… Artículo 48. El comandante de la Guarnición no recibirá órdenes sino del superior jerárquico de quien dependa… Artículo 53. Para la intervención de las tropas en el restablecimiento del orden público, el Comandante de la Guarnición procederá de conformidad con las siguientes normas: a) Hacer una apreciación de la situación, a fin de adoptar la más correcta y lógica decisión; b) Determinar el armamento, municiones, equipos y transporte que usarán las tropas, así como el material especial que sea necesario, de acuerdo a la situación; c) Emplear la tropa en forma adecuada, a fin de mantener una reserva de apoyo; d) Adoptar todas las medidas de seguridad necesarias para garantizar la libertad de acción y evitar bajas inútiles; y e) Mantener en todo momento el secreto en las operaciones… Artículo 64. Los militares deberán observar las prescripciones generales de la autoridad civil, siempre que no se opongan a las decisiones de la autoridad militar… Artículo 65. Toda disposición de carácter general de la autoridad civil que se relaciones con el orden público, deberá ser coordinada previamente con la autoridad militar antes de ser emitida, a fin de evitar interferencias en su ejecución…”. Reglamento de Servicio en Guarnición; Nº 12.– Caracas, 2 de enero de 1968 y 15 de marzo de 1968.

[iii] Decreto Nº 1760, 06/05/02, GO Nº 37.436

[iv] “… se incrimina la propaganda que estimule de alguna manera el odio y favorezca los delitos contra la paz y seguridad de la humanidad, en cuanto suponga incitación directa y pública… se castigan los actos preparativos realizados por la vía de la incriminación, de la incitación directa y pública y de la asociación para cometer genocidio, en la medida en que el genocidio requiere, en principio, la empresa criminal para su comisión…” María José Canosa; Revista de la Facultad de Derecho Nº 35, UCAB, Caracas, Enero 1986.

[v] “… Dirección Táctica del Movimiento Quinta República; Comisión de Estrategia Ideológica de los Círculos Bolivarianos: Nuestro ideal revolucionario, concibe al hombre como un ser dispuesto a sacrificar su vida en aras de sus ideales y esto debe significar que si se está dispuesto a entregar la vida, la del contrario también puede ser tomada en razón de ese mismo objetivo que es la revolución… El uso de la violencia lo permitimos porque el hombre tiene su cometido que cumplir dentro de la revolución bolivariana. La violencia permite la búsqueda y la consecución del progreso y el triunfo de nuestros ideales… No permitimos disentir porque la causa revolucionaria hay que abrazarla de manera integral. Tampoco debe hacer separaciones ni oposiciones al pensamiento chavista, ya que la posición contraria puede significar incluso la muerte y de esta manera protegemos los objetivos planteados en nuestra organización, ya nuestro presidente Chávez lo dijo… ‘Y nosotros tenemos las armas…’… A los que se oponen al proceso revolucionario bolivariano hay que separarlos, colocarlos al lado de los enemigos del proceso, ya que en la medida en que haya oligarcas, se obstaculiza el desarrollo de la revolución y hay que combatirlos con las armas y el terror. Con esto se adquiere mayor fuerza, mayos validez: La lucha cobra sentido cuando se está ante algo o alguien que debe ser abatido… Los partidos tradicionales y la democracia están pulverizados, esta posición la asumimos frente al mundo en pro de la resolución, por eso hay que seguir atacándolos. Por eso no se les permite defender ninguna ideología que pueda darle cohesión y fortaleza a la ya desaparecida democracia… Camaradas todos: debemos tener presente ganar la revolución que:… 1. La sociedad venezolana en términos generales es clasista. Este pensamiento hay que desarrollarlo para así poder defender la naturaleza y el carácter de nuestra revolución… 2. La democracia de la oligarquía ha pasado, por lo que hay que cambiar su concepción y su estilo e imponer la revolución del soberano… 3. Hay que desarrollar los objetivos progresistas de la revolución y de nuestra organización M.V.R., su ideario como sociedad y Estado utilizando los instrumentos para radicalizar los procedimientos, de manera de alcanzar los fines propuestos, como por ejemplo: descrédito de los medios de comunicación para captarlos a favor de la revolución, esto a través de la ley de contenidos, próxima a ser discutida y aprobada por nuestra Asamblea Nacional, ataques continuos a instituciones tales como la iglesia católica, cuyos jerarcas, como bien lo ha dicho nuestro presidente Chávez, ‘Es un tumor que hay que extirpar’ El resto de las instituciones ya es sabido por todos, están a favor de la revolución… 4. Hay que estar preparados para una fase de violencia y es aquí donde ustedes, camaradas de los Círculos Bolivarianos, juegan un papel importante, pues en cada sector se debe dar a conocer y mencionar de manera permanente los ideales de la revolución… 5. Cualquier movimiento que surja hay que liderizarlo y seguir fomentando el descontento popular en contra del sistema democrático y atraerlos hacia los Círculos Bolivarianos que son la fuerza de lucha contra la oligarquía… 6. Hay que definir de acuerdo a nuestros lineamientos, las tácticas de nuestro movimiento en lo político, en lo social, lo económico y lo militar… 7. La unidad de nuestro movimiento es esencial y por ello no podemos permitir disentimientos… 8. Hay que lograr la unidad con cualquier organización que nos apoye infiltrar sus bases, pero sin aceptar contradicciones de ninguna naturaleza… 9. Hay que insistir en la estructura clasista de la sociedad venezolana para poder crear la confrontación entre buenos y malos, entre el poder popular que somos nosotros y la oligarquía, a fin de lograr el ejercicio pleno del poder revolucionario… 10. Hay que seguir atacando a los medios de comunicación y demás instituciones de oligarcas que tanto daño hacer a la revolución. En este sentido debemos estar atentos ante cualquier mensaje de la radio, TV y prensa escrita, que pueda lesionar los principios revolucionarios y para ello debemos trabajar a fondo en la aprobación de la ley de contenidos para defender a nuestra organización y luchar a fondo por la construcción de una sociedad… 11. Hay que instaurar formas políticas de control popular en la administración pública de Justicia (Tribunales que atienda al proceso revolucionario y fallen a su favor)… 12. Hay que crear mecanismos de defensa de la revolución a través de los Círculos Bolivarianos que estén al servicio del poder popular… 13. A la iglesia debe respetarse por el sentimiento profundamente religioso del pueblo, pero hay que seguir atacando duramente a sus jerarcas… Defiende – Discute – Lucha en tu Círculo Bolivariano. Imponer estos ideales… Dirección Táctica del M.V.R…”. “… Los enemigos de la revolución no pasarán… Al enemigo hay que conocerlo… Ayúdanos a localizarlos, a conocerlos mejor, a tenerlos ubicados. Necesitamos todos sus datos… Todos los datos son importantes… ¿Dónde Vive, con quién, cómo se llama?… ¿Dónde viven sus familiares y cómo se llaman?… ¿Dónde estudian sus hijos, cómo se llaman?… ¿Cuáles son sus teléfonos y placas de carro?… ¿Cuáles son sus vicios, amantes, sitios que frecuenta?… TODA LA INFORMACIÓN ES IMPORTANTE… PASALA COMPLETA AL PRESIDENTE DE TU CIRCULO–RECUERDA EL Nª… Al enemigo hay que identificarlo totalmente…”. Transcripción de un documento interno del partido de gobierno, Movimiento Quinta República, MVR.

[vi] El genocidio es un delito de intención. “… La culpabilidad (en sentido amplio) se fundamenta en un elemento subjetivo, la intención del agente de ‘destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso’ como tal, sin la cual todas las conductas mediante las cuales se puede cometer genocidio carecen de relevancia a los efectos de la Convención. El elemento subjetivo lo diferenciará de otros delitos aparentemente similares que se realizan mediante hechos externos idénticos, pero que carecen del elemento anímico distintivo del genocidio. Por ejemplo, si se mata a un judío, a un negro o a un cristiano, prescindiendo de su condición de tales o en cualquiera otra intención que no sea la que caracteriza el genocidio, el delito será el homicidio simple o calificado, pero nunca genocidio. En cambio, si la muerte de cualquier de esas personas ha sido parte de un plan tendiente a destruir total o parcialmente el grupo humano racial o religioso de que las mismas forman parte, el delito cometido será, sin duda alguna, de genocidio. Por tanto, el dolo específico es el propósito de atentar contra las personas en razón de su pertenencia a un grupo humano determinado que se desea destruir o eliminar; no puede, por este motivo, admitirse la culpa… El genocidio exige el propósito de destruir, en su totalidad o en parte, a un grupo de los mencionados, en tanto que en el crimen de lesa-humanidad no debe entrar tal elemento. El ‘dolus coloratus’, al cual hace referencia Plawski, es, a lo sumo, en los crímenes de lesa-humanidad su elemento distintivo; en el genocidio, constituye su elemento constitutivo…”. “… El genocidio es la negación del derecho a la existencia de grupos humanos enteros, de la misma manera que el homicidio es la negación de dicho derecho a la persona individual…”.  Resolución  96 del 11 de diciembre de 1946, Asamblea General de las Naciones Unidas. “… el genocidio es siempre delito común,… ni desde el punto de vista objetivo (bien jurídico protegido), como tampoco desde el punto de vista subjetivo, difícilmente podrá calificarse como un delito político… el propósito de ‘destruir en su totalidad o en parte a un grupo nacional, étnico, racial o religioso’ puede responder a ‘motivaciones políticas, no responde, sin embargo, a convicciones que pudieran defenderse en este terreno…” . María José Canosa, cit.

[vii] “… Los actos siguientes serán castigados: a) El genocidio; b) La conspiración para cometer genocidio; c) La incitación directa y pública para cometer genocidio; d) La tentativa de genocidio; e) La complicidad en el genocidio…”. “… no hay ninguna duda para las personas que obran en nombre del Estado y son culpables del delito de genocidio. Esto descarta la duda de la responsabilidad de los Jefes de Estado por crímenes cometidos en nombre del Estado por los gobernantes… son autores del delito de genocidio, ya actúen como autores materiales, ya como inductores: a) Los que hayan cometido el delito de genocidio; b) Los que hayan formado parte de una conspiración o asociación con vistas a cometer genocidio; c) Los que hayan incitado directa y públicamente a la comisión del genocidio; d) Los que hayan llevado a cabo una tentativa de cometer genocidio…”. María José Canosa, cit.

[viii] “… El genocidio es un crimen de crímenes… El crimen de genocidio es un crimen especial consistente en destruir intencionalmente grupos humanos raciales, religiosos o nacionales, y como el homicidio singular, puede ser cometido tanto en tiempo de paz como en tiempo de guerra. En territorio ocupado por el enemigo y en tiempo de guerra, serán crímenes de guerra, y si en la misma ocasión se comete contra los propios súbditos, crímenes contra la Humanidad. El crimen de genocidio hállase compuesto por varios actos subordinados todos al dolo específico de destruir a un grupo humano…” Lemkin, citado por Antonio Quintano Ripoles. “… Cualquier acto de exterminio o persecución de una población o de un sector de una población por motivo de raza, nacionalidad, religión, opiniones políticas u otros fundados en criterios analógicos…”. Vespaciano Pella; Memorandum a las Naciones Unidas, 24 de noviembre 1951. Citado por María José Canosa.

[ix] “… En el genocidio también se admite la omisión, siempre y cuando la conducta pasiva observada responda al propósito de destruir total o parcialmente a un grupo humano nacional, étnico, racial o religioso… ‘lo que se llama en la doctrina del Derecho Penal la omisión, no es una falta de acción, en el verdadero sentido de la palabra, sino una falta al deber impuesto por la ley o por las condiciones de la vida social’ Stanislaw Plawski, citado por María José Canosa.

[x] Venezuela se adhirió a la Convención antigenocida según Ley aprobatoria promulgada el 21 de Marzo de 1980, publicada en Gaceta Oficial Nº 26.213 del 22 de Marzo del mismo año. María José Canosa, cit.

[xi] Texto de la Convención para la Prevención y Castigo del Delito de Genocidio; 9 de Diciembre de 1948.

[xii] Jesús Ramón Quintero P. “La Comunidad Internacional y la Corte Penal Internacional”

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