Denegación de Justicia en Venezuela

 

Cotidianidad en la práctica

Rafael Rivero Muñoz

Caracas, 270304

“… Tiempo que pasa, la verdad que huye…”

Harry Söderman (1902-1956)

El texto de la Constitución venezolana, por sí mismo, no ha significado, no significa, ni menos aún ha garantizado o garantiza nada al ciudadano. En sus extremos, se trata de un libro para anaqueles y de un texto que no ha pasado ni pasa de ser una plétora de teorías y de buenas intenciones que –por ahora– ha servido para su exhibición en miniformato de color azul al démodé estilo del Libro Rojo de Mao Zedong  en el discurso fatuo y grandilocuente. Antes, durante y después de promulgado su último texto (1999) –cualquiera sea una u otra de sus tres o cuatro versiones–, especialmente a partir del 27F en la ocasión de las más recientes violaciones del derecho a la vida, a la integridad moral, física de individualidades y colectivos con el quebrantamiento de los derechos civiles y las libertades ciudadanas, ha quedado suficientemente al descubierto la inmaterialidad de ese texto. Son hechos políticos que, cubiertos de una abundante parafernalia verbal aderezada con empalagosa falacias jurídicas, pretenden legitimar lo que le es propio a un gobierno que, a falta y en ausencia de otra argumentación que le legitime, acude a la única vía que le queda para perpetuarse en el poder: las técnicas del terror. Así ha quedado demostrado en esa notoria imagen pública para propios y extraños. Lo ha dejado con suficiencia sustanciado hace tres meses la ONU, en su “Informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela”[ii].

Sustentemos

De acuerdo con lo pautado por la norma que regula la materia de investigación criminal y ulterior persecución de autores por ante la jurisdicción ordinaria (COPP), en manos de la Fiscalía General de la República, o Ministerio Público, reside el monopolio de la acción penal. Significa sin discusión y  en términos prácticos, que, en caso de delitos, si ese Despacho no inicia la acción penal por cualquiera sea el ilícito del cual se trate, no es posible para la víctima o sus allegados, alcanzar el estadio de investigación, menos aún el de juicio para dirimir y juzgar el hecho, identificar responsables, probar autoría, lograr condena de imputados, reparación o resarcimiento por los derivados daños a los cuales estuvo y está sujeto; en otros términos, materializar sus derechos y la supuesta garantía que la carta fundamental y el Estado de Derecho consagra al ciudadano. En otros términos sus derechos y garantías carecen de materialidad, desde el momento en que sus demandas no son justiciables.

Recién asumido el cargo de Fiscal General de la República, su titular, Isaías Rodríguez[iii], declaró a los medios de comunicación, que en su Despacho reposaban no menos de 3.500.000 causas por atender; cuatro años después, 2003, cierran los anales del crimen en Venezuela con el agregado de un año de actividad delictiva, dentro de ellas, una cifra equivalente a casi doce mil ciudadanos asesinados en distintas circunstancias, más del noventa por ciento de ellos, a tiros. Ante estas cifras, cabe preguntarse: ¿Cuántas de esos 3,5 millones de potenciales causas ha logrado canalizar el Ministerio Público?; ¿cuál ha sido el resultado?; ¿ cuántas condenas ha logrado hacer imponer la acción Fiscal?. En el segundo caso: ¿Cuántos de esos homicidios han sido investigados por la Fiscalía, cuántos juicios ha instaurado y cuántas condenas ha logrado la acción Fiscal?

El principio

Una de las más evidentes realidades que impele hacia un proceso sostenido de desagregación social y sobre la cual se sustenta la materialidad del asunto, se refiere al campo de la administración de justicia; ámbito donde adquiere los ribetes de drama cotidiano.

Tragedia existencial de una sociedad que bien podemos sintetizar en estos términos: derivado de la inapelable dinámica de los hechos, el Estado, su gobierno, sus instituciones, sus órganos de ejecución material de las medidas y operaciones de policía, en el último lustro, vienen sostenidamente escalando hacia inéditos niveles de incompetencia intelectual, organizacional y material, y están hoy en el estadio de una absoluta incapacidad para el cometido de la administración de justicia. Independiente del origen y de las consecuencias del acumulado de causas sociales, políticas, jurídicas, militares, teóricas o técnicas, un hecho resulta incontrovertible: el Estado se desplomó, yace desparramado e inerme sobre una superficie territorial de 916.455 km2. En materia de justicia y su administración, el funcionariado del Estado está absolutamente incapacitado para ejercer, en nombre de éste, la soberanía que le otorga el texto fundamental y que afirman sus representantes ejercen, puesto que, en teoría y en la práctica tanto jurídica como técnica, la ignorancia les impide poder sustentar o probar algo ante cualquiera sea el tribunal, la audiencia, juez, jurado, momento o causa de la cual se trate. Allí está el verdadero trasfondo del ejercicio de un poder por el simple poder y que, por no poder, se sustenta sobre esa anciana y continuada política dirigida al control en tiempo real sobre todos y cada uno de los mecanismos y operadores de justicia.

Herramienta Ad Hoc

El poder es simultáneamente autoridad y fuerza: capacidad ético–jurídica de mando y capacidad física de mando. El poder no ha sido ni es un simple hecho material, puesto que está vinculado a ideas, creencias y representaciones colectivas: una mezcla de creencias y de violencia (Duverger 1977). Esas ideas, creencias y representaciones colectivas se afianzan sobre la razón, el derecho y en el consentimiento libre de quienes aceptan como tal la auctoritas, o capacidad de mando con títulos legítimos y derecho a exigir razonablemente la obediencia de todos para el bien común. Mas cuando esa auctoritas no existe, no está presente o se desintegra con el correr de las horas y de los días, para quien pretenda mantenerse en el ejercicio del poder no queda sino un exclusivo camino: la fuerza. La violencia en sus múltiples y disímiles expresiones y dentro de un espectro bélico que abarca en lo  inmediato la expeditiva eliminación física del oponente real o potencial en cualquier momento o lugar, para luego avanzar por el burdo, mediano o elaborado proceso de aplastamiento de todas las posibilidades de vida ciudadana. Violencia contra todo aquel y todo aquello que no se someta irrestrictamente a los designios del caudillo con la implementación y materialización de lo que muchos autores denominan: el terrorismo de Estado.

Un proceso de paulatino y sostenido desmoronamiento de la idea, del concepto y de la función del Estado en su sentido clásico, para ser sibilinamente substituido, no ya por aquella expresión intermedia contenida en la sentencia que múltiples autores atribuyen a Luis XIV –l’Etat c’est moi[iv], sino por la ausencia de ideas, de conceptos elaborados, y en función exclusiva de un voluntarismo omnipotente y omnipresente en manos de una única y excluyente individualidad cercana sino substituta de la imagen de Dios, de quien más temprano que tarde se hace llamar y concebir como su elegido, enviado o representante. Un proceso en franco desarrollo en Venezuela, alguno de cuyos más evidentes y evidenciados pasos están en las ejecutorias de la maquinaria de justicia. Pasos que en razón de economía de espacio, se estratifican en cascada; es decir, de arriba hacia abajo:

  1. Más alto nivel
    1. Sumariamente se liquidan o se interviene sobre Cortes, tribunales y sentencias que no respondan a los intereses y precisas pretensiones de gobierno.
    2. Sin fórmula de juicio, también se destituyen jueces que se niegan a convalidar pretensiones fiscales sustentadas en no probados e insostenibles supuestos.
    3. Se controla y limita la atención del Ministerio Público sólo a aquellos casos –reales o falsos– de específico interés para la política de poder del gobierno.
    4. En los casos criminales comunes algunas son las variantes de esa “acción” Fiscal que han de señalarse:
  1.                                                i.     En aquellos de interés particular o especial para el Ejecutivo, o con ribetes de potencial escándalo público, sólo a un preciso, exclusivo y “controlado fiscal” le está permitido intervenir.
  2.                                              ii.     En caso de intervenir algún otro fiscal “no controlado”, por rápidas, precisas órdenes y providencias expresamente emanada de la alta jerarquía del Ministerio Público, éste, el Fiscal actuante, es destituido, transferido a otra jurisdicción o, sumariamente separado del caso.
  3.                                             iii.     El “controlado” Fiscal, independiente de la hora de su intervención y en función de canalizar la causa hacia precisos y también “controlados” tribunales y jueces, acude a la distribución de expedientes en horas posteriores al cierre del Sistema Regular de Distribución.
  4.                                                i.     Cuando se trata de víctimas de atropellos, excesos y violaciones derechos por parte de determinados órganos militares o de policía afectos al gobierno, acudan éstas o no ante organismos para denunciar el ilícito:
    1. Se retarda la atención del asunto hasta el máximo, sometiendo a la víctima a largos tiempos de espera, a nuevos vejámenes, cuando no, a veladas o abiertas amenazas, presentes o futuras, derivadas de su denuncia. De persistir la víctima en el empeño de denunciar, se continúa con el programa.
    2. Se procede primero a interrogarle e investigar sus antecedentes penales y policiales; se busca o se fabrican elementos y argumentos que descalifiquen a la víctima a los ojos de la opinión. Subsidiariamente se atienden las generalidades de la denuncia, procurando no ahondar o concretar elementos que señalen con precisión los responsables.
    3. En caso de presentar señales visibles de maltratos, se retarda al máximo posible tanto la atención clínica como el examen médico–forense, con el objeto de que las marcas y señales se atenúen o desaparezcan.
    4. En caso de que la víctima, o algún testigo, durante su exposición, exhiba algún elemento físico tomado de la escena de ocurrencia –conchas, proyectiles, etc.–, se incauta, procurando que no quede referencia alguna en el acta oficial de la exposición o declaración.
    5. En caso de muertos, sea en la escena o ya en el depósito de cadáveres, especialmente en los casos en que pudieren ser señalados funcionarios policiales como autores.
      1. Atención especial se presta sobre cualquier elemento físico derivado o no del delito y que pudiere aún permanecer sobre el cadáver –proyectiles, conchas, vestimenta, otros–, se incautan sin levantamiento de actas o constancias válidas.
      2. Durante la autopsia o luego de ésta, los proyectiles y otros elementos físicos se incautan en las mismas condiciones del punto anterior.
      3. Con preciso desempeño, se violan todas y cada una de las normas que puedan regular la lógica de una “Cadena de Custodia”.
  5.                                                i.     Incapacitado el Estado para dar cumplimiento cabal a sus indelegables obligaciones en materia de mantenimiento y restitución del orden público, el más acuciante de los problemas que debe atender, se refiere al delito y a los delincuentes. Impedido para pensar, planificar, dictar, dirigir y supervisar una verdadera y sustentable política antidelictiva, se acude al expediente de dejar en manos de las jefaturas militares y policiales la atención, contención y solución del problema delictivo.
  6.                                              ii.     Incompetentes a su vez los jefes militares y policiales para la comprensión y atención del complejo de problemas que en el área de seguridad pública deben atender, se acude entonces a la simplificación extrema del asunto y bajo el criterio de imponer miedo y terror a la delincuencia y sus asociados, se acude al más expedito de los métodos: la eliminación física.
    1. Al principio se inicia la acción con la elaboración de listados de delincuentes conocidos y que habiten en el área geográfica de responsabilidad del jefe policial; un segundo subsiguiente paso, que consiste en ubicarlos físicamente, y a partir de ese momento se adaptan las variables pertinentes a cada caso:
    2. Se secuestra al individuo señalado en la lista, se le conduce a un lugar solitario, se le despoja de todo documento que le identifique y se procede a liquidarlo. En algunos casos, se ejecutan varios procedimientos de captura en distintos puntos y luego de sometido cada individuo, se trasladan a un mismo sitio y se procede a la liquidación física.
    3. En lugar público y ante testigos, se ejecuta un falso arresto –falso puesto que no cuentan con una orden legal expedida por autoridad competente–, se le traslada o no a la oficina policial, y luego se procede como en el caso anterior.
    4. Se ubica un área física pública donde regularmente acuda el sujeto o los sujetos objeto de interés; se procede a preparar y ejecutar una operación de ataque armado indiscriminado contra el grupo que se encuentre en el área para el momento de la operación.
    1. En aquellos casos criminales donde los señalamientos de víctimas, testigos, de interesados o hechos públicos por los medios de comunicación, apunten o puedan apuntar hacia funcionarios de alto o medio nivel jerárquico, rápidamente por disposición expresa de la jerarquía Fiscal, se impone el esquema de tratamiento citado en el aparte “a”.
    2. Otras significativas “acciones oficiales”, dentro o fuera de Despachos públicos, se incorporan a cada asunto en su momento:
  1. Nivel medio:
    1. Sobre el terreno, viene a complementar el cuadro o programa de acción política de gobierno las actividades y desempeños de los órganos de ejecución material de las operaciones y medidas de policía:
  1. Nivel de ejecutorias sobre el terreno:
    1. Derivado inapelable de tal desempeño:
  1.                                                i.     Organizados y ejecutivos los grupos de exterminio, el jefe policial pierde por completo la capacidad de mando y conducción del grupo y pasa a depender su posición de la voluntad del líder del grupo de exterminio. Una vez ejecutados el primero y los subsiguientes señalados en el listado, cualquier investigación que se adelante, por cualquiera sea el órgano o instancia de la cual se trate, si bien las evidencias que se obtengan pueden señalar con calidad probatoria a las individualidades responsables de los crímenes, también es cierto que sus declaraciones significan también señalamientos directos de responsabilidades de los cuadros de línea, medios y superiores del cuerpo policial del cual se trate, con el potencial riesgo de extender estos señalamientos hacia esferas ubicadas fuera del estricto campo del cuerpo y hasta alcanzar gobernadores, jefes políticos, ministros y aún más arriba de la jerarquía.
  2.                                              ii.     Antes, durante y después y especialmente a partir de este evidenciado estadio de complicidades y de responsabilidades compartidas por jefes y subalternos en la comisión de asesinatos y masacres, difícilmente puede considerarse la existencia de un cuerpo policial puesto que lo que en realidad existe, es una banda de criminales que hace prolífico uso de unas “ventajas comparativas” que la incapacidad de una jefatura policial y de un gobierno puso en sus manos.
  3.                                             iii.     A partir de ese momento nuevas modalidades delictivas mucho más elaboradas y lucrativas se incorporan a las capacidades y habilidades de los grupos que operan al interior de cuerpos policiales, convirtiéndolos en las verdaderas cabezas operadoras del crimen y la criminalidad en sus áreas geográficas de actividad; en función de sus particulares crematísticos intereses, imponen su capacidad para la eliminación de otras bandas y de toda competencia en su especialidad delictiva y campo de acción. En busca directa de ese beneficio económico mayor, sustentan y desarrollan potencialidades para extender capacidades hacia otras especialidades delictivas y latitudes dentro o fuera del país; se incorporan y se convierten en el soporte indispensable para intereses y corporaciones delictivas extrafronteras con desempeños –actuales o futuros– en el territorio.
  4.                                             iv.     Entre esas otras especialidades se cuentan:

(a)   Asesinatos por encargo (Crimen S.A.)

(b)  Protección y extorsión (cobro de vacunas)

(c)   Contrabando

(d)  Secuestros

(e)   Piratería de carretera

(f)   Asaltos a bancos, financieras y transportes de valores

(g)   Hurto y robo de vehículos, comercialización de piezas

(h)  Hurto y robo de viviendas, industrias y locales comerciales

(i)    Lavado de activos

(j)    Tráfico y comercialización de drogas

(k)  Tráfico y comercialización de bienes y servicios ilícitos

(l)    Manipulación y desaparición de evidencias físicas en crímenes en proceso o no de investigación

(m) Prácticas y ejecución directa de operaciones de terror sobre víctimas y testigos; sobre jueces, fiscales, jurados, escabinos, auxiliares de justicia, en cualquiera sea el momento o estado de causas criminales reales o potenciales.

(n)  Interferencia, intervención, registro y escucha de comunicaciones y correspondencia privada.

b)    Centros para reclusión de personas privadas de libertad:

i)      En función de difundir dentro y fuera de los penales las condiciones inhumanas a las que están sometidos los reclusos en los centros penitenciarios, con miras a que ello constituya parte de un mecanismo disuasivo de la disidencia, resistencia u oposición de individualidades y población en general:.

(1)  Se impulsa hacia el deterioro sostenido de las platas físicas y de las condiciones de reclusión de los internos, mediante la limitación de capacidades técnicas y de recursos para el manejo, soportado en una sostenida ausencia de directrices y control sobre las administraciones de los centros penitenciarios.

(2)  El hacinamiento de reclusos en superficies cerradas y de escasa ventilación, es parte de la técnica.

(3)  No se aplica metodología o técnica alguna para la selección de internos; independiente de la causa de la detención: todos entran en el mismo pote.

(4)  Por la vía de ignorar las situaciones internas de tensión, se alimenta la creación entre los reclusos de grupos enfrentados entre sí.

(5)  Se prostituyen los sistemas de control interno, de forma tal que ingresen al penal, sustancias de consumo prohibido e instrumentos letales (armas, granadas, instrumentos punzo-cortantes, municiones)

(6)  En caso de enfrentamiento entre grupos enfrentados al interior del centro de reclusión, no se actúa en su prevención, antes por el contrario, se deja avanzar el problema hacia el enfrentamiento y se interviene sólo y una vez que la violencia letal se hace presente y con miras a legitimar la aplicación de represión armada extrema con una buscada y lograda secuela de muertos, incapacitados y heridos.

  1. Nivel para–estatal
    1. La creación, encuadramiento, entrenamiento y logística militar de grupos para–estatales destinados al control social por la amenaza y el uso de la violencia armada contra la población civil en general.
  1.                                                i.     En las áreas geográficas densamente pobladas y que real o teóricamente impliquen mayor amenaza de desorden público; el control social se entrega por completo a estos grupos, por lo cual, como política definida a un preciso objetivo, se limita o se impide definitivamente, por cualquiera sea el medio, la presencia de funcionarios de órganos de policía que no formen parte del programa, no comprometidos y que no estén sujetos a estricto control.
  2.                                                i.     Como queda suficientemente entendido de lo ya expuesto, salvo limitadas y rápidamente sometidas excepciones, sólo operan sobre el terreno delincuentes novatos o recientemente incorporados a la actividad. Las individualidades y bandas, organizadas o en procesos de organización, sólo pueden operar y se les permite hacerlo dentro de dos exclusiva posibilidades:
    1. Dirigidas y controladas desde las jefaturas –formales e informales– de los grupos citados en el aparte “3 d”, en cuyo caso el producto del delito pasa a ser parte del botín, administrado y distribuido por éstos.
    2. Mediante el pago de protección a ese grupo “3 d” dentro de dos modalidades:
      1. Montos fijos en dinero, bienes o servicios que deben cancelar en lapsos acordados.
      2. Montos equivalentes a porcentajes por sobre el 50% del equivalente monetario producto del delito, una vez éste ha sido ejecutado
    3. Si alguna individualidad o grupo de delincuentes ajenos al área sometida al control del grupo “3 d”, se sale del esquema comentado y opera aún y a pesar de los riesgos, más temprano que tarde son identificados, ubicados y liquidados físicamente, una vez que por medios violentos se les saca la información sobre la “caleta”, en cuyo caso, ésta pasa a formar parte del botín, de los beneficios económicos  del grupo.
    1. La operación de la llamada delincuencia común.

Derivados:

Pareciera luego de lo expuesto, ser redundante toda exposición y análisis de los derivados de la situación comentada, puesto que ya en los iniciales párrafos lo hemos sintetizado. Ante la cotidianidad de esta práctica del delito y la delincuencia estatal y para–estatal por acción u omisión, resulta irrefutable que: el Estado en Venezuela, no existe.

En una próxima nota, trataremos de enfocar otro ángulo del complejo problema y algunas sugerencias para el ciudadano común, víctima o potencial víctima.

e-mail rriveromunoz@yahoo.com

Si desea usted mayores datos o informaciones sobre ésta y otras situaciones comentadas sobre la Seguridad Pública en Venezuela, cordialmente le invito a visitar mi página web:http://home.earthlink.net/~accioncivica


[i] La Tribu. Término que fuera acuñado a partir del primer gobierno que asciende al poder producto de elecciones libres y depués de la caída de Marcos Pérez Jiménez y luego muy difundido en distintos instantes con distintos apellidos, hasta la llegada al poder del gobierno revolucionario de Hugo Chávez Frías, donde si bien es cierto, el término perdió vigencia y ya no se menciona con tanta frecuencia, sin embargo, adquiere mayor arraigo, no sólo por la forma tribal de relación interpersonal entre sus integrantes, sino también por sus objetivos, sus conductas y sus métodos de operación, y en especial, por los derivados, las inapelables consecuencias que en cascada inundan a la sociedad, a la política, a la economía, a las finanzas y a la vida cotidiana  de los moradores del territorio. Derivados que en este último período de gobierno se han dinamizado, multiplicado y significan real y potencialmente –tanto para la industria de la ilegalidad local, como para la internacional o transnacional–, además de los enormes e incalculables dividendos financieros líquidos, tanto en moneda local como en moneda extranjera, ya logrados, algo que ni la misma Mafia original con siglos de existencia, ni el Crimen Organizado, La Yakusa, La Triada, ni los mismos Carteles latinoamericanos con sus décadas de existencia han logrado a pesar de su eficiencia, y que La Cosa Nostra, antes del proceso judicial adelantados por los jueces italianos Falcone y Borsellino,  había logrado en un momento dado en Italia: el ascenso de múltiples conspicuos operadores y representantes, a algunas de las más altas posiciones de decisión, en el poder político, militar, económico y financiero en Venezuela.

[ii] Secretaría General Organización de los Estados Americanos; Comisión Interamericana de Derechos Humanos; OEA/Ser.L/V/II.118. Doc. 4 rev.2. 29 de diciembre 2003

[iii] Julian Isaías Rodríguez Díaz, C.I. V-2218534, Impreabogado N° 7421; Gaceta Oficial Extraordinaria del 20 de diciembre de 2000.

[iv] O la versión adaptada a su época en boca de Charles De Gaulle: “… Vuos vouleé la France, la France c’est moi…”

Acerca de rriverom
http://www.home.earthlink.net/~accioncivica/ http://twitter.com/#!/rarmuz

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