Es una Política Criminal del estad o…


Sin Política el Estado es el criminal

Rafael Rivero Muñoz

Caracas, 29/08/03

En múltiples notas publicadas y de archivo –iniciadas con el caso de los Pozos de la Muerte, Zulia en 1985; causa penal no investigada y de la cual fuera el más importante componente en la decisión jurisdiccional, quien hoy ostenta la presidencia del TSJ–, en presencia ahora de esta sostenida arremetida del crimen que pauta ya un índice de asesinatos por año por sobre los 41 muertos por cada cien mil habitantes, siempre se ha planteado la disyuntiva: ¿Estamos o no en presencia, de una política criminal implementada por el Estado?

No pretende ser éste un análisis jurídico, político o de experto en materia alguna; en definitiva, no es más que la apreciación y reacción del ciudadano común en presencia de dos precisas lecturas: la reseña de unos hechos criminales y los textos legales vigentes.

Realidad indiscutible

Por notas recientes de prensa, hemos podido enterarnos de la  magnitud que a diario va adquiriendo el tema de los asesinatos en serie y en cuanto a la regulada y necesaria actividad del Estado[i] –como tutor de la legalidad y en el ejercicio de su insoslayable deber y obligación como administrador de la justicia– y su correspondiente derivado: el Estado de Derecho. Derivado cuyo más trascendente efecto previsto se expresa, en la materialidad de la paz pública pautada por el ordenamiento jurídico, y la sentida, palpable y evidenciada vigencia de los derechos y garantías ciudadanas: la seguridad para la vida, integridad física, de bienes y las libertades de los habitantes y transeúntes en el  territorio.

Y algo no está funcionando en el sentido previsto, o funciona en sentido contrario en la Administración.

“… La proliferación de los grupos exterminio y la actuación de policías que toman la justicia por sus propias manos ha ocasionado la muerte de 1.541 personas en 10 estados del país, desde finales de 1999 hasta el mes de junio de 2003, según investigaciones efectuadas por la Fiscalía General. La privación del derecho a la vida a través de los ajusticiamientos, desapariciones forzadas, ejecuciones y muertes durante presuntos enfrentamientos..”. Agregó en su nota: “… el titular del Ministerio Público, Isaías Rodríguez, giró instrucciones a la Dirección de Derechos Fundamentales para que trabaje en un plan que permita agilizar las investigaciones y las actuaciones ante los tribunales…”. (Irma Álvarez. El Universal).

“…Durante el primer semestre del presente año, las autoridades han computado un promedio de 900 crímenes mensuales. La rata de crecimiento de la criminalidad conduce a pensar que, al concluir el año, la estadística cerrará con 11.600 asesinatos en todo el país. El año 2002 se reportó un promedio de 750 homicidios mensuales. Sin embargo, los organismos de seguridad parecen resignados a tener que levantar 30 cadáveres cada día de las calles de Venezuela hasta que el reloj ordene que repiquen las campanadas del nuevo año…” (Gustavo Rodríguez. El Universal).

“… El ex Alcalde de Coro… Rodolfo Barraez denunció que desde el 20 de septiembre del año 2000 se ha producido en ese Estado la desaparición o muerte de más de 150 personas en extrañas circunstancias ‘a manos de la policía estatal y la responsabilidad recae sobre la policía de Falcón y pareciera ser una política de Estado que encabeza el gobernador Jesús Montilla’…” (Globovisión).

Por su parte en las últimas cifras consultadas de COFAVIC, 241 un casos de asesinatos, desaparecidos y abusos de autoridad le han sido reseñados.

Poderes públicos

Ante tales circunstancias no nos queda otro camino que el de girar y centrar la visual en los dos principales entes públicos –el uno llamado a contenerlo y reducirlo, el otro para reprimirlo por medio de la aplicación de la ley– responsables, por el Estado, del grave estado del asunto del crimen y de la criminalidad, a la cual está enfrentado y ante la cual se encuentra inerme tanto el ciudadano común –individualmente considerado–, como la sociedad venezolana en su conjunto.

El primero de ellos, el Ministro de Interior y Justicia (MIJ), quien de acuerdo con la norma que rige en la República, es el principal responsable por la seguridad pública. De sus precisas instrucciones, mandamientos y decisiones –actos administrativos de disposición o de ejecución–, seguimiento, supervisión y control sostenido, emana y se configura la voluntad de la Administración en materia de seguridad y orden público, puesto que, de él dependen jerárquicamente[ii] los órganos de ejecución material de las operaciones y medidas de policía –general, especial y de investigación criminal–, sean de carácter nacional o por derivados principios y norma administrativa en la estructura funcional del Estado, las concernientes a los cuerpos de policía regional y local. En este caso, e independiente del titular del MIJ del cual se trate, en ya casi cinco años, poca o ninguna actividad –menos aún eficacia– puede ser observada y reseñada. En cuanto al actual titular, pareciera –aparte de la asistencia a los saraos partidistas y revolucionarios– no existir. En su más reciente aparición en los medios para referirse a un accidente, informa a los medios que la ciudadana muerta en la avenida Bolívar de Caracas, era “una dama del sexo femenino” (Lucas Rincón dixit). ¡¡… Epa… !! Y entonces, ¿ existen damas de otro sexo?

El segundo punto de la visual, el Ministerio Público o Fiscalía General de la República (FGR), órgano jerarquizado, quien de conformidad con lo que pauta el ordenamiento jurídico y el procedimiento penal, el COPP, tiene el monopolio[iii] de la acción penal. Lo que significa en términos prácticos, que independientemente de las gestiones que bien pudiere emprender la víctima de un crimen en contra de quienes le han infringido un daño tipificado y penado por la ley, independiente de la calidad de asesores y abogados que le representen, de la calidad de elementos probatorios y argumentales de su pretensión de justicia, es y será exclusivamente el Ministerio Público, quien podrá motorizar la maquinaria de justicia. En ausencia de esa voluntad –la del Fiscal asignado al caso–, ningún tribunal de la República, como hasta ahora parece ha sido la práctica, iniciará investigación y juicio penal alguno.

“… Lo que está a la vista….

Por las razones que a bien pudieren exponerse, la síntesis de la situación pudiere concretarse en términos sociales, políticos y jurídicos: en lo que era un país y una nación, en menos de sesenta meses, hemos pasado a ser una comunidad de moradores de un territorio, amenazados y enfrentados, entre otros, a un índice de 846 delitos y 41,05 homicidios por cada cien mil habitantes año y a una rata de secuestros equivalente a uno cada 41 horas[iv]. Concurrente con ello, por una parte, un seudo caudillo en una delirante verborragia de incitación a la violencia y de agresión permanente, “… Ustedes, soldados, tendrán que escoger –con los fusiles en la mano– qué hacer, hacia dónde apuntar los fusiles: si al pecho de la oligarquía traidora o al pecho del pueblo noble de Venezuela…” (Hugo Chávez Frías dixit); un MIJ inexistente; unos cuerpos y jefes policiales incompetentes; una FGR y unos Fiscales del Ministerio Público seriamente deficientes en su acción; una Defensoría del Pueblo y una Contraloría, silenciosas y pendientes exclusivamente en complacer el ego del seudo caudillo; un TSJ “judicializando” la política, y una Asamblea Nacional ausente o cuando menos, absolutamente inoperante en cuanto a las materias que más preocupan y ocupan a los moradores –que no ciudadanos– desde esta óptica.

Desde cualquiera sea la disciplina o el punto de vista que se seleccione, el conjunto y la dinámica impuesta en los últimos cinco años ha derivado hacia una sola y exclusiva resultante: El Estado, como idea, como concepto y como función, por decisión e indecisión, y obra de un predominante poder Ejecutivo, es inoperante, y como derivado inevitable, está incapacitado para cumplir con su principal objeto: imponer el orden. Y sin orden no hay justicia –o cuando menos, la maquinaria de justicia se evidencia incompetente para administrarla, y sin justicia no hay orden. Son los términos de una situación política, jurídica y social, que definirían, sin lugar a dudas, lo que se conoce en el concierto de naciones como: un Estado Forajido.

… No necesita anteojos…”

Se confirma la apreciación expuesta, con la más reciente información recopilada sobre el particular asunto de los homicidios en serie.

Bajo la firma de Yamilet Herrera publica en su edición del 27 de agosto de 2003 el diario El Nacional, una información que, en el fragor de una acerba contienda política, no puede pasar jamás por debajo de la mesa. Algunos extractos de esa información nos permiten volver abordar el tema de los desaparecidos o, como lo denominan expresamente tanto el Protocolo de Roma[v] como la Constitución vigente[vi]: “Desaparición Forzada de Personas”. Tipología de delito que, textual y expresamente define y condena con severas penas corporales, el recientemente reformado Código Penal (CP) en su artículo 181[vii].

Extraemos del texto de Yamilet Herrera: “… El Tribunal Mixto de Juicio número 2 de la circunscripción judicial del estado Miranda acordó por unanimidad absolver de culpas y conceder libertad plena a los 10 funcionarios policiales de Yaracuy acusados de pertenecer a un presunto grupo exterminio en esta entidad federal… De acuerdo con la denuncia de la Fiscalía IV del Ministerio Público, la víctima habría sido apresada y trasladada a la comandancia policial del municipio Bruzual, donde recibiría una paliza, después de los cual se desconoce su paradero… Los señalamientos apuntan a que se trata de una práctica continuada… El veredicto de la presidenta del tribunal, Isidra Salazar Petit de Vegas, y los dos escabinos que participaron en el juicio se basó en que no se comprobó la responsabilidad penal en el caso, de acuerdo con los detalles aportados por el defensor de los agentes de seguridad, Pedro Troconis… El comandante de la policía, teniente coronel Hermógenes Figueredo considera que se trata de un fallo imparcial… que sus hombres no estaban comprometidos penalmente. Anunció que les harán un recibimiento hoy en el peaje La Raya, en la vía hacia Puerto Cabello, y ofrecerán una misa de acción de gracias en la catedral de San Felipe…”.

Otras informaciones

Complementan el asunto: “… Diez efectivos de la policía regional de Yaracuy –acusados por la desaparición forzosa de Orlando Castillo de quien no se sabe nada desde el 21 de enero de 200 quedó establecido que los funcionarios efectivamente detuvieron a Castillo, el juez Isidro Salazar consideró que no había suficientes pruebas incriminatorias para responsabilizar a los policías Los funcionarios acusados estaban confinados desde diciembre de 2001…” (El Nacional 29/08/03, pág. B17, S/F).

“… La sentencia fue emitida por el Tribunal 2 de Juicio de Monagas, estado en el cual radicaron el juicio ante el amedrentamiento del que estaban siendo objeto funcionarios y testigos, y a raíz de la polémica generada por la muerte de Orlando Castillo, cuyo paradero se desconoce desde el 21-01-01… el juez 2 de Juicio dejó constancia de que la víctima, Orlando Castillo, si fue detenida por policías de Yaracuy. Sin embargo indicó que no encontró elementos suficientes para establecer la culpabilidad de los 10 acusados… Extraoficialmente trascendió que en el juicio hubo testigos que se contradijeron por miedo, a raíz de amenazas recibidas, la desaparición de otra persona y la muerte a machetazos de un denunciante…” (El Universal, I Álvarez, 29/08/03, pág. 1-5)

Concretemos

¿Estamos en presencia de un caso típico de Denegación o Retardo de Justicia, delito del cual, según señalan los expertos, como agente activo, es el juez[viii]?; o,  ¿estamos en presencia de la incompetencia del Ministerio Público unido a otras circunstancias, pero cuyos efectos vienen a configurar lo mismo?

Sujeta la información a una apreciación más detallada, otros elementos han de incorporarse al asunto.

En primer término, tal como reza la información, la víctima en fecha 20 o 21 de enero del 2001 fue detenida por funcionarios policiales y llevada a un cuartel de policía, de ello deja constancia el juez en su sentencia; otros señalamientos indican que fue  sometida a maltratos y desde ese momento, como lo reiteran las informaciones de prensa y quedó evidenciado en el juicio, se desconoce su paradero. Es decir, aún antes, durante y después de la sentencia, la víctima está desaparecida. En consecuencia, estaba en manos del Fiscal del Ministerio Público –una vez que tomó la decisión de imputar a unos sospechosos la comisión de un delito en base a preliminares de investigación–, la obligación y responsabilidad de verificar, mediante documento público, y probar ante el tribunal y en audiencia, que la víctima habría sido arrestada, detenida o secuestrada por funcionarios de policía, y así quedó probado según reza la sentencia; lo que no quedó establecido ni investigado por el Fiscal es: ¿dónde, física y materialmente, está la víctima?

¿Cuál delito imputó el Fiscal?; ¿sobre cuáles elementos de convicción soportó su pretensión?; ¿qué le impidió investigar, acumular las evidencias testimoniales, documentales y de otro género?; ¿qué circunstancia le limitó en su capacidad para alegar y probar en la audiencia la calidad de sus argumentos?. En definitiva: ¿Dónde está la víctima? Preguntas simples que surgen tomando en cuenta el tipo de delito al cual debería referirse la imputación Fiscal.

De acuerdo con la información recopilada por los medios, no estamos en presencia de un simple homicidio, en cuyo caso, es cierto, la ausencia del cadáver –su examen, autopsia y experticias– pudieran dificultar los alegatos de la imputación. Estamos, de acuerdo con lo que reza el texto del Protocolo de Roma[ix] y el Código Penal vigente en la República, en presencia del típico delito de “desaparición forzada de personas” y ha de tenerse en cuenta que: “… el delito… se considerará continuado mientras no se establezca el destino o ubicación de la víctima…”. A este tenor, la víctima tiene desaparecida, desde el momento de su comprobada detención por funcionarios policiales –puesto que así lo sentenció el juez–, hasta el día en que el tribunal dictó la sentencia absolutoria y la libertad de los encausados, no menos de 967 días. La víctima, sigue desaparecida.

No es posible comprender entonces la sentencia, se contradice así misma. ¿Cómo el tribunal –integrado por un juez profesional y dos escabinos– puede decidir la inexistencia de pruebas?, cuando una de las pruebas de la comisión del delito está plasmadas en la misma sentencia firmada por el juez: fue detenido por funcionarios de policía. Y la otra prueba complementaria, lo constituye el hecho de que, desde ese momento de su detención han transcurrido casi mil días y nadie ha podido probar ante ese mismo tribunal y juez, que está con vida y goza de libertad. La única prueba en descargo que, en este caso, pudiere haber admitido y validado el tribunal en audiencia, estaría conformada por el hecho de que, sea la jefatura policial del cuerpo al cual están adscritos los funcionarios imputados, sea la defensa, hayan presentado ante el tribunal a la víctima con vida, o cuando menos, a lo mejor, otras pruebas documentales y testimoniales, admisible e irrefutables, que a juicio de ese tribunal tuvieren el mismo efecto: ¿Cuáles?. La sentencia en su mismo contenido, viene a resultar, un exabrupto.

Negligencia o complicidad

Ante tan estruendoso fracaso de la justicia, dos posibles responsabilidades derivadas han de establecerse.

El Fiscal

El Ministerio Público fue absolutamente incompetente –una vez asumida la responsabilidad desde el momento en que se aventura a imputar a uno o varios sospechosos– no ya para recopilar y sustentar los elementos de información y probanzas sobre el arresto, detención o secuestro policial de la víctima, sino de las  consecuencias para la víctima. Luego, fue profesionalmente incapaz, no pudo establecer, sustentar y argumentar la relación de tiempo y espacio entre la víctima para el momento en que fue vista por última vez con vida y el actual del momento de la sentencia: ¿Dónde está la víctima? A menos que, en su descargo, ahora, luego de la sentencia, pretenda alegar en su defensa o su propia torpeza, o que señale directamente haber estado sujeto a presiones y amenazas. En ninguno de los dos supuestos, está exento de responsabilidades penales, administrativas y civiles.

El Juez

En presencia de un grave delito –medido en función de la pena para la desaparición forzada de personas– tipificado y penado tanto por tratados internacionales como por el Código Penal, el juez profesional acepta y habría avalado con su desempeño, una severamente deficiente investigación criminal por parte del Fiscal y sus auxiliares, y apura una decisión jurisdiccional. Habiendo aceptado la prueba de la detención de la víctima por parte de los funcionarios policiales imputados, pero sin que por tanto esa víctima haya sido ubicada, presentadas las pruebas de que goza de libertad o determinado, en caso de que así fuere, las causas de su desaparición, su destino, o su muerte. Es así, que, según se entiende de las notas de prensa, se dicta una sentencia absolutoria y la derivada libertad plena de los encausados[x]. Reza un principio de Derecho, “… los errores en Derecho, se equiparan a la mala fe…”. ¿También titular y escabinos estuvieron sujetos a presiones y amenazas?. En cuyo caso, además de que similar criterio expuesto con relación al Fiscal, ha de aplicarse a todos sus integrantes;  dispara el asunto para hacerlo trascender su propia decisión, y en una escalada hacia responsabilidades mucho más graves y que repercutirán dentro y fuera de la maquinaria de justicia. Con esta sentencia el juez pasa del estatus de juzgador al de juzgado, sea dentro o fuera de las fronteras.

Una guinda para el pastel

Viene a complementar el cuadro de la situación, lo declarado a los medios por el comandante de la policía, quien anunció: a los funcionarios liberados “… les harán un recibimiento hoy en el peaje La Raya, en la vía hacia Puerto Cabello, y ofrecerán una misa de acción de gracias en la catedral de San Felipe…”.

 

Si asumimos esta conducta pública y expresa del comandante de la policía y la sometemos al texto de la norma que tipifica y castiga la desaparición forzada de personas, resulta indiscutible que emergen no tan extraños intereses alrededor de la causa: “… La autoridad pública, sea civil o militar, o cualquier persona al servicio del Estado que ilegítimamente prive de su libertad a una persona, y se. niegue a reconocer la detención o a dar información sobre el destino o la situación de la persona desaparecida, impidiendo, el ejercicio de sus derechos y garantías constitucionales y legales, será castigado…” (CP).

 

¿Qué celebra el jefe?

 

De haberse establecido responsabilidades de los funcionarios subalternos en la detención, maltratos físicos y la ulterior desaparición de la víctima, resulta indiscutible que éstas se extenderían, irremediablemente a lo largo y ancho de la estructura jerárquica del organismo policial involucrado, hasta señalar severa incumbencia de ese comandante policial y todo su estado mayor[xi]. Por tanto, no sólo y exclusivamente los sospechosos directamente imputados, también los cuadros de mando se estaban jugando en la investigación, juicio y sentencia derivada, una severa condena de cárcel: entre quince y veinticinco años.

 

Tal celebración es en su más suave expresión, a todas luces, el reflejo de una angustia, o cuando menos una imprudencia; pero es que además, en su expresión más grave es: la expedición de un licencia para matar que la hace, con su público y notorio particular desempeño, extensiva a todos sus subalternos. ¿Qué es lo que coronel premia, el silencio, la coautoría, la autoría material o intelectual?. Más grave aún se presenta el asunto, visto desde la óptica del llamado efecto dominó. Si bien por una parte, condenado el primer caso de este tipo, el resto de los que están en curso en otras instancias y jurisdicciones, corren el peligro de transitar el mismo camino de una sentencia condenatoria; también es cierto que al contrario, de ser absueltos, como lo fueron en este caso, la licencia expedida por el comandante de policía a sus subalternos, avalada por el silencio y la tolerancia del Ejecutivo, se extendería al resto de los integrantes de los cuerpo de policía que operan a todo lo largo y ancho del país.

 

El asunto entonces, ya no sólo afecta a ese comandante y cuerpo policial señalado, sino que afectará a otros comandantes y otros cuerpo policiales señalados en otras múltiples desapariciones y homicidios en serie. Se escapa de la jurisdicción administrativa local, para esparcir sus efectos, y en consecuencia, pone en manos del titular del MIJ, decisiones cuya emisión o negación lo ubicarían en una situación cuyos términos han sido previstos en el artículo 28 del Protocolo de Roma; para convertirse en un problema de Estado. Tal “fiesta” o celebración para el recibimiento de los funcionarios liberados, no deja de tener una importante connotación, que no sólo involucra al gobierno regional, sino que, como ha sido reseñado, se extiende y dispara sus efectos y consecuencias, hacia el más alto nivel político de la Administración.

 

Cumbres borrascosas

 

Incompetencia para ejercer el cargo, negligencia para cumplir con sus obligaciones –en la más suave de las consideraciones; complicidad, autoría material o intelectual en su más grave expresión–  en los titulares de los cargos en el MIJ y la FGR, a lo cual se le agrega una discutible sentencia de un tribunal penal, y para poner la guinda en la torta, la imprudencia de un coronel de la FAN entrenado para asuntos distintos y ajenos a la materia civil, y que como hombre de guerra, no puede contener su ímpetu, para celebrar lo que supone constituye, una victoria. Semejante a aquella del coronel Alfredo Monch cuando sobre la torreta de un tanque entró –supuestamente– triunfante a La Alcantarilla, en El Porteñazo.

 

Turbulencia

 

Sería bueno recordar a los interesados que hoy cantan y celebran esa victoria –independiente de jerarquías y cargos–, los términos precisos que pautan el Código Penal venezolano y sobre lo cual abunda el Protocolo de Roma en cuanto a este específico delito definido como, desaparición forzada de personas:  “… La acción penal derivada de ese delito y su pena serán imprescriptibles, y los responsables de su comisión no podrán gozar de beneficio alguno, incluidos el indulto y la amnistía…”, que, en su momento, serán complementadas con los que pauta en su texto el Protocolo de Roma.

 

“… Guerra avisada no mata soldado…

 

Si observamos el fenómeno delictivo muy particular del cual se señalan como autores a múltiples funcionarios de policía –activos o no– en varias entidades del país –apertura de 854 expedientes, la imputación de 173 funcionarios y la acusación de otros cincuenta y cuatro, en Portuguesa, Zulia, Anzoátegui, Bolívar, Aragua, Falcón, Yaracuy, Carabobo, Lara y Táchira. Los expedientes: Zulia: 111 casos. 35 imputados; Anzoátegui 164 casos 3 imputados; Portuguesa 127 casos. 32 imputados, Bolívar: 159 casos. 1 imputados; Aragua. 100 casos. 21 imputados; Falcón. 100 casos. 7 acusados; Yaracuy 33 casos. 38 imputados; Carabobo 10 casos. 2 imputados, Lara 20 casos. 11 imputados; Táchira: 30 casos. 2 imputados (Irma Álvarez. El Universal)– y lo comparamos con los resultados hasta ahora logrados en las investigaciones y causas penales en curso, comprenderemos entonces, que la sentencia que nos refiere la información sobre la cual hemos construido nuestros argumentos, adquiere la potencialidad de generación de otro “efecto dominó”, pero esta vez parecido al generado por la “Masacre de San Valentín” en otras latitudes; más explosivo y quizás con el poder de una enorme “carga de profundidad”, puesto que aborda ámbitos de connotación nacional e internacional, social, política, jurídica y técnica, severamente trascendentes en el estado actual de las cosas. Quizás, “por ahora”, de efectos retardados.  Con esta sentencia de un tribunal de la República, independiente de las causas que la impusieron, pareciera comienza entonces a despejarse la incógnita con la cual cerramos el primer párrafo de esta nota.

 

Siendo entonces que, se asume, prevista, sustentada e impulsada por esa política de Estado una tajante división de la población en dos estratos diferenciados y enfrentados –divide y vencerás–;  para los unos, los integrantes de la población sumida y mantenida en los estratos más bajos, los marginados, tal como ha sido reseñado, circo, y plomo por obra de los “Pelotones de Extermino”, y para el resto de la población, ofensas, humillaciones y está previsto también plomo, esta vez, y en su momento, por obra de los Batallones del Ejército. Escopetas contra el pecho de los unos y fusiles contra el de los otros.

 

… Y si lo mata, es por pendejo…”

 

De establecerse dentro o fuera de nuestras fronteras y en una imparcial, verdadera y efectiva técnica de investigación criminal, los elementos y probanzas que aborden los particulares que refieren los vocablos generalización, sistematización y ataque contra la población civil[xii], indiscutiblemente que el número de funcionarios a ser imputados –además de los subalternos ejecutores materiales de los crímenes– incorporará jueces y fiscales, comandantes y estado mayor de cada cuerpo policial o unidad militar involucrada en la conducta criminal, ascendiendo en forma certera, paso a paso, hasta alcanzar vice ministros, ministros y hasta al propio jefe del Estado. Y el derivado juicio y la consecuencial sentencia nacional o extrafrontera –cada cosa en su momento–, versarán, no ya sobre el Artículo 181 del Código Penal, sino sobre una u otra de las modalidades del crimen de lesa humanidad, expresamente prescrita y sancionada por el ya bastante citado, Protocolo de Roma.

 

En otros términos, a defecto de una acción sostenida y contundente del Estado y de la jurisdicción nacional, a instancia de parte interesada, más temprano que tarde, pasará el acumulado de causas criminales, a ser de tratamiento en el ámbito y la competencia de la ya instalada Corte Internacional de Justicia; puesto que, salvo pruebas irrefutables en contrario, ante la modalidad de homicidios en serie que se viene observando, estaríamos entonces en presencia de una definida política criminal genocida, concebida, admitida, implementada y ejecutada, por un poder Ejecutivo, en supuestas funciones de Estado.


NOTAS

[i] [i] El Estado ha sido y seguirá siendo siempre una creación intangible, inmaterial; es una idea que radicalmente proscribe el instinto como forma de existencia y de preservación de la vida en la comunidad de individuos; que distingue a los seres humanos como superiores dentro del género animal: “… La sociedad humana existe como consecuencia de un orden que es impuesto por el Estado… adquiere así el carácter de una institución fundamentalmente convencional que es creada para imponer el orden y que puede ser disuelta no bien los individuos estimen que ya no presta la utilidad que ha motivado su creación…” (Juan Carlos Smith, Omeba).

[ii] La voluntad de la Administración se expresa por órgano de la jerarquía

[iii]  “… Ejercicio exclusivo de una actividad, con el dominio o influencia consiguientes…” DRAE

[iv] Cifras estimadas para el cierre del año 2003

[v] Articulo 7 1) i) Desaparición Forzada de Personas. Elementos: 1. El autor: a) Ha arrestado, detenido o secuestrado a una o varias personas o  b) Se ha rehusado a reconocer que esa o esas personas han sido arrestadas, detenidas o secuestradas y a revelar la suerte que le (s) ha estado reservada (s) o el lugar donde se encuentra (n). 2. a) el arresto, la detención o el secuestro han estado seguidos o acompañados de la negación a admitir ésta o esas personas están privadas de su libertad o de revelar la suerte que les está reservada, o el lugar donde se encuentran o b)  El rehusarse a revelar información, han estado precedida o acompañada de la privación de libertad. 3. El autor estaba en cuenta que: a) el arresto, detención o secuestro sería seguida, en el curso normal de los eventos, del rechazo a admitir  que esta esas personas están privadas de su libertad o de revelar la suerte que les está reservada o el lugar donde se encuentran; o que b) Esa negación está precedida o acompañada de una privación de libertad. 4. El arresto, la detención o el secuestro ha sido ejecutado por o con la autorización, el apoyo o el consentimiento de un Estado o de una organización política. 5. La negación a admitir que esta o esas personas están privadas de su libertad o de revelar qué les está reservado o el lugar donde ellas se encuentran ha sido expuesta por ese Estado o esa organización política o con su autorización y su apoyo. 6. El autor tenía la intención de sustraer la dicha persona o dichas personas de la protección de la ley durante un período prolongado. 7. Un comportamiento que forma parte de un ataque generalizado o sistemático dirigido contra una población civil. 8. El autor está en cuenta de que tal comportamiento forma parte de un ataque generalizado y sistemático dirigido contra una población civil o entiende que ello forma parte. Vista la compleja naturaleza de este crimen, queda entendido que su comisión implicará normalmente varios autores con una intención criminal común. Este crimen no revela de la competencia de la Corte sino cuando el ataque tiene como objetivo los elementos 7 y 8 y ejecutados luego de la entrada en vigencia del Estatuto. Aquel quien, sin haber intervenido en la ejecución de la detención, haya mantenido la existente detención, está también considerado como autor. Queda entendido que, en ciertas circunstancias,  el arresto o la detención pueden haber sido legales. Este elemento que ha estado incluido en razón de la complejidad del crimen, y sin perjuicio de lo pautado en la introducción general a los elementos del crimen. Queda entendido que, en el caso de un autor que haya mantenido una detención existente, ese elemento deberá / podrá ser satisfecho si el autor estaba en cuenta que una tal negación había sido expuesta.

[vi] Constitución Nacional Artículo 45 “… Se prohíbe a la autoridad pública, sea civil o militar, aun en estado de emergencia, excepción o restricción de garantías, practicar, permitir o tolerar la desaparición forzada de personas. El funcionario o funcionaria que reciba orden o instrucción para practicarla, tiene la obligación de no obedecerla y denunciarla a las autoridades competentes. Los autores o autoras intelectuales y materiales, cómplices y encubridores o encubridoras del delito de desaparición forzada de personas, así como la tentativa de comisión del mismo, serán sancionados de conformidad con la ley…”

[vii] Venezuela: Código Penal Gaceta Oficial 5.494 Extraordinario 20 de octubre de 2000. Ley de Reforma: “… Artículo 181- La autoridad pública, sea civil o militar, o cualquier persona al servicio del Estado que ilegítimamente prive de su libertad a una persona, y se. niegue a reconocer la detención o a dar información sobre el destino o la situación de la persona desaparecida, impidiendo, el ejercicio de sus derechos y garantías constitucionales y legales, será castigado con pena de quince a veinticinco años de presidio. Con igual pena serán castigados los miembros o integrantes de grupos o asociaciones con fines terroristas, insurgentes o subversivos, que actuando como miembros o colaboradores de tales grupos o asociaciones, desaparezcan forzadamente a una persona, mediante plagio o secuestro. Quien actúe como cómplice o encubridor de este delito será sancionado con pena de doce a dieciocho años de presidio… El delito establecido en este artículo se considerará continuado mientras no se, establezca el destino o ubicación de la víctima… Ninguna orden o instrucción de una autoridad pública, sea esta civil, militar o de otra índole, ni estado de emergencia, de excepción o de restricción de garantías, podrá ser invocada para justificar la desaparición forzada… La acción penal derivada de ese delito y su pena serán imprescriptibles, y los responsables de su comisión no podrán gozar de beneficio alguno, incluidos el indulto y la amnistía… Si quienes habiendo participado en actos que constituyan desapariciones forzadas, contribuyen a la reaparición con vida de la víctima o dan voluntariamente informaciones que permitan esclarecer casos de desaparición forzada, la pena establecida en este artículo les podrá ser rebajada en sus dos terceras partes…”

[viii] Denegación y retardo de justicia “… Acción y efecto de denegar… ‘No conceder lo que se pide o solicita’, ‘Rehusarse a cumplir con su obligación’, ‘Negar un hecho’… [Argentina] El funcionario público que, faltando a la obligación de su cargo, dejare de promover la persecución y represión de los delincuentes, será reprimido con inhabilitación absoluta de seis meses a dos años, a menos que pruebe que la omisión provino de un inconveniente insuperable…” Mateo Goldstein. “… el bien público tutelado es la administración de justicia… Sujeto activo del delito de denegación de justicia es, pura y exclusivamente, un juez… consiste en una omisión: ‘negarse a juzgar’. En el delito de retardo de justicia, media el dolo… deben estar vencidos los términos legales, para que pueda hablarse de este delito… la pena aplicable (caso argentino) inhabilitación absoluta, la que trae aparejado la privación de la función judicial, del derecho electoral, de obtener otros cargos públicos y la pérdida de toda jubilación, pensión o goce de montepío..” Incumplimiento de la obligación de promover la persecución y represión de los delincuentes… puede confundirse, en ocasiones con el encubrimiento… un típico delito de omisión… se consuma por el hecho de no hacer y es también un delito instantáneo pues queda consumado tan pronto venció el lapso dentro del cual el acto funcional debe ejercerse…” Alfredo Nocetti Fasolino. Omeba T. VI

[ix] Artículo 7 Crímenes de lesa humanidad: “… Por ‘desaparición forzada de personas’ se entenderá la aprehensión, la detención o el secuestro de personas por un Estado o una organización política, o con su autorización, apoyo o aquiescencia, seguido de la negativa a informar sobre la privación de libertad o dar información sobre la suerte o el paradero de esa persona, con la intención de dejarlas fuera del amparo de la ley por un período prolongado…”

[x] Protocolo de Roma: Artículo 20 “… La Corte no procesará a nadie que haya sido procesado por otro tribunal en razón de hechos también prohibidos en virtud de los artículos 6, 7 u 8 a menos que el proceso en el otro tribunal:… a) Obedeciera al propósito de sustraer al acusado de su responsabilidad penal por crímenes de la competencia de la Corte; o… b) No hubiera sido instruida en forma independiente o imparcial de conformidad con las debidas garantías procesales reconocidas por el derecho internacional o lo hubiere sido de alguna manera que, en las circunstancias del caso, fuere incompatible con la intención de someter a la persona a la acción de la justicia…”

[xi] Protocolo de Roma: Artículo 28 “… Responsabilidad de los jefes y otros superiores… Además de otras causales de responsabilidad penal de conformidad con el presente Estatuto por crímenes de la competencia de la Corte:… 1. El jefe militar o el que actúe efectivamente como jefe militar será penalmente responsable por los crímenes de la competencia de la Corte que hubieren sido cometidos por fuerzas bajo su mando y control efectivo, o su autoridad y control efectivo, según sea el caso, en razón de no haber ejercido un control apropiado sobre esas fuerzas cuando:… a) Hubiere sabido o, en razón de las circunstancias del momento, hubiere debido saber que las fuerzas estaban cometiendo esos crímenes o se proponían cometerlos; y… b) No hubiere adoptado todas las medidas necesarias y razonables a su alcance para prevenir o reprimir su comisión o para poner el asunto en conocimiento de las autoridades competentes a los efectos de su investigación y enjuiciamiento…”

[xii] Considerando:

  1. La pública y notoria existencia de unos llamados “Grupos de Exterminio” causante de por lo menos 1.541 asesinatos individuales y colectivos en diez distintas entidades federales en un lapso superior a 33 meses.
  2. Que tales grupos u organizaciones, ejecutan su tarea a través de “ajusticiamientos”, “desapariciones forzadas”, “ejecuciones” y “muertes durante presuntos enfrentamientos”.
  3. La técnica aplicada, es falsos arrestos o detenciones y secuestros.  Según consta en investigaciones que reposan en la Fiscalía General de la República y de acuerdo a las informaciones publicadas (Irma Álvarez, El Universal) y derivada de declaraciones, se asume que oficiales, del máximo  representante de la FGR.
  4. Tomando en cuenta que, según la misma fuente de información, por lo menos en el caso del estado Portuguesa, una comisión especial de investigadores de PTJ y DISIP, luego de haber iniciado las investigaciones sobre múltiples asesinatos, “por órdenes superiores”, se vió obligada a abandonar la zona y las investigaciones.
  5. Tomando en cuenta que, según se desprende de uno de los detalles obtenidos en las investigaciones de la Fiscalía General, ésta establece que existe cuando menos una cierta organización, lo que implica que hay una estructura de dirección y mando que de una u otra forma unifica formas de operación o “modus operandi”.
  6. Que tal modo de operar de los ejecutores se materializa en los siguientes términos: a) ocultan su identidad; b) visten ropas negras; c) se cubren el rostro con pasamontañas; d) usan como arma, escopetas (lo que dificulta la individualización y comparación balística de los proyectiles encontrados en el cuerpo de las víctimas); e) utilizan como medio de transporte vehículos de pasajeros de color blanco y vidrios oscuros; f) utilizan como medio de captura de sus víctimas, el secuestro y g) han asesinado por lo menos a 16 de los testigos previstos a ser interpelados en audiencia y ante un juez.
  7. Que son siete constantes o elementos que en distintos y distantes espacios geográficos y tiempos de ejecución de asesinatos individuales o colectivos, revelan o brindan evidencias de un unidad o similitud en la acción criminal, un modus operandi, tal como fuera expresamente acotado a la periodista que publica la información, por el propio Fiscal General de la República, Isaías Rodríguez.
  8. Tomando en cuenta que, las víctimas de estos asesinatos en serie, guardan entre sí características que le ubicarían en un sector o supuesto estrato social definido ilícitamente por los propios organismos policiales ejecutantes.
  9. Que son las características de esa separación social ilícita: a) en una o múltiples oportunidades sus integrantes han sido detenidos por funcionarios policiales, llevados a los cuarteles, reseñados, señalados como autores de ilícitos, pero, no probados ante un juez las imputaciones o alegatos de la policía o Fiscales –en los casos que así fueren–, habrían sido dejados en libertad; b) han sido estigmatizados con el remoquete de delincuentes, pre–delincuentes, potenciales delincuentes, azotes de barrio y otros epítetos; c) sus viviendas y lugares de actividad y de permanencia regular, se ubican en los sectores geográficos y sociales más deprimidos de la comunidad; d) que sus integrantes forman parte de un grupo social sobre el cual funcionarios de policía mantienen constante observación; e) que en su mayoría las víctimas estuvieron o están incorporadas a un supuesto listado elaborado por unos llamados Grupos de Exterminio, y denominado “Lista Negra”.
  10. Tomando en cuenta que, la acción de los grupos policiales, para-policiales o de “Exterminio” , como queda establecido en las investigaciones de la propia Fiscalía General de la República, operan en todo el territorio nacional, puesto que en diez de las dependencias federales de la República, se registra la misma modalidad de crímenes individuales y colectivos en serie, hasta alcanzar una cifra de más de 1.541 asesinados; lo que implica y puede ser establecido como una generalización de la conducta criminal.
  11. Tomando en cuenta de que las víctimas hasta ahora contadas de esta modalidad delictiva, son ciudadanos comunes, población civil que habita en distintos lugares del territorio de la República.
  12. Tomando en cuenta que la actividad desarrollada por los integrantes de los supuestos grupos de exterminio, es conocida, pública y notoria, 1541 muertos en más de 33 meses, sin embargo ninguna disposición, medida, orden necesaria y razonable al alcance de la estructura de mando policial –partiendo de la máxima autoridad nacional competente, pasando por las regionales hasta bajar hasta el nivel jerárquico de comando en línea– ha sido adoptada para prevenir o reprimir la comisión de los actos reseñados. Antes por el contrario, como queda demostrado con la sentencia objeto de observación en este trabajo, el jefe policial públicamente celebra la declaratoria de inocencia y libertad de los imputados, lo que implica, a los efectos de subalternos, ejecutores o no de los actos reseñados, la tolerancia, aceptación o aval de la conducta criminal.

Confrontados los hechos ya constatados oficialmente por la FGR, la subsiguiente inacción o supuesta incompetencia de la propia Fiscalía para llevar adelante las investigaciones, identificación, juicios y derivadas condenas a los responsables, que conducen al supuesto de: “imponer una demora injustificada“ en el inicio de la investigación, o que ésta “no haya sido o no esté siendo sustanciada de una manera imparcial”; las decisiones jurisdiccionales que, al menos en el caso estudiado, definitivamente conducen a “sustraer a la persona de la que se trate de su responsabilidad penal por crímenes”; y, la evidenciada inacción –o acción en contrario– de toda la estructura jerárquica del Ejecutivo –que incluye de arriba hacia abajo, desde el propio jefe del gobierno, pasando por ministros, vice ministros, gobernadores, alcaldes, comandantes y estados mayores de los cuerpos de policía nacionales, regionales y locales, pasando por todos y cada uno de los jefes de unidades de operación y personal subalterno de operadores involucrados como actores, apoyo, colaboradores y testigos,  en la conducta delictiva objeto de investigación– tomando en cuenta que la secuencia de asesinatos en serie, al menos los citados en este ejemplo, cubre un lapso superior a los dos años y medio o treinta (30) meses; situación que de comprobarse, estaría dentro de lo previsto y pautado como condenable por el artículo 28 del PR que establece en su aparte 2: “… En lo que respecta a las relaciones entre superior y subordinado distintas a las señaladas en el apartado a), el superior será penalmente responsable por los crímenes de la competencia de la Corte que hubieren sido cometidos por subordinados bajo su autoridad y control efectivo, en razón de no haber ejercido un control apropiado sobre esos subordinados cuando:… a) Hubiere tenido conocimiento o deliberadamente hubiere hecho caso omiso de la información que indicare claramente que los subordinados estaban cometiendo esos crímenes o se proponían cometerlos;… b) Los crímenes guardaren relación con actividades bajo su responsabilidad y control efectivo; y… c) No hubiere adoptado todas las medidas necesarias y razonables a su alcance para prevenir o reprimir su comisión o para poner el asunto en conocimiento de las autoridades competentes a los efectos de su investigación y enjuiciamiento…”

 

 

Mayores datos o informaciones sobre la Seguridad Pública en Venezuela, cordialmente le invito a visitar mi página web: http://home.earthlink.net/~accioncivica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ Solidaridades automáticas”, la sumatoria de…

Negligencia, incompetencia y complicidad

Rafael Rivero Muñoz

Caracas, 07/09/03

Si un símil ha existido y existe entre los distintos períodos de gobiernos que se han sucedido unos a otros a todo lo largo de nuestra historia –con una muy breve interrupción, al menos en el aspecto conceptual,  entre la muerte de Juan Vicente Gómez y la Revolución de Octubre de 1945, luego retomada y realimentada a todo lo largo de estos casi sesenta años en la vida política venezolana–, es en el ámbito de la idea, del concepto y de la función de los órganos de ejecución material de las operaciones y medidas de policía; tema amplia y suficientemente tratado en múltiples notas anteriores. Cambian los gobiernos, cambian algunas leyes, reglamentos, sustituyen jefes y personal, pero todo sigue igual –o peor–: la policía, actuando a imagen y semejanza de “La Sagrada”[xii] y en función de intereses muy particulares. Definitivamente, en algunos casos, como un ejército de ocupación dedicado casi en exclusivo a la depredación. Esto, mientras la pasividad de los afectados, la ciudadanía, lo admite y lo tolera con su silencio.

Una vez… y nada más

Pésele a quien le pese, sólo un único gobierno de toda esta historia, pretendió alguna vez introducir modificaciones en esa reiterada concepción y conducta política del Estado en materia de orden público, frente y en función de los gobernado. Durante el período de sucesión de Juan Vicente Gómez, cuando Eleazar López Contreras dictó y puso en vigencia el decreto de creación de la Escuela de Formación de Agentes de Seguridad Pública y luego el 4 de agosto de 1937 cuando por ley de la República se crea el Servicio Nacional de Seguridad, dependiente del Ministerio de Relaciones Interiores. Con todo eso acabó la Revolución de Octubre, la fundadora de la Seguridad Nacional. Un amago de retorno a la legalidad del ejercicio del poder público en esa materia con el Gobierno de Ancha Base en 1959 –muy corto por cierto–, y de nuevo hasta nuestros días, los intereses particulares retomaron sus privilegios y fueros. Algunas veces en nombre de la democracia, otras en nombre de la revolución, en todas, el mismo cuento, el mismo efecto y el mismo resultado.

¿Existe alguna substancial diferencia entre uno…

Comparemos, por sus resultados en la materia que nos ocupa, dos gobiernos regionales, el uno dicho afecto al régimen central y el otro, desafecto, cuando no opositor. Portuguesa y Carabobo.

En uno, la actividad, desempeño y resultados de la acción de “Grupos de Exterminio” cuya “hoja de servicios” a la revolución, registra en la cuenta el arresto, detención o secuestro y posterior asesinato de no menos de 127 ciudadanos por parte de funcionarios policiales o para–policiales adscritos directa o indirectamente a la gobernación del estado. El mismo gobernador, el mismo secretario de gobierno, el mismo comandante de la policía de 1999, fecha en que se inicia la cuenta de asesinatos, hasta la hoy. Allí, en el estado Portuguesa, no ha pasado absolutamente nada en el ámbito de la administración regional, nada en el ámbito de la jurisdicción. Pareciera que los seres humanos muertos –marginales o pobres según la terminología revolucionaria–, para esa revolución que proclama y apoya la gobernadora, son piezas de desecho, estiércol pestilente al cual basta cubrirlo con tres metros de tierra y seguir dando continuidad al “proceso”.

… y en el otro extremo?

El viernes 5 de septiembre una supuesta comisión de “inteligencia” se hizo presente en el Barrio Bolivariano de Vigirima en el Municipio Guacara, según la síntesis de la reseña del diario local Notitarde: “… varios efectivos de Inteligencia de la Policía de Carabobo llegaron en dos vehículos a la licorería ‘El Panal’, ubicada a la entrada del barrio… sin identificarse, agredieron verbalmente al dueño del local… a quien encañonaron para que abriera las puertas de su negocio sin ninguna explicación.. la víctima al ver la acción de los extraños, pensó que se trataba de unos delincuentes del sector, por lo que se negó a abrir y fue atacado a tiros por los policías… aún herido se internó en su casa a pedir ayuda, pero los funcionarios entraron disparando contra él y contra el joven Danny Zacarías, quien también optó por defenderse con una escopeta… llegó una ambulancia… los funcionarios presentes ignoraron la petición de varios vecinos para trasladar a Danny Zacarías en la unidad, dejándolo morir en el lugar… los policías robaron mercancía de la licorería, ya que se fueron del lugar con licores, cajas de cigarrillos, dinero en efectivo y hasta un arma de fuego que tenía el comerciante… cada fin de semana los policías salen a buscar real, agarran a los muchachos y si no tienen 5 o 10 mil bolívares los golpean salvajemente…

Hurguemos en busca del detalle

Carabobo figura en los registros de asesinatos y otros delitos, como uno de los estados con mayor incidencia delictiva en el país; tiene en su haber en el mismo lapso estudiado por lo menos diez casos de ciudadanos arrestados, detenidos o secuestrados, que luego aparecen asesinado en situaciones que semejan a las comentadas para el estado Portuguesa. Tampoco tenemos información que nos reseñe las decisiones del gobierno regional en cuanto a la atención de esta modalidad ilícita de actuación de los cuerpos de seguridad, pero si observamos ya, en el caso que comentamos ahora, la presencia de los primeros indicios de la nefasta conducta que se materializa en las “solidaridades automáticas”:

 

“… el Cicpc no colectó las armas involucradas en la balacera en la que murieron los Zacarías, sino que lo hizo la Policía de Carabobo el viernes a media noche… Comisiones de las sub delegaciones Mariara y Carabobo acudieron al lugar de la balacera junto a la fiscal Adelaida Jiménez, para efectuar diversas diligencias técnicas de interés criminalístico, entre ellas la Planimetría y el Análisis de Balística, a través de los cuales se determinará de donde provinieron los disparos que cegaron la vida de Rafael Celestino Zacarías y su hijo adolescente Danny Zacarías… algunas personas ‘reconstruyeron los hechos’ y hablaron acerca de la participación en el tiroteo de una peligrosa banda delictiva que azota la zona, conocida como ‘La Banda de El Culebrito’… habrían sido ellos y no los fallecidos quienes hirieron a los tres funcionarios, ‘ya que el comerciante no fue quien les disparó’, de acuerdo a lo explicado por estas personas, que por temor no se identificaron… El comisario Hugo Díaz Torrealba indicó que el Cicpc abrirá una investigación paralela a la de las muertes, con el fin de determinar responsabilidades en la quema de la furgoneta del Cicpc ocurrida en el lugar del suceso…”.

 

Ya se comenzó por construir el falaz argumento del encuentro armado con supuestos delincuentes conocidos, para construir sobre ello ulteriores manipulaciones de la escena, de las evidencias y testimonios, y las justificaciones oficiales que cubran el hacer de los “sagrados” y oculten la verdad de lo ocurrido.

 

Y que detalles…

Viernes en la noche, inicio de la diversión de fin de semana –la playa, los palos, el dominó, el cine, la parrilla entre amigos; la farra pues– para lo cual el salario que se devenga, si es que lo pagan a tiempo y completo, en las condiciones actuales no brinda tales posibilidades; algo extra ha de hacerse para obtener los recursos. Evidentemente, la pandilla, una placa y un revólver, facilitan para algunos “delincuentes con placa” el asunto, si este fuere el caso.

Salvo que un jefe policial y superior jerárquico de los funcionarios directamente involucrados en la balacera y su consecuencial derivado en muertes y heridos, asuma por completo ante la autoridad administrativa y el tribunal de la causa, la responsabilidad de haber expresamente emitido la orden de operación y la certifique documentalmente y de acuerdo a los procedimientos preestablecidos –si es que existen– avale oficialmente tal incidencia, pareciera que no estamos en presencia de una operación policial, puesto que:

a)     inteligencia, eufemismo por información, no se realiza en esos términos;

b)    el funcionario de policía no es autoridad de policía, es sólo un operador en línea de un órgano de ejecución material de las medidas y operaciones de policía;

c)     ningún ciudadano, en ninguna circunstancia, está obligado por norma alguna a obedecer y someterse a los designios de un supuesto funcionario policial, si antes éste no se identifica plenamente y le impone, previo a cualquier desempeño ulterior, de qué se trata la operación, sea mostrando la orden escrita de la autoridad jurisdiccional, si fuere el caso, sea mostrando la correspondiente emanada de la autoridad civil competente;

d)    salvo un caso de flagrancia, el funcionario policial carece de autoridad alguna para imponer su voluntad sobre un ciudadano, menos si éste se encuentra al interior de un espacio privado de su propiedad o bajo su responsabilidad, menos aún dentro de su casa de habitación;

e)     si la operación policial a realizar por orden superior conlleva la posibilidad del uso de la fuerza para atender una cualquiera potencial situación, ha de evitarse cualquier confusión, a cuyos efectos, como mínimo se deberá hacer uso de vehículos oficiales perfectamente identificados y el personal deberá estar uniformado o al menos dotados de alguna vestimenta o señalamiento que, sin lugar a dudas, indique al ciudadano afectado, a cualquiera que se encuentre en el área y a los efectos de otras autoridades que pudieren acudir en el momento de la operación, que se trata de una diligencia policial; esto no excluye ni anula la obligación del funcionario de identificarse a cabalidad ante el ciudadano interpelado u objeto de la operación.

 

Al menos, se desprende de la información recopilada, ninguno de estos extremos se cumplió en el caso. Por tanto, independiente de las circunstancias que en su descargo pudieren alegar los funcionarios involucrados en la balacera, de aquellos quienes ordenaron o no y supervisaron o no la operación, si ese fuere el caso, ninguno de ellos está exento de responsabilidades administrativas, penales y civiles, derivadas de los actos –o de la ausencia de éstos– que dieron como resultado la muerte de dos ciudadanos y las heridas de otros cuatro.

Mise en escène

 

Resulta indiscutibles que esta supuesta operación podrá ser denominada de la forma que a bien quieran los interesados, pero desde el punto de vista administrativo, jurídico y técnico operacional, no podrá ser llamada jamás una operación policial. A menos que, para recrearlo y sustentarlo, toda la cadena de mando viole la ley y opere en toda su extensión esa ya citada “solidaridad automática”. Y si opera, tal como pareciera en sus iniciales estadios ser la situación, ésta lo hará en función exclusiva de salvarle el puesto a los responsables administrativo operacionales del órgano policial y administrativo político que resulten involucrados en el asunto.

La diferencia

Un órgano administrativo político que, de hacerse realidad una verdadera investigación administrativa y penal, la búsqueda de la verdad ascenderá y se extenderá en señalamiento de responsabilidades, desde cada uno de los funcionario directamente involucrados en la balacera, pasando por aquellos quienes acudieron en su apoyo, quienes luego lo hicieron en su auxilio y prestaron asistencia médica discriminatoria –a unos heridos, lo policías si y a otros, las verdaderas víctimas, no–; alcanzará a los jefes de línea de guardia en el cuartel la noche de autos; a los jefes de unidades de operación, en cuanto a las órdenes y manuales de operación; al estado mayor y jefe máximo de la unidad policial directamente involucrada; al secretario de gobierno –responsable de estos asuntos en el ámbito regional–, y hasta alcanzar el máximo nivel político de la entidad: al propio gobernador del estado.

Si aceptamos como válido y vigente el principio según el cual la voluntad de la Administración se expresa por órgano de la jerarquía, cabe la pregunta: ¿Cuál en este caso, es o será la voluntad administrativa manifiesta y documentada del gobernador del estado Carabobo? En sus manos, según ese principio y la norma vigente, reposa la indelegable responsabilidad por el mantenimiento y la restitución del orden público en el área geográfica sujeta a su administración, a cuyos efectos, bajo su mando y responsabilidad, además del resto de las unidades administrativas locales, están los órganos de ejecución material de las operaciones y medidas de policía. De no ser expresa y documentada esta voluntad de la Administración local, como al parecer ha venido sucediendo en casos anteriores muy similares –en esta y otras entidades administrativas regionales–, en forma indefectible deberíamos entonces avanzar hacia la exigencia de responsabilidades a niveles más alto que el propio a los comandos policiales si, como ya han sido analizados otros supuesto en notas anteriores, esta muerte a tiros de dos ciudadanos, formare parte de algún programa de gobierno, local o nacional, dispuesto o tolerado, y cuyos efectos impliquen ataques armados sistemáticos contra la población civil. Eso, está por verse.

¿Y lo veremos?

Esperemos que el Ministerio Público local con el apoyo y soporte de la Fiscalía General de la  República, alguna vez ejecute un trabajo realmente profesional, que los jueces decidan dentro del marco de sus atribuciones y que el gobierno regional no caiga en la trampa y avale con su acción u omisión, los desafueros a los que estamos ya acostumbrados puesto que, pareciera que ante lo que estamos en presencia no es un simple exceso policial, un enfrentamiento o una resistencia a la autoridad, ante lo que estamos netamente en presencia, es ante un ilícito ataque letal contra un ciudadano y su familia, y la ulterior sumatoria de la material expresión de la negligencia de unos, la incompetencia de otros en su mínima expresión o, en su más elaborado giro, la complicidad que se comienza y se construye sobre la perniciosa “solidaridad automática”.

 

 

Acerca de rriverom
http://www.home.earthlink.net/~accioncivica/ http://twitter.com/#!/rarmuz

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