Venezuela y la praxis política de cien años

Enfrentados al fracaso

Rafael Rivero Muñoz

Caracas, 07/06/03

Resulta indiscutible que el término de la filosofía marxista para referirse al conjunto de conocimientos o fenómenos de la producción sobre los que se basa la estructura social, viene en auxilio para ensayar una síntesis de lo expuesto en múltiples notas.

Una degeneración del concepto de Estado[i] donde por sobre y en detrimento del bien público –los intereses comunes pautados en el cuerpo de normas de la sociedad venezolana–, en nombre y la práctica del voluntarismo, se imponen los intereses particulares de las individualidades y grupos que operan al interior de la maquinaria de ese Estado, a lo cual se incorporan unas expresiones materiales del crimen y de la criminalidad que operan dentro de una dinámica económica de “ventajas comparativas”, y que activan y mantienen una estructura de producción de bienes y servicios ilícitos al estilo de la más eficiente gerencia empresarial en una estructura funcional integrada de Estado. Crimen y criminalidad, que se alimenta y retro-alimenta del hacer –y dejar de hacer– ilícito del funcionariado.

Indiscutiblemente conforma una praxis que bien poco y nada tiene que ver con la organización y funcionamiento de un Estado en el sentido estricto de la idea que es propia al vocablo. Un Estado que antes que representación y garantía del orden público –por la sostenida conducta de sus funcionarios– viene a constituirse definitivamente en el promotor, propiciador y soporte del desorden público y vulnera severamente la vida y el hacer del ciudadano común, el de a pié. Roto el contrato social, no existe posibilidad alguna para el administrado de convivir pacíficamente, su seguridad, la de su familia y bienes, pasa a ser un problema de dinámica binaria: plata o plomo.

Y la sociedad en su conjunto, en proceso de disolución, absolutamente inerme ante el crimen y la criminalidad cuya praxis en esta situación analizada, es la expresión de Estado[ii].

¿Puede algún experto en política o cualquiera otra rama del saber afín, diferenciar en qué punto, dónde, cuándo es posible separar netamente el hacer y efecto del crimen y la criminalidad con el hacer y efecto de eso que eufemísticamente aceptamos se denomina corrupción?;

¿Cuándo las consuetudinarias matanzas de ciudadanos ejecutadas por funcionarios policiales, son el efecto de la acción de la “corrupción” y cuándo del crimen y la criminalidad?;

¿Viene o no a configurar la acción e inacción del Estado ante estos crímenes en masa, una política de Estado?;

¿Cuándo, de qué forma, en qué momento, bajo cuáles criterios y cómo diferenciar en estos cientos de asesinatos en serie, cuándo se trata de una política de Estado y cuándo lo es, también, del crimen y la criminalidad?;

¿Cuándo y cómo es posible hacer una diferencia neta entre los intereses privados de unos funcionarios del Estado y los de los otros, los operadores del crimen y la criminalidad?;

¿Estamos o no ante la presencia y la acción de un Estado renegado?

Indiscutiblemente: “… La lucha contra la impunidad [resulta] entonces vital para el establecimiento [y la consolidación] de sociedades realmente democráticas… La verdad debe ser esclarecida y socializada como elemento que ayuda a crear memoria histórica y que revindique valores humanistas… los procesos judiciales tienen [entonces] una función de pedagogía política…”[iii].

El Estado

El Estado ha sido y seguirá siendo siempre una creación intangible, inmaterial; es una idea que radicalmente proscribe el instinto como forma de existencia y de preservación de la vida en una comunidad de individuos y que distingue a los seres humanos como superiores dentro del género animal; pero, que sólo es posible captar, entender y llevar a la práctica por sus propios beneficiarios, los ciudadanos, seres, además de humanos, racionales.

La idea y concepto tiene un fundamento evidentemente utilitario, el de poner fin a las luchas del hombre con el hombre y promover una coexistencia humana pacífica y ordenada: “… La sociedad humana existe como consecuencia de un orden que es impuesto por el Estado… adquiere, así, el carácter de una institución fundamentalmente convencional que es creada para imponer el orden y que puede ser disuelta no bien los individuos estimen que ya no presta la utilidad que ha motivado su creación…”[iv].

Viene a ser el Estado la idea occidental sobre la cual se construye primero el andamiaje y luego el sólido edificio del gentilicio y de gobierno de una comunidad de ciudadanos instalada en un territorio –colectivo que, consciente, consistente y voluntariamente, ha superado ya con creces la forma de vida de las cavernas, de la organización tribal y de la feudal–, con miras y con el objeto de alcanzar, en lo interno a ella y a su territorio, un estadio superior de vida en sociedad y alrededor de un aceptado y dinamizado fin común; fuera de ella y su territorio, a la paridad con otras sociedades, gobiernos y Estados.

La soberanía

Para esa idea y concepto el fin de la Guerra de los Treinta Años con la caída del Imperio Romano Germánico y la firma del Tratado de Westfalia (24 de octubre de 1648), significó el principio de lo que hoy es reconocido y aceptado como concepto y función del Estado moderno y soberano. Tres años después de esa fecha, Tomas Hobbes en su texto “Leviatan”, aportaría la asunción teórica de que la soberanía residía en el pueblo y éste, desarrollando de común acuerdo un contrato modelo, desplaza la anarquía que impone el estado natural de las cosas; un contrato voluntario del pueblo a cambio del cual recibe seguridad y orden por parte de esa idea, de ese ente creado, del Estado, quien asume por tanto y a los efectos internos y externos de la sociedad, el monopolio de la violencia.

Ese planteamiento teórico político unido a los de muchos otros autores, entre ellos, Juan Jacobo Rousseau con su Contrato Social, a los de Max Webber luego reafirmando la tesis de Hobbes, y mucho más reciente, ya en el terreno menos teórico y más pragmático, John Foster Dulles –quien en plena cúspide de la Guerra Fría[v] sintetizara algunos de los términos de ese contrato–, nos permiten abordar desde el ángulo del planteamiento ya adelantado a todo lo largo del trabajo, las más trascendentes características de ese Estado moderno occidental.

Son éstas: a) unas leyes que reflejan el juicio moral de la comunidad; b) una maquinaria política que revisa la pertinencia de las leyes en la medida en que las necesidades de la sociedad lo impongan; c) un cuerpo ejecutivo suficientemente capacitado para administrar la ley; d) una maquinaria judicial idóneamente capacitada para atender y dirimir  cualquiera sea la controversia entre el Estado y los ciudadanos y entre éstos entre sí, y de acuerdo a lo que está pautado por la ley y, f) suficiente bienestar en la población, tanto, que no la precipite a la desesperación y menos aún a la adopción de vías de hecho, de violencia.

Los antecedentes

Si bien es cierto que el descubrimiento y poblamiento de la América Hispana surge de la acción de dos imperios –el de España y Portugal–, quienes al colonizar estas tierras ignorando, donde existían, las estructuras de organización autóctonas crearon dos centros de poder; que, como afirman Julio A. Cirino y Silvana Elizondo, imponen una forma de organización social y de gobierno: “… La tradición estatal fue trasvasada en este proceso, como trasvasadas fueron las sociedades. Minorías blancas, integradas inicialmente por criollos y nutridas a partir de la inmigración de fines del siglo XIX, fueron las protagonistas de la construcción del estado independiente, quedando las poblaciones indígenas, en caso de existir, sometidas a prolongados procesos de exclusión que llegan hasta hoy en día… No habría existido en Ibero América una incompatibilidad filosófica entre la sociedad y el estado, ya que ambos fueron ‘importados’ de la Europa moderna, a diferencia de la colonización en Asia o en África, donde la población blanca fue siempre ampliamente minoritaria. La numerosa población indígena propia de México, Centroamérica y la América Andina fue controlada por diversos instrumentos político-jurídicos, pero no fue integrada políticamente hasta tiempos muy recientes…”[vi].

La práctica

También es cierto que, a estas alturas de la historia, a más de quinientos años y no menos de dos mil ininterrumpidos relevos generacionales autóctonos desde aquellos eventos, salvo la referencia histórico académica con fines propios a esa disciplina, toda otra referencia en el orden político no tiene otro fin distinto al de expresar, además de la crisis existencial derivada del complejo de inferioridad que aqueja y carcome al resentido social en su expresión populista, y en más de un caso, al de alimentar el voluntarismo y la fantasía de algún interesado caudillo en su pretensión por imponer un imposible retorno de la actual sociedad venezolana a la época tribal –del guayuco, la choza, la curiara, la lanza, el arco y la flecha, la del conuco y de la economía de subsistencia– para, quizás sea el delirio, en una gesta libertadora nacional y hasta latinoamericana, arrancar con todo de nuevo, desde el mismo principio, desde allí, de la tribu, a la creación de un nuevo Estado; a lo mejor partiendo de un febril criterio de que así como las viejas naciones estados como Francia, España y el Reino Unido fueron creadas –antes que como una expresión política de la comunidad nacional preexistente– mediante la represiva cooperación impuesta por sus administradores y por la fuerza de las armas a esa población. Ignorando que ya la simple consideración aritmética ubica tal delirante pretensión en el campo de una utopía[vii].

Y sus efectos

Siguiendo dentro del mismo criterio esbozado, en materia política, la derivada realidad venezolana tiene por tanto mucho más de histeria[viii] que de historia.

El caudillismo y el personalismo ha adoptado siempre –exacerbado en el actual período– formas proto–estatales y definitivamente no institucionales, reñidas ambas y absolutamente con la idea y concepto clásico de Estado a la cual hemos hecho referencia.

Se trata de la dinámica propia a los provincialismos autóctonos del siglo XIX, continuada y potenciada en el populismo de siglo XX, y que, lejos de desafiar la lógica de esa idea del Estado, antes por el contrario, la encoleriza: la ha llevado y lleva “… a expresiones maximalistas…”[ix].

Erosión de la idea, del concepto y la función.

Los caudillos de hoy en sustancia bastante diferenciados de los del ayer post colonial, se distinguen precisamente por ese maximalismo en sus pretensiones –controlar toda, absolutamente toda expresión de poder–, mientras que a la vez e irremediablemente unido a la pretensión, pese a todos el esfuerzo aplicado por el caudillo y su corte en el empeño, tienen un efecto contrario.

Minimalista en su expresión práctica sobre las capacidades del Estado y en cuanto a la satisfacción de los deberes, obligaciones y responsabilidades que le son inherentes al concepto. Gobierno, población y territorio, son los tres reconocidos clásicos componentes de esa idea y concepto del Estado, sobre cada uno de ellos, por separado en principio luego en escalada por obra de la acción pretendidamente reguladora del caudillo, se comienza por observar las primeras y definitivas señales de una ruta hacia el debilitamiento de la idea y del concepto; por albergar en el seno de cada uno de esos componentes citados, el germen y las consecuencias desintegradoras. Eso que denominamos por contraposición, minimalismo.

Allí estamos

Deficiencias cada vez más evidentes en las capacidades de gobierno, independiente de las razones políticas o prácticas que pudieren ser alegadas y en cualquiera sea el aspecto del cual se trate, conducen más temprano que tarde a la aplicación del concepto que define la ingobernabilidad; ese es el componente gobierno.

Áreas sin ley, especialmente en sus fronteras, en los espacios geográficos retirados del centro de poder y de difícil acceso, y en las hacinadas concentraciones humanas de los barrios y rancherías, en los sectores de marginados dentro o en la periferia de las ciudades; ese es parte del componente territorial.

Crecimiento exponencial de la acción cada vez más letal de los delincuentes, con su secuela de asesinatos, incapacitados y heridos; un derivado estado de conflicto social permanente, de descontento, concurrente con la –abierta o soterrada– persecución política y la inevitable violación de los derechos civiles de los ciudadanos; ataques y daños contra la propiedad pública y privada; la percepción o el presagio de una guerra interna; se derrumban los indicadores económicos potenciados por el cierre de empresas, crecen los índices del desempleo, de la pobreza, florece e incrementa la economía negra y el contrabando; la moneda nacional se derrumba en medio de una sostenida preferencia por la moneda extranjera; eso forma parte del componente población.

Estas son, quizás, las  más importantes y trascendentes variantes que describen la materialidad de ese minimalismo que, a los efectos del análisis, hemos contrapuesto a la pretensión maximalista del caudillo civil o militar del cual se trate.

Muy distintas fueron las circunstancias internas y externas que privaron en distintos órdenes en cuanto al antiguo caudillaje del siglo XIX y quienes pretendieron durante la última mitad del siglo anterior y que pretenden aún emerger como tales a principios de éste.

Baste señalar: a) mientras en aquel pasado la incomunicación natural entre los asentamientos humanos hizo posible para el caudillo de turno incrementarlo y controlar por la violencia y por completo regiones y hasta países en su totalidad aislándolos de la influencia foránea o extra-frontera, hoy los medios de transporte unidos al desarrollo de la infraestructura física para el desplazamiento entre comunidades y el más acelerado de la tecnología de la comunicación, lo hacen prácticamente imposible; b) la caída del Muro de Berlín y el derrumbamiento de la Unión Soviética, marcó el fin del enfrentamiento entre los dos poderosos bloques de referencia y con ello de la era bipolar y c) la emergencia de “actores para estatales” y su acción de guerra contra la potencia dominante y sus aliados, cuya más determinante y significativa acción, sin lugar a dudas, lo constituye la organización y ejecución del ataque coordinado contra tres símbolos del poder dominante –el Trade Center de Nueva York, el edificio del Pentágono y la propia Casa Blanca (fracasado), 11 de septiembre de 2001–, que ha traído como derivada consecuencia, cambios radicales tanto en la concepción política y geopolítica de la seguridad del Estado dominante y sus aliados, como del equipamiento, disposición y empleo de la capacidad militar en esta nueva modalidad de la guerra –la asimetría– y de las relaciones internacionales entre los Estados que integran la comunidad de naciones.

Sin futuro

El minimalismo político impuesto a la sociedad y a Venezuela como país y en tales circunstancias, lejos está de presagiar para una u otra éxito en campaña alguna –social, política, diplomática, militar o económica–; antes por el contrario, ambos, en los primeros años del siglo XXI, se enfrentan a la más severa disyuntiva de toda su historia como gentilicio y como Estado soberano miembro de la comunidad de naciones.

O desaparecen como unidad política, desintegrados –población y territorio– por una acción interna y externa que luego de enormes pérdidas humanas los desintegrará y dividirá en comunidades independientes y parcelas de territorio, o, se consolidan por la acción política al asumir a plenitud de hechos políticos y de actos de derecho, las responsabilidades que las permanentes determinantes políticas y geopolíticas imponen a cualquiera sea el Estado que pretenda existir como tal.

Los particulares de uno y otro extremo de la disyuntiva, han de ser expuestos y analizados a la luz de la dinámica interna e internacional, determinantes a todos los efectos.

Antes que ejercicio, disfrute de signos exteriores de poder

El más grave problema al cual se ha enfrentado Venezuela a todo lo largo de su historia política, se refiere precisamente a la deficiente e inconsistente materialización de la idea, del concepto y de la función del Estado manifiesta en la ausencia de expresa voluntad política de las elites en el poder para hacerlas efectiva, sea por ignorancia, por incapacidad, por falta de formación o hedonismo en la mejor de las situaciones, en otras, las más perniciosas, por imponer por sobre lo público los intereses privados propios y de sus asociados; antes que verdaderos servidores públicos, la casta política se ha servido y sirve de lo público en su desempeño populista y clientelar; el Estado no tiene, para la mayoría de ellos, otro fin distinto a aquel que se equipara al botín de guerra, muy propio de los piratas, bucaneros o filibusteros que asolaron islas y costas de tierra firme en el mar Caribe[x].

Es así que, salvo honrosas excepciones, en su gran mayoría y desde antes y después la caída del gobierno de Marcos Pérez Jiménez, más que el ejercicio del poder, quienes han llegado a la máxima magistratura, lo que han hecho es disfrutar de lo que nos atrevemos a hacer gráfico como los signos exteriores de poder; por eso hemos sostenido por años que tres han sido las complicaciones políticas trascendentes en Venezuela: a) la evasión del conflicto; b) la ley del menor esfuerzo y c) la derivada irresponsabilidad.

Traducido ello a consecuencias políticas, una de carácter catastrófica sobre la idea, el concepto y la función del Estado; ha significado en términos sociales y políticos, una silente pero perniciosa escalada hacia el fracaso, primero mediante la incipiente erosión seguida de la paulatina y sostenida transferencia, y finalmente, hacia donde ya nos encontramos, la pérdida absoluta del monopolio de la violencia por parte del Estado.

En otros términos, la característica que por sus efectos resulta ser la más trascendente sobre la seguridad pública y en cuanto a la idea, el concepto y la función del Estado venezolano contemporáneo, es que hoy, éste –el Estado– se encuentra en la circunstancia de tener que discutir y contender con otros actores –sean éstos individualidades o colectivos privados, estatales, no estatales o para estatales– y en el terreno de la idea, del concepto y de los hechos, la legitimidad de su monopolio en cuanto a las capacidades y del propio ejercicio de la violencia.

Eclipse del Estado.

Sobre los efectos derivados en dos extremos de un mismo planteamiento,  podemos estudiar los prolegómenos y los subsiguientes eventos de esta indiscutida obra de los últimos cien años de acción de la elite política venezolana. El primero, por acción, el producto de la expresión de una voluntad de esa elite dirigente –en funciones de gobierno, de oposición o de simples observadores–, quienes en su momento y en el ejercicio de un poder legítimo en funciones de gobierno que les había sido conferido, legítimo en función de representantes de la sociedad en y ante los órganos de tutela, supervisión y control del ejercicio del poder, legítimo en función del prestigio alcanzado ante los gobernados y la posición política, social, económica, religiosa o profesional reconocida; todos, cada quien en su campo, conscientes o no de las consecuencias, justificadas o no, acertados o no en su momento, en un extremo del planteamiento, tomaron, ejecutaron y dejaron ejecutar una u otra expresa decisión.

El segundo ámbito, por omisión; es decir, la expresión, en los mismos términos, las mismas condiciones, orígenes o causas, por los mismos actores de la misma elite, de una manifiesta expresa voluntad en contrario, dejar de hacer o hacer a contrapelo en cualquiera sea variante de la cual se trate; sea negándose a cumplir con lo pautado por la norma rectora, el contrato social; sea posponiendo o difiriendo la oportunidad de tratamiento del o los conflictos o cuasi conflicto que, en su momento, demandaban la toma de decisiones que de absoluta e intransferible responsabilidad como gobierno, como oposición o como reconocidos y aceptados voceros del colectivo venezolano. Temor, cobardía, incompetencia, incapacidad, conveniencia, complicidad, la nefasta ley del menor esfuerzo, o cualquiera sea el término de pertinente aplicación, no ha sido ni es lo vital y trascendente a la luz del enfoque adoptado; lo realmente culminante de todo este continuado y sostenido transcurso político y social de cien años, son los efectos derivados de lo que hemos calificado como evasión del conflicto.

Acción

Esa primera, grande y trascendente decisión política tomada en el primer período de gobierno electo después de la caída del régimen de Marcos Pérez Jiménez, y que significó una de las primeras expresiones de mayor impacto y definitivamente contrarias a la idea, el concepto y la función del Estado.

Desde aquel momento y decisión, por las razones válidas o no que pudieren ser alegadas, se dió el inicio a una continuidad que culminaría con la anulación del concepto y la vigencia de la división de poderes en el Estado venezolano.

A partir de esa decisión el Ejecutivo arrancó el proceso que lo llevaría a controlar las decisiones judiciales, independiente de la instancia de la cual se tratare. Mediante maniobras y negociaciones con representantes de las organizaciones políticas, sociales, económicas, eclesiásticas y militares, y el silencio de la sociedad, se lograron acuerdos que cercenaron por completo la autonomía del Poder Judicial.

Ilegitimidad de desempeño

Toda aquella independencia y autonomía de la cual pudiere hacer referencia la teoría política, jurídica y el cuerpo de leyes de la República, fue en expreso ignorada. Por órgano de operadores internos y externos a la maquinaria de la Administración, y en beneficio del poder de turno, se ejecutaron los términos derivados de múltiples y secretas negociaciones políticas.

Nació la “Tribu de David” y luego otras con otros apelativos pero todas actuando dentro de la misma dinámica y en función de los mismos intereses, políticos o no. Y de allí en adelante y hasta nuestros días, el nombramiento, la designación de magistrados, de jueces, secretarios y demás personal auxiliar en el Poder Judicial, pasó a ser una expresa y precisa resultante del reparto de posiciones de acuerdo a los intereses políticos y crematísticos del partido en el gobierno y de las concesiones que éste hacía a los de la oposición y a otras expresiones de poder, y derivado en cada caso y momento, de los acuerdos y conveniencias puntuales de los “representantes” y “negociadores”.

Nuevas formas para mantener el control del Poder Judicial fueron implementadas a medida que avanzaba y se consolidaba el aniquilamiento y se incrementaba el control del Ejecutivo sobre el Poder Judicial, desde el Consejo de la Judicatura hasta la más reciente, la Comisión para la Reforma del Poder Judicial.

Todas, prevalidas y operando dentro del mismo criterio: anular la independencia de las decisiones jurisdiccionales.

Independiente del texto constitucional –texto de 1961 o alguno de los tres o cinco textos de la de 1999–, teoría o autor al cual se quiera someter para su análisis la dinámica política comentada, salta a la vista la inconsistencia entre la práctica y la idea, el concepto y la función del Estado y los criterios y términos pautados para la división de poderes y la tesis de pesos y contrapesos en el ejercicio del poder en Venezuela.

En definitiva, ha existido y existe un solo poder real en Venezuela: el Ejecutivo.

Ya queda evidenciado que el control sobre el Poder Judicial es lo suficientemente amplio como para controlar con suficiencia las causas que allí se diriman y las decisiones que de allí emanen. En cuanto al Poder Legislativo, si bien pudiere alegarse la existencia en el pasado una cierta autonomía e independencia del poder dominante, esto no ha dependido ni depende de la voluntad de los actores políticos, sino del número de escaños en manos del partido de gobierno y de las habilidades de éste para negociar prebendas y beneficios particulares con grupos e individualidades opositoras o neutrales; así que tal independencia del Legislativo, ha sido y sigue siendo aleatoria en algunos casos, y en la mayoría, condicionada a los montos en beneficios y negociados puntuales. La representatividad de los electos a escaños en el Congreso o Asamblea, no tiene ni pretende proyección temporal alguna superior al tiempo de permanencia en el cargo, las prebendas y los directos beneficios personales que puedan acumular y disfrutar a su retiro; al electo nada lo vincula o refiere a quienes lo eligieron, no existe mecanismo alguno de rendición de cuentas ante sus electores, salvo aquel que se circunscribe a la reelección a un próximo lapso; la representatividad, la experiencia así lo señala, se amolda a los intereses del partido, de la plancha, del providencial “lobby” económico o financiero que lo soporta en un determinado desempeño, y en la gran mayoría de los casos, al caudillo o líder de turno, o a la conveniencia económica del momento.

En cuanto a los otros dos poderes del Estado creados en el texto de 1999, Poder Moral o Ciudadano y Poder Electoral, baste la mención de que los tres integrantes del primero –Fiscal General, Contralor y Defensor del Pueblo– y los cinco del segundo, en su primer período fiscal de actividad, han sido nominados y designados expresamente por el Ejecutivo y nombrados por la mayoría simple del Legislativo, afecta al caudillo de turno.

Cualquiera sea el ángulo de observación que se selecciones en cuanto al tema de seguridad pública, lo trascendente de esta configuración del Estado y de las capacidades reales de los poderes en el supuesto juego político de pesos y contrapesos en la Venezuela de estos últimos cien años, como ha quedado suficientemente sustentado, es la energía de una constante: la manifiesta, operante y vigente voluntad política de la elite en el poder, puesto que, cuando abordamos y tratamos la idea y el concepto de corrupción[xi], no podemos circunscribirnos y observar exclusivamente los efectos de aquellas formas y expresiones simples o complejas pero más visibles y palpables.

Corrupción

La corrupción tiene un ángulo de observación y de análisis, y unos efectos perniciosos mucho más trascendentes, del que pocos autores se ha ocupado en el pasado, pero que ahora es punto de atención como expresión dominante y limitante en el hacer del Estado. La corrupción tiene su más dinamizada, aciaga y contundente expresión, sobre la idea, el concepto y la función del Estado.

En otros términos, la importante, verdadera y realmente operante corrupción, es aquella que tiene su más  intensa, activa y perniciosa influencia en la configuración, organización y en el desempeño del Estado como entidad política y como concepción rectora de la forma de organización social y de gobierno.

Verdad irrefutable.

Que desde allí, desde esa penetrada, inestable o  errática idea, concepto y función del Estado la corrupción, por la simple dinámica de los hechos descienda en cascada penetrando, contaminando y condicionando todos los intersticios de la armazón y a todo lo largo y ancho de la estructura funcional del Estado, y que ésta se exprese en las visibles, distintas y variadas formas en el hacer y dejar de hacer corrupto de los funcionarios en las posiciones de alto, medio y más bajo nivel jerárquico de una Administración, no es más que una derivada e inevitable consecuencia. Podría afirmarse sin temor a errar, que esta visible modalidad de corrupción funcionarial, existe por que existe la primera, la corrupción política: el buque insignia de los piratas, corsarios, bucaneros y filibusteros.

La omisión

Vistos ya algunos efectos perniciosos –deseados o no– de la voluntad política y sus decisiones, abordemos el caso contrario, también expresión de voluntad pero en la ausencia de decisión, o de decisiones de efectos contrarios a los previstos en ese contrato social que tanto hemos referido. A estos efectos, nos referiremos a la calidad y vigencia de unos de los más importantes atributos del Estado en función de estar en capacidad para imponer su voluntad sobre todo el territorio y sus gobernados. Son las expresiones que en su conjunto han erosionado severamente las capacidades del Estado para aprisionar y mantener el monopolio de la violencia legítima.

Esta pérdida del monopolio en las capacidades y el ejercicio de la violencia por parte del Estado venezolano, ha sido un proceso quizás lento pero definitivamente sostenido, que tiene unas primeras expresiones durante el trienio 1945–48 y luego comienza en forma soterrada a partir del primer gobierno electo luego de la caída del régimen de Marcos Pérez Jiménez.

En aquella oportunidad, el Ministro del Interior de la época, por razones de tipo personal que luego fueron cubiertas bajo el manto de la lucha antisubversiva, importó desde Miami a un primer grupo de sus amigos y custodios de seguridad, naturales cubanos supuestamente entrenados a quienes incorporó, unos como efectivos en la nómina del cuerpo de seguridad de Estado, a otros a unas unidades clandestinas de “inteligencia” y para el combate contra desafectos al gobierno y contra lo que luego de la primera división del partido de gobierno, se organizaría como guerrilla urbana y suburbana.

Casi de inmediato el grupo de “importados” comienza a crecer en individualidades y especialidades. Por  supuestas o reales necesidades logísticas de esos ya importantes grupos, comienzan a ingresar a Venezuela oficial y oficiosamente, ingentes lotes de armas individuales, municiones, explosivos, explosores, y las habilidades, manuales y técnicas terroristas.

Por su parte los recién organizados cuerpos de seguridad, comienzan a su vez a equiparse en armamento y munición –el traficante en armas Samuel Cummins coloca su primer importante pedido de desechos de guerra, los sub-fusiles Madsen MI destinados a la policía uniformada, seguido de un segundo pedido de sub-ametralladoras Madsen MII para los cuerpos no uniformados–.

Cada nueva situación de real o supuesto para la democracia peligro –militar o guerrillero– o cada nuevo jefe policial que llegaba a un cargo directivo, exigía nuevo equipamiento en cada vez más modernas y letales armas individuales, sin que por tanto, órgano alguno de la Administración ejerciera supervisión sobre origen, certificación de lotes y proveedor, y asumiera un control pertinente sobre la importación, almacenamiento, distribución y disposición de los  equipos letales en proceso de compra o los ya importados[xii].

Los grupos alzados en armas, por su parte, comienzan a recibir clandestinamente desde dentro, mediante el trasvase de suministros bélicos y desde fuera de las fronteras, mediante el contrabando de equipos individuales para la guerra: fusiles automáticos, ametralladoras, proyectiles, granadas y explosivos.

Ya a mediados del segundo período de gobierno electo, luego del “Viraje Táctico” declarado por la subversión, comienzan a replegarse los grupos alzados en armas, algunos de cuyos líderes negocian con representantes de gobierno su desmovilización.

Sin embargo, las armas y pertrechos bélicos en manos de estos grupos, no fueron, en su momento, requeridos, ubicados e incautados por el Estado.

Ese segundo gobierno, en sus últimos meses previos a la entrega del poder al partido opositor ganador, organiza la Oficina de Asuntos Especiales (OAE) y nombra en el cargo a un representante de ese partido opositor. Este nuevo jefe policial, procede a reclutar personal de operadores sobre el terreno, y a incorporar a su plantilla a un gran número de los “importados” cubanos ya residentes en el país.

Continúa el proceso de desmovilización de la guerrilla en las mismas condiciones, mas por razones políticas del nuevo gobierno, se le otorga a la operación un rango de decisión política de la Administración, bajo el epíteto de “La Pacificación”, que incrementa el número de individualidades que se suman al proceso de desmovilización, muy en especial de los integrantes de los cuadros de mando de los grupos subversivos; éstos –si no todos– en su gran mayoría reciben ayuda monetaria inmediata y luego, financiados con fondos secretos del Ministerio del Interior por órgano de la OAE, son enviados al exterior en supuestas misiones de estudio; pero, lo trascendente del asunto: las armas, explosivos, municiones y demás equipos para la guerra, tampoco son ubicados, requisados o incautados por el Estado

Paralelamente, una nueva negociación debilita aún más el Estado en cuanto a su monopolio de la violencia.

Por razones de Estado –aducidas en función de la debilidad del gobierno y que pudieren luego ser alegadas como eximentes de responsabilidades–, el jefe de la OAE como representante del nuevo gobierno en funciones, acuerda en principio con los representantes de los naturales cubanos incorporados a esos servicios, luego de allí enlaza la negociación con los jefes de los grupos opositores del gobierno cubano residentes en Miami.

Palabras más palabras menos, el asunto concluye en los siguientes términos: a cambio de que los operadores del exilio cubano no ejecutaran acciones de terrorismo en contra de los ciudadanos e intereses venezolanos en su territorio y fuera de él, especialmente en los Estados Unidos, el gobierno venezolano le garantizaba a todos y cada uno de los naturales cubanos residentes en Venezuela, dos contraprestaciones, a) a todos los cubanos que habían trabajado y trabajaban en los cuerpos de seguridad, dentro o fuera de ellos, dentro o fuera del territorio, se les garantizaba en mejores condiciones tanto los ingresos monetarios como las prebendas de las cuales habían disfrutado durante el período de gobierno anterior; b) el exilio cubano, dentro y fuera de territorio venezolano, no sería perseguido ni objeto de investigación o medida alguna por parte del gobierno venezolano, antes por el contrario, se les garantizaba el apoyo en su lucha contra Fidel Castro.

Precisamente, de ese grupo de cubanos exilados residentes en Venezuela e incorporados a los cuerpos de seguridad, con el apoyo de algunos de los residentes en USA y otros países latinoamericanos, emergerían los responsables intelectuales y los autores materiales de la voladura del avión de Cubana de Aviación.

Evasión del conflicto

Dentro de ese mismo contexto de evasión del conflicto por parte de los funcionarios responsables de la seguridad pública en los subsiguientes gobiernos –Ministros y jefes militares y policiales– se inscribe la expresa inacción del Estado en los casos de los actos bélicos realizados –por grupos en armas operando dentro del territorio y en la zona de la frontera occidental– contra puestos, destacamentos  y comisiones militares instaladas y operando al interior de nuestras fronteras; Alcabala de Oropé, Las Tres Salias, Puesto de Cararabo, voladura del jeep de la Guardia Nacional en El Cutufí, ataque y masacre de la comisión de Guardia Nacional en el Río Abdobadú, son algunas a citar.

En ninguna de éstas y otros actos de guerra contra Venezuela y al interior de sus fronteras, ha quedado evidenciada la expresa voluntad de la Administración en defensa de la soberanía del Estado.

Desde la fecha de ocurrencia de estos ataques hasta la fecha de redacción de este trabajo, ninguna de las Administraciones que se han sucedido unas a otras, ha tomado decisión o realizado operación alguna destinada a la investigación e identificación de los responsables materiales, su búsqueda, captura, sometimiento a juicio y condena.

Antes por el contrario, como ha sido evidenciado, jefes políticos, militares y policiales venezolanos de la actual Administración, tienen como interlocutores válidos y en función de intereses comunes, a jefes guerrilleros de aquel entonces y de ahora; esos mismos quienes, desde aquella época y hasta ahora, han ocupado las jefaturas máximas de los grupos que han ejecutado –y siguen ejecutando– esas y otras acciones bélicas contra Venezuela, su ejército y su población; los mismos que han sido y siguen siendo los responsables, los jefes políticos, estrategas, organizadores y comandantes de esas operaciones de guerra contra Venezuela.

Temor a las consecuencias derivadas de una reacción legítima; comodidad o cobardía tanto en los jefes políticos como en los militares y policiales –ayer se negoció e importó cubanos “gusanos”, hoy se negocia e importa, por las mismas razones, con Castro y los castristas–; conveniencias tácticas en el orden político o crematístico,  utilidad estratégica en proyectos políticos de alcances intra o suprafronteras y a mediano o largo plazo; cualquiera sea el origen o causa, el beneficio o proyecto, el resultado, en términos de Estado, se materializa en un exclusivo hecho político: Venezuela no ha estado ni está en capacidad para materializar su soberanía.

La Administración, de antes y de ahora, carece de voluntad y atributos políticos, militares y policiales, de estructura para decidir y hacer la guerra dentro o fuera de sus fronteras, por tanto, el carácter monolítico del Estado –territorio, población y gobierno– y su palpable y manifiesta voluntad política, debilitados como están, no está en capacidad para generar, frente a enemigos reales o potenciales, la idea de peligro o riesgo de su reacción ante una amenaza o ataque: el derivado del concepto contenido en el vocablo disuasión[xiii].

Otra evasión de conflicto

Así hemos tomado la referencia de algunos hechos ejemplarizantes de la expresa y manifiesta debilidad demostrada por la elite política –en gobierno y oposición– y los responsables de la Administración venezolana en el área de seguridad pública y en cuanto a grupos armados –supuestos abanderados de intereses políticos– actuando al interior de su territorio, sean éstos, operadores políticos con intereses intra o extra-frontera o miembros de organizaciones delictivas o guerrilleras autóctonas.

Nos corresponde mencionar otros hechos políticos demostrativos ya en el terreno de intereses privados y no políticos colocados por sobre los intereses del Estado. Dos situaciones en otro campo de ilícitos son de mencionar por su importancia, la una en el terreno del tráfico de drogas, la otra en cuanto a las actividades en Venezuela de representantes de la Mafia, la originaria, la siciliana.

El treinta de septiembre de 1983, luego de un proceso de información e investigación de treinta meses, se logra la incautación –para ese momento– del cargamento más grande de cocaína en una sola operación, 667 kilos. Dos reacciones de la Administración fueron evidenciadas, la primera, sacar provecho publicitario del decomiso; la segunda, evitar que la investigación subsiguiente continuara y culminara con la identificación de los cómplices y los responsables de la operación financiera; por una parte permitiendo la fuga al exterior del operador principal, el oficial retirado de la marina Lizardo Márquez Pérez y por la otra evitando y obstaculizando toda posibilidad de desarrollo ulterior de las indagaciones. Sin embargo, quedarían perfectamente establecidas las vinculaciones en el almacenamiento y transporte de la droga, tanto de oficiales de la FA en situación de retiro como un oficial general activo comandante de guarnición, y en la operación financiera, la injerencia directa del asesor político y potencial jefe de campaña presidencial del candidato de gobierno, Victor Manuel Barranco Castillo, el propio Ministro de Relaciones Interiores en funciones para ese momento Rafael Andrés “Pepi” Montes De Oca. Lizardo Márquez Pérez sería luego detenido en Miami y condenado a cuarenta años por un tribunal norteamericano.

Otra investigación criminal adelantada con el soporte de agencias norteamericanas, canadienses, inglesas e italianas, evidenció la presencia y actividades ilícitas del crimen organizado en Venezuela: la familia del clan Cuntrera Caruana. Desde que se presentó el informe preliminar con las constataciones realizadas en territorio venezolano y las vinculaciones directas con bandas del crimen organizado operando, entre otras ciudades y países, en Nueva York, Chicago, Lóndres, Canada e Italia, la Administración guardó expreso silencio; meses después devolvería el informe a la unidad emisora, pero sin decisión. Las ulteriores investigaciones pusieron al descubierto algunas otras vinculaciones del grupo delictivo Cuntrera Caruana con funcionarios de alto y medio nivel en el Ejecutivo, entre ellos, de quien había ejercido en ese período de gobierno el cargo de Ministro de Relaciones Interiores.

En el siguiente período de gobierno, tampoco fue posible la admisión del informe y menos aún continuidad en la investigación y una decisión. Fue necesario que cada gobierno afectado implementara una campaña de presión política y mediática nacional e internacional, para que el gobierno, en extremo, decidiera la expulsión del país de los tres hermanos Cuntrera.

Otras evidencias demostrativas de esa ausencia de voluntad política del Estado expresamente dirigida a mantener el monopolio de la violencia, son de mencionar.

En el caso de los asaltos a bancos, instituciones financieras y transportes de valores que ya hemos citado, la evidenciada inacción del Estado deja a libre albedrío de los particulares interesados, los pertrechos bélicos y a su voluntad, el uso de la coacción y de la amenaza y en sus extremos, del uso directo de la violencia letal sobre los ciudadanos en función de sus intereses crematísticos; también en estas acciones, como citamos, encontramos que de una u otra forma, en el antes el durante o después de cada acción, funcionarios de mediano y alto nivel, por acción u omisión, sirven de apoyo a esos intereses.

En el caso de secuestros a ciudadanos, demanda y pago de rescate, citamos situaciones donde funcionarios delegados directos del más alto magistrado de la República, saltando e ignorando los comandos policiales competentes, han sido los comisionados para negociar montos de rescate, transmitir a los familiares de los secuestrados las exigencias monetarias, para obtener los fondos líquidos de manos de los familiares de las víctimas y, luego, en supuestas operaciones clandestinas, entregar el rescate –o parte de éste– a los secuestradores.

No termina allí

Mas el complejo asunto no termina allí, ha venido escalando hacia más delicadas situaciones.

Durante los cuatro años de este último período de gobierno, suficientes evidencias han sido expuestas por los medios de comunicación –no refutadas y menos aún investigadas por los órganos competentes–, referidas a la dotación de armas y equipamiento militar –fusiles, granadas, munición y uniformes– a grupos de civiles que han sido organizados y entrenados por el propio gobierno y por fuera de la estructura funcional del Estado, para la defensa de sus intereses políticos de permanencia en el poder; otros grupos que se identifican con la ideología de gobierno o como soportadores y que públicamente hacen exhibición y demostración de su equipamiento militar, también reciben apoyo directo o indirecto de funcionarios del gobierno.

Otra circunstancia que ya referimos anteriormente, que brinda demostraciones fehacientes de que la acción de los cuerpos de seguridad en su supuesta guerra contra la delincuencia, no es la derivada de una voluntad y decisión de la Administración, al contrario, demostrativa precisamente de la dramática ausencia de esa expresión de voluntad y decisión de los responsables por el Estado.

Ésta la constituye, la existencia de grupos policiales o para-policiales dedicados casi en expreso a la captura, secuestro y eliminación física de ciudadanos comunes tildados de delincuentes, malandros o azotes de barrio. Que estos ciudadanos asesinados registren o no antecedentes policiales o penales, no puede ser el argumento que se esgrima en descargo, puesto que, ninguna costumbre, norma o decisión legítima del Estado, puede otorgar ni otorga a nadie, tal poder para la aplicación de la pena de muerte; por cierto proscrita en el cuerpo de leyes. No menos de un acumulado que supera los cientos de asesinatos es el resultado de tal ausencia de control en el uso ilegítimo de la violencia letal por parte de funcionarios adscritos a organismos del Estado, o a entes para–estatales.

Quedó expreso en el comentario realizado en el trabajo, lo que está en juego en estos crímenes en serie no es en lo absoluto el bien público, antes por el contrario, evidencias pueden ser afloradas por cualquiera sea la investigación criminal que se realice, que confirmarían en cualquiera sea la instancia, el hecho de que estos hechos criminales están circunscritos y estrechamente relacionados a los intereses de particulares de operadores estatales o no, sean esos intereses circunscritos a los propios criminales y ejecutores de las matanzas, sea, a quienes contratan sus “especializados” servicios.

A tal situación han de agregarse los derivados de una manifiesta voluntad del  Ejecutivo en función del apoyo a movimientos subversivos o indigenistas latinoamericanos en proceso de organización de alzamientos o rebeliones. En especial el caso de la subversión colombiana operando a su libre albedrío dentro del territorio venezolano y en la zona de la frontera occidental. Ya el asunto ha invadido buena parte de la zona fronteriza y en el estado Zulia y Táchira[xiv] se hacen evidentes la presencia no sólo de grupos armados colombianos, sino también de grupos de naturales venezolanos en proceso de organización e implementación de capacidades bélicas guerrilleras y en operaciones puntuales de cobro de vacunas, secuestro de ciudadanos, tráfico de armas, drogas, asesinatos y otros ilícitos.

En paralelo con esta situación, al menos públicamente difundido y sin que haya sido suficientemente refutado por representantes del Estado, las unidades –civiles y militares– de la fuerza pública destacadas en la zona fronteriza, paulatinamente han sido reducidas en efectivos de combate, equipos y financiamiento; despojadas o debilitadas en sus capacidades bélicas.

Entonces

Estamos entonces en presencia de suficientes evidencias que demostrarían a cualquier observador neutral, que el Estado venezolano, por las causas que fueren alegadas –cobardía, incompetencia, co-autoría, complicidad o voluntad expresa de precisos funcionarios en ejercicio de gobierno y en precisas posiciones de poder–, por años ha venido siendo sostenida y paulatinamente despojado tanto del monopolio de la violencia como de la capacidad para hacer la guerra, hasta el punto que, grupos con capacidad autónoma para el ejercicio y la aplicación de violencia letal, soportados en la inacción del Estado y prevalidos de tal organización, equipamiento y capacidad bélica, controlan –o están en capacidad de hacerlo– parcelas del territorio venezolano, imponen su voluntad sobre la población residente o de tránsito en esas áreas y ejercen control sobre algunas actividades de producción, transporte y comercialización de bienes; además cobran impuestos –vacunas o protección–, legislan al imponer sus propias leyes donde determinan las conductas sujetas a penas y administran su propia justicia, dictan y ejecutan cualquier tipo de sentencia, entre ellas y muy en especial, la de muerte a ciudadanos no beligerantes.

En otros términos, los más significativos y trascendentes atributos de la idea, del concepto y de la función clásica del Estado –monopolio de la violencia, legislación, administración de justicia y aplicación de penas–, en la Venezuela contemporánea están dispersos, desconcentrados y en manos de actores no estatales –de múltiples individualidades, grupos e intereses políticos, sociales, económicos, financieros y militares– sobre los cuales el Estado, además de no tener ni la información ni la capacidad técnica para disuadirlos, persuadirlos o neutralizarlos, tampoco tiene la voluntad política mucho menos el poder y la pertinente capacidad instalada tanto para desarmarlos[xv] como para someterlos a su voluntad. Debilitado, el Estado acepta un poder compartido, y deberemos admitir en consecuencia lo ya que de ello se infiere: el Estado venezolano se encuentra en la grave circunstancia social, política, económica y militar, de tener que enfrentar en forma asimétrica, disminuido o en igualdad de condiciones,  discutir y contender con otros actores estatales o no, tanto su existencia como su soberanía.

Efectos

Desde el ángulo adoptado para la apreciación del asunto –la acción y la omisión–, entramos necesariamente entonces en el terreno de la existencia o no del Estado como idea, concepto y función; al menos, si éste se sujeta a los términos que propone la teoría política y aquellos que estaban previstos en el texto marco que lo creó y que consolidaría luego en no menos de otros 25 textos; son los particulares aceptados y aprobados por votación mayoritaria en un referéndum; un segundo plano del análisis, obliga a una apreciación derivada y se refiere ésta, a la legitimidad o ilegitimidad de la acción rectora del Estado por órgano de la Administración.

En consecuencia, si el Estado venezolano no posee y no tiene bajo su estricto y suficiente conocimiento –información sobre ubicación territorial, fines políticos, sociales, económicos, militares, estructura de organización y cuadros de mando, equipamiento y capacidades bélicas, objetivos y fines que persiguen y capacidades para alcanzarlo, interrelaciones y alianzas entre uno y otro grupo, aliados y apoyos internos y/o extranjeros, líneas de suministros y capacidades logísticas– unido al control, disposición y uso del monopolio de las capacidades y de los medios de coerción, amenaza y de aplicación de la violencia, de legislación, de administración de justicia y de aplicación de sanciones de acuerdo a los términos de su propia carta constitutiva, por tanto en igualdad de derechos y garantías sobre todos y cada uno de los habitantes y transeúnte al interior de sus fronteras: ¿cómo puede garantizar su propia existencia como unidad política?; ¿cómo puede hacer valer en el terreno práctico su soberanía?.

En cuanto a los habitantes permanentes o en tránsito en su territorio: ¿cómo puede materializar el respeto de los derechos los ciudadanos en el ejercicio pleno de sus libertades y la seguridad para su equidad moral y física, de la vida y de la integridad de sus bienes?

Ese es el más grave derivado de la situación que hemos venido analizando a todo lo largo de la exposición; si ello puede o no ser identificado, analizado y definido por los estudiosos y expertos en la materia –nacionales o no– como parte de un concurso de severas circunstancias determinadas por un acumulado de signos exteriores irrefutables, o de la inapelable demostración de la existencia de un sostenido y severo debilitamiento y potencial derrumbamiento o colapso del Estado venezolano como entre jurídico actor en la comunidad de naciones, no nos corresponde puesto que no es nuestra especialidad ni tampoco es el tema de este trabajo; mas no podemos obviar la consideración de algunas otras categóricas variables –intra y extra-fronteras–, para poder rematar la apreciación que pretendemos sobre la seguridad pública en Venezuela, que si es el tema central de nuestro interés.

Ingobernabilidad

Tres conceptos concurrentes conforman, según los expertos, la figura geométrica de un triángulo, que aplicamos para definir la ingobernabilidad: a) la corrupción; b) la debilidad institucional y c) la pobreza.

Para algunos autores y estudiosos de los procesos políticos en “Estados Fallidos”, en proceso de debilitamiento o ya definitivamente colapsados, el primer elemento de interés para el estudio y de donde se desprenden como derivados los otros dos, lo constituye el debilitamiento institucional.

Esto nos llevaría a aceptar que en algún momento esa indispensable institucionalidad del Estado formal existió, se consolidó e hizo válida en toda su amplitud la idea, el concepto y la función del Estado. Mas como hemos visto en la exposición del caso venezolano, ésta no ha sido la situación. Tomando como punto de referencia lo que asumimos como el arranque institucional y el desarrollo de la institucionalidad, observemos el asunto.

Esta vez, retrocedamos en el tiempo y tomemos la referencia desde el Golpe de Estado que condujo a la caída del gobierno de Isaías Medina Angarita en 1945 y el ascenso al poder y comportamiento del partido político que durante los tres años subsiguientes –y hasta su derrocamiento por otro Golpe de Estado y ascenso al poder de Marcos Pérez Jiménez en 1948–, diera los primeros pasos para la institucionalización “democrática”. Partido que, derribado ya el régimen dictatorial en 1958, regresaría al poder y asumiría de nuevo el gobierno, para dar “su” continuidad a esa supuesta o llamada institucionalización.

Si esa llamada institucionalización –como ha quedado evidenciado y por las razones que pudieren ser alegadas–, comenzó por saltarse los términos estatuidos por las normas constitutivas, fue inestable, imperfecta, contradictoria e inconsistente desde el momento en que esa doctrina traducida en “obra política” de aquella época a esta parte, no ha logrado aún el perfeccionamiento institucional del Estado, expreso en esa indispensable y normada separación de poderes; si antes por el contrario, los efectos de la obra han dado como resultado la existencia de un solo poder que privando e imponiendo su voluntad por sobre los otros poderes, lo ejerce sin contrapesos, sin mecanismo alguno que controle, supervise o limite su hacer y dejar de hacer, antes que debilidad institucional –de la cual no podríamos hablar puesto que nunca, como vemos, ha existido y ni se ha consolidado la idea, el concepto y la funcionalidad institucional–, deberemos aceptar entonces el fracaso, y en su lugar entonces, el concepto de Estado Frustrado.

Y, en consecuencia, contradiciendo a los expertos y para hacerlo gráfico en una figura geométrica, en el vértice superior de un triángulo colocaremos el término corrupción puesto que, como hemos concretado, es esa dinámica la que ha impuesto por décadas su predominio y dominado la muy precaria sino inexistente institucionalización del Estado. Institucionalidad fallida antes que débil, que colocaremos al extremo izquierdo de la base del triángulo, al otro extremo de éste, la pobreza: su resultado[xvi].

Conclusión

La evasión del conflicto, la ley del menor esfuerzo y la ausencia de rendición de cuentas, irresponsabildad, derivan en: el Estado como botín, el disfrute de signos exteriores de poder antes que su ejercicio, erosión de la idea, del concepto y de la función de Estado, superposición de los intereses privados por sobre los públicos, pérdida del monopolio de la violencia que a su vez significa una soberanía compartida. Esos, entre otros, son los términos del dramático fracaso doctinal de las elites, y del resultado de la praxis política en Venezuela en los últimos cien años. Dentro de ese fracaso, hemos navegado y navegamos a la deriva, y a ese fracaso, estamos enfrentados como gentilicio.

[i] [i] De lo ético de lo cual habla Hegel.

[ii] “… la sociedad humana existe como consecuencia de un orden que es impuesto por el Estado cuya formación tiene un fundamento evidentemente utilitario: el de poner fin a las luchas del hombre con el hombre y promover una coexistencia humana pacífica… institución fundamentalmente convencional, creada para imponer el orden y que puede ser disuelta no bien los individuos estimen que ya no presta la utilidad que ha motivado su creación;…”. Tomado de Juan Carlos Smith.

[iii] Federico Andreu Guzmán. Discurso, Seminario Internacional: “Impunidad y sus Efectos en los Procesos Democráticos”, Santiago de Chile, 14 de diciembre de 1996.

[iv] Juan Carlos Smith; Omeba.

[v] John Foster Dulles, discurso en la American Society for International Law, 1965; citado por Fred Riggs y éste a su vez por Michael Stohl, Purdue University y George López, Universidad de Notre Dame; 25–27 febrero de 1998.

[vi] Julio A. Cirino y Silvana Elizondo. “Estados Fallidos y Seguridad Internacional Una Perspectiva desde el Cono Sur”. Centro de Estudios Hemisféricos Elexis Tocqueville.

[vii] La población total venezolana, mayoritariamente rural para el año 1830 cuando se separa de la Gran Colombia, podría estimarse en unos 633.133 habitantes; hoy la población es eminentemente citadina según las últimas estimaciones: población total 23.242.435 habitantes de los cuales el 84,5% se registra oficialmente como población urbana. Población total estimada al 30 de junio de 1998. OCEI Anuario Estadístico de Venezuela 1998; publicado en enero de 2000.

[viii] “… un tipo de personalidad caracterizada por la excitabilidad, hiperreacción emocional, autodramatización y actos impulsivos, que se observa con frecuencia en asociación con la histeria clásica…”. Diccionario Enciclopédico Ilustrado de Medicina Dorland; McGraw-Hill Interamericana de España, 9ª edic.España. 1992.

[ix] Julio A. Cirino y Silvana Elizondo; cit.

[x] Organización de saqueadores y hacedores de botín que durante casi dos siglos operó en mar Caribe como un instrumento irregular para la expansión comercial y territorial de Inglaterra, Francia y Holanda

[xi] “… La corrupción… no está ligada solamente al grado de institucionalización, a la amplitud del sector público y al ritmo del cambio social sino que también es considerada en relación a la cultura de las élites y de las masas… El fenómeno de la corrupción es, por tanto, producido por la existencia de un imperfecto sistema de representación y por un discriminatorio acceso al poder decisional… Cuanto más amenazada se sienta la élite tanto más recurrirá a medios ilegales para mantener el poder y a la corrupción…”. Gianfranco Pasquino. Norberto Bobbio, Nicola Matteucci. Diccionario de Política. Siglo XII Editores, 1985.

[xii] Tal como es el caso de la importación de la nueva carabina o pistola ametralladora de la F.N. Herstal P90 del calibre 5.7 x 28 mm.; arma concebida para operaciones militares de comando y detrás de líneas enemigas, cuenta con cargadores de 50 tiros y un nuevo proyectil de dotación capaz de penetrar a 200 metros blindajes de 1.6 de titanio y chalecos antibalas de 20 capas de kevlar. El primer lote importado fue de doscientas  piezas. Ya han sido exhibidas por civiles escoltando a oficiales militares al frente de unidades en la ocasión de manifestaciones públicas.

[xiii] Conjunto de acciones psicológicas, políticas, militares y morales, destinadas a un fin, y capaces de transmitir una idea y obligar a un adversario real o potencial a renunciar a toda expresión de agresión o ataque, ante el peligro derivado de la reacción o contra-ataque.

[xiv] A este tenor el ilustrativo trabajo en dos entregas de Roberto Giusti; El Universal 27 y 28 de abril de 2003, con anuncio en primera y texto en páginas 1–2: “… Informe confidencial ‘presencia subversiva en el Norte de Santander’… Guerrilla Colombiana sí está en Venezuela…”. Se señalan en gráficas diez asentamientos de las FARC en el estado Zulia y tres en el estado Táchira; y cuatro del ELN en el estado Táchira.

[xv] Ante las múltiples muertes por armas de fuego al interior de los recintos carcelarios, con una población total menor a veinte mil procesados y condenados, son indicativas las declaraciones del Ministro de Interior y Justicia cuando acepta como normal que al interior de lugares aislados por perímetros controlados y confinados, y sometidos a estrictas medidas de vigilancia armada civil y militar, existan tanto armas blancas como de fuego, granadas militares y munición. Si el Estado no está en capacidad para desarmar a una población de reclusos inferior a veinte mil y confinados en cárceles: ¿puede estarlo para desarmar a una población que habita y transita en todo el territorio de la nación?

[xvi] La pobreza, medida por los expertos en términos de la capacidad de los hogares venezolanos para obtener ingresos suficientes para pagar la Cesta Alimentaria –se refiere al número de calorías mínimas necesarias medida en términos monetarios–, en cuyo caso la cifra se ubica por sobre el 40% de hogares incapacitados: Pobreza Crítica. Mientras que aquellos hogares incapaces de obtener ingresos suficientes para adquirir la Cesta Básica –la suma del monto equivalente a la Cesta Alimentaria a la cual se agregan los montos monetarios para el pago de los servicios básicos como agua, luz, teléfono, servicios médicos, educación, esparcimiento–, en cuyo caso el nivel de pobreza de los hogares venezolanos asciende a 80%.

 

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