Crónica de un fraude anunciado

The Troya’s Donkey

Rafael Rivero Muñoz

Caracas 200804

 

Nadie que haya pasado por una escuela o que simplemente haya tenido o tenga acceso a medios de comunicación en cualquiera de sus formatos, ignora lo que quiere expresarse cuando se acude a la cita común: El Caballo de Troya[1]. Ayer y hoy, la humanidad ha tenido siempre en el caballo la imagen de un animal noble; precisamente, esa idea de nobleza del animal permitió a los griegos engañar a los troyanos y que éstos abrieran las puertas de su ciudad y metieran ese gran caballo de madera en cuyo interior estaba el comienzo de su derrota. Pero en esto que se da por llamar la política venezolana contemporánea, poco hay de esa integridad del caballo, mucha, de la opuesta, por tanto, tratando en parábolas el asunto, dejaremos lo de animal, pero deberemos restar lo virtuoso y referirlo como: El Burro de Troya.

 

Precedentes

 

Reiterativo se ha sido cuando se resume el histórico problema político y de los políticos venezolanos a tres determinantes: a) Evasión del conflicto; b) Ley del menor esfuerzo y c) Irresponsabilidad. Todos quieren comer tortilla, pero que sean otros quienes rompan los huevos; cualquier tiempo que se reste a la acción –para estudiar comprender, reflexionar, hacer comprender, planificar y actuar en consecuencia– es, para los políticos, tiempo perdido; en definitiva, como a nadie y ante nadie se rinde cuenta del hacer y del dejar de hacer, poco importan los derivados de la acción o de la inacción, lo único trascendente es la pantalla, la entrevista, los titulares. Someta usted a este esquema de aproximación a cualquiera sea el particular resultado o punto de política que quiera comprender y analizar, y no se sorprenda si acierta una tras otra cada apreciación. Y no puede entonces a nadie sorprender si es historia con antecedentes recientes conocidos –a Jaime Lusinchi y a Ramón J. Velásquez, cada quien apoltronado en la silla de Miraflores en su momento, circunstancia y ulteriores alegatos en descargo, los engañaron y sobre ese engaño, tomaron trascendentes decisiones–, lo que no puede llamarse de otra forma que: la crónica de un fraude anunciado.

 

Podemos preguntarnos cuándo empezó; podemos entonces seleccionar algunos eventos de años atrás, pero nos obligaría a extendernos; baste citar algunos de fecha reciente para, soportado en sus derivados, tratar de establecer un eventual punto del inicio de finales más cercano:

  1. El fallo y medida cautelar de la Sala Electoral dictada por el juez Alberto Martini Urdaneta anulando decisión y efectos del CNE sobre las firmas colectadas para solicitar el RR y con lo que denominaron: Planillas Planas[2].
  2. La detección y detención por parte de la Policía Metropolitana de los naturales colombianos uniformados, desarmados y en tránsito por la vía de El Hatillo en dos vehículos de transporte colectivo, luego designado por el Ejecutivo como el caso de los paramilitares, actualmente en trámites por ante la jurisdicción militar[3].
  3. La nunca explicada menos aún comprendida reunión Cárter–Cisneros–Chávez
  4. El robo de los explosivos C4 que aún no estamos al cabo de saber si fueron robados, extraviados, entregados o qué, ni si fueron 23.000 kilos u 80.000 kilos[4].
  5. Las medidas y contramedidas sobrevenidas del CNE antes, durante y después de iniciada la votación. Especialmente aquella que se refería a la programación de las máquinas en cuanto a su tiempo programado de operación: ¿Cómo? Si estaban programadas inicialmente para cerrar a las 16:00 horas, luego fue extendido el plazo hasta las 20:00 horas y luego hasta las 24:00 horas, si como se afirmó, durante el proceso las máquinas no tendrían otra conexión exterior distinta a la fuente de poder (toma eléctrica) y que sólo luego de terminada la votación y cerradas la máquinas, a cada una se le incorporaría la conexión con la red de transmisión de data.
  6. La sibilina decisión del Centro Cárter y de la comisión de la OEA sobre los resultados del RR leídos por el presidente del CNE en la madrugada del lunes 160804.
  7. La subsiguiente decisión de esos mismos actores, en cuanto a aceptar el extraño y nada explicable evento de que es el auditado y no el Auditor, quien impone qué se va a auditar, cuándo y cómo.

 

Esa simple secuencia concatenada de múltiples eventos resumidos en seis numerales tiene una explicación. Explicación que en términos pragmáticos resumidos –del primero al último considerado–, fueron anunciando con tiempo el desenlace; y no hay peor ciego que aquel que se niega a ver.

 

Si existe una característica destacada y destacable desde el inicio del actual período de gobierno, es aquella referida en específico a la seguridad pública[5] y en concreto al tratamiento de severo problema de la delincuencia y de sus efectos sobre la sociedad venezolana. Desde aquel discurso oficial del cuatro de febrero de 1999 cuando el Tcnel ® Hugo Rafael Chávez Frías increpó a su cercano auditorio: “… quien tiene hambre o tiene un hijo enfermo tiene que robar…”[6] y de seguida preguntaría: “… ¿no es cierto doctora Sosa?; ¿no es cierto general?…”. Desde ese día y momento quedó definido lo que en términos políticos se denominaría: La política criminal del Estado (en este caso es literal). Su resultado está a la vista.

 

Por ejemplo, en las cifras de asesinatos de ciudadanos a manos de la delincuencia: 1998 cuatro mil y tantos asesinados; 1999 a lo que va del 2004, ronda ya los 45.000 muertos por la misma causa. ¿Ha reaccionado sobre este particular la sociedad de alguna forma?; ¿han reaccionado los distintos representantes de los poderes públicos?; ¿han reaccionado quienes ayer y hoy han ocupado posiciones de representación en las distintas expresiones políticas y sociales de la comunidad? Silencio.

 

Crónica

 

Ya en notas anteriores he referido el asunto desde distintos ángulos. En una de esas notas llamo la atención sobre hechos comprobados que nos han llevado a considerar la inmaterialidad de la idea, del concepto y de la función del Estado. En otra, el hecho de que, por las razones que pudieren ser esgrimidas, el gobierno en particular había perdido el control sobre los distintos grupos armados por el propio gobierno y que bajo el manto de afectos a la “revolución”, operan libremente en el campo de los delitos con una elevada carga de violencia: Asaltos a bancos, blindados; asesinatos individuales, en masa, por encargo, secuestros, tráfico de drogas, tráfico de armas, contrabando y pare usted de contar.

 

En paralelo, mientras esta y otra delincuencia violenta asienta y consolida su hacer, por otra parte, es evidente, el Estado viene perdiendo en forma acelerada y sostenida su capacidad para el real ejercicio de la soberanía al interior de sus fronteras; un proceso consecuente y sostenido para la anulación de las capacidades logísticas y técnicas sobre el terreno y de desprofesionalización de todo el aparato policial. Hoy es evidente la incapacidad del Estado para el cumplimiento de sus deberes hasta el punto de que, ni la Fiscalía ni la policía están hoy técnicamente capacitada para el tratamiento de las escenas de crímenes, para investigarlos e identificar sospechosos y llevar a nadie ante un juez, imputarlo por algún delito, probarlo y lograr la aplicación de las penas contempladas en el cuerpo de leyes penales de la República. Tampoco puede hablarse de la existencia de un cuerpo de jueces profesionales y verdaderamente autónomos en sus decisiones jurisdiccionales. En otros términos, hemos alcanzado un estadio donde el Poder Judicial no existe como tal y en sus extremos, de aceptar que están allí en el Palacio de Justicia, no es poder, puesto que no es más que una extensión o brazo del Poder Ejecutivo a los fines que éste disponga e imponga.

 

Ese es el contexto, el ambiente y antecedente vinculante de lo que hemos citado como el primer punto en el subtítulo anterior; allí se inscribe el más severo de los hechos políticos, jurídicos y sociales que definen la calidad del problema al cual estamos enfrentado y al cual está enfrentada cualquiera sea la consideración y decisión de cualquiera sea el representante de un gobierno o comunidad de intereses extranjeros. Posiblemente, allí quizás no comienza pero si se perfila el desastre que durante años se ha venido reseñando. Independientemente de los alegatos que pudieren esgrimir uno u otro de los grupos enfrentados en el terreno político venezolano, queda evidenciado que tanto gobierno como oposición, cualquiera sea su expresión, carecen de una sólida y consistente voluntad política en concordancia con la idea y el concepto que apuntale la materialidad de un Estado, menos aún, consecuencialmente, de los atributos éticos y morales sobre los cuales se edifican los mecanismos que brindan las garantías para la existencia de un verdadero Estado de Derecho. De allí lo evidente, lo inestable, variable y vaporoso del cuerpo de leyes de la República y su derivado, las acomodaticias interpretaciones a las cuales ya nos ha acostumbrado la ahora omnipresente y omnipotente Sala Constitucional del TSJ.

 

Si la materialidad de la idea, del concepto y de la función del Estado –cuyo primogénito y principalísimo objeto de existencia al interior de sus fronteras es el de imponer el orden al interior de la comunidad de la cual es rector, y representante fuera de ellas–, como ha quedado referido, está en manos de pusilánimes personajes carentes de una sólida formación, de una evidenciada conducta y de una probada voluntad de Estado, y quienes –independiente de bando, gobierno u oposición–, no están dispuestos a asumir los riesgos inherentes al verdadero y real ejercicio del poder político; no están dispuestos a dar continuidad absoluta y sostenida a un esfuerzo que requiere continuidad en varias generaciones; no están dispuesto a rendir cuenta ni rinden cuenta a nadie: ¿Qué nos queda?

 

Ese es el resultado para la oposición por haber ignorado, desechado, abandonado y hasta criticado el fallo de la Sala Electoral del TSJ y seguidamente, el haber abandonado a su suerte a quien, sujeto a los términos pautados por la norma vigente, asumió el riesgo de decidir a derecho. Más aún, reafirmando su nada explicable conducta política, por sobre y en contra de la propia sentencia de la Sala Electoral, decidieron entrar en un proceso de negociación con los representantes del gobierno de turno.

 

En ninguna rama del hacer humano los errores se cometen sin consecuencias, impunemente, menos aún, en la política donde los efectos deseados y buscados con el verdadero ejercicio del poder, suelen regularmente tener expresiones y materialidades a mediano y largo plazo, y el corto plazo, queda sólo para aquellos fracasados quienes confunden ejercicio del poder con disfrute de sus signos exteriores. Allí es donde se ha establecido y establece la diferencia entre el concepto de estadista y aquel radicalmente opuesto que definen a caudillos o jefes de gobierno.

 

Allende fronteras

 

Afirman los expertos en la materia de relaciones internacionales: los países no tiene amigos, tiene intereses. Sobre éstos construyen y articulan la forma de tratamiento de cada situación en cada circunstancia, lo cual resulta ser perfectamente válido para cualquiera sea el observador del cual se trate. Lo expresaba el general Gómez en su campechano decir: ¿Qué culpa tiene la estaca que el sapo salte y se ensarte? La decisión política para cualquier interesado o interés extranjero con respecto a Venezuela, no puede ser otra: Se habla con quien levante el teléfono en Miraflores.

 


[1] Homero, La Ilíada: La toma de Troya por parte de los griegos mediante la estratagema de Ulises.

[2] TSJ Sala Electoral: Exp. AA70-E-2004-00002; 15 de marzo de 2004, 1:20 p.m.; publicada y registrada bajo el Nº 24.

[3] Ver RRM “Masacres y Asesinatos en Serie… Venezuela 1982–2004… Estudio de Caso” Julio 2004

[4] Ver RRM “El Ejecutivo en Venezuela… Vendió el Sofá”; 240704

[5] Ver RRM: “El Proceso… Inseminación, gestación y parto de la Cortina de Paja”; Producciones Karol C.A., Caracas 2001, y en múltiples notas ulteriores a esa publicación..

[6] Los funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones y responsabilidades, cuando declaran en público y a los medios de comunicación, no expresan jamás opiniones personales, emiten declaraciones oficiales, o como bien lo afirma Abdón Espinosa Valderrama: “… No pocas veces las palabras son actos de gobierno, de definición o de doctrina, con mayor razón si se pronuncian desde púlpito de reconocida autoridad civil o eclesiástica…”. Espuma de loa acontecimientos… De la antipolítico; 3 de febrero 2004; El Tiempo.

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