LA JUSTICIA VENEZOLANA: Danilo Ánderson

“Banco de Prueba”

Rafael Rivero Muñoz

Caracas, 200105

“… Tiempo que pasa, la verdad que huye…”
Harry Söderman (1902–1956)

Quizás, entre tantos desatinos de los últimos años, sean los pormenores públicamente conocidos sobre la violenta muerte del Fiscal Nacional Danilo Baltasar Anderson, un caso de laboratorio  policial, procedimental, jurídico y político –en el sentido de un lugar jerarquizado de trabajo, dispuesto para hacer investigación científica–, un test práctico a la mano de cualquier interesado u observador del sistema de justicia de la Venezuela contemporánea; eso que nos permite sustentar una conclusión referida en múltiples notas anteriores: Las técnicas criminalísticas venezolanas –por ende su directo derivado, la acción fiscal, y su resultado, un juicio oral y controvertido ante un juez –por sus particulares desempeños, han pasado ya a ocupar un privilegiado lugar de interés en las academias de derecho y escuelas de técnica policial; allí donde se estudian esas especializadas materias de la acumulada experiencia y del elaborado saber humano. Un ejemplo gráfico para el mundo entero, de cómo no se hace y cómo no pueden proceder una policía de investigación criminal, un Ministerio Público, unos tribunales en particular y un gobierno en general, en su obligada y regulada función para impartir justicia por una parte y, por la otra, para la instauración, preservación y restitución del orden público.

Como ya hemos afirmado, una causa penal ordinaria de cualquier tipo por la muerte violenta de un ser humano, comienza –y también puede terminar– en la escena del crimen  con el especializado hacer técnico de la policía de investigación criminal. Quiere decir ello que, la causa para que pueda existir como tal en el ámbito del derecho, de la técnica policial –determinante para la acción fiscal– y del sistema oral de juicios, depende en toda su extensión del tratamiento y de los procedimientos técnicos que la policía aplique desde el mismo momento de conocer del hecho y de hacerse presente en la escena del crimen. Allí comienza y se da el primer paso de la tantas veces mencionada y en lo absoluto respetada: “Cadena de Custodia”. Y allí, por lo que se puede deducir, comenzó el fin de la supuesta causa penal del llamado caso Danilo Baltasar Anderson.

La voluntad de la Administración

Fuimos todos informados por los medios televisivos, radiales y escritos, que apenas a minutos de ocurrido el estallido del vehículo tripulado por la víctima, antes mismo que un equipo técnico de investigación criminal tomara las provisiones necesarias en el teatro de los hechos, “… Cerca de siete cuadras a la redonda donde ocurrieron los hechos fueron acordonadas por gran cantidad de funcionarios del Ejército, Guardia Nacional, Disip, Cicpc, Dirección de Inteligencia Militar, Policía Metropolitana, Policaracas y Tránsito Terrestre…”, e inmediatamente se hicieron presentes altos funcionarios del Ejecutivo con sus respectivos vehículos y respectivas escoltas; desde el vicepresidente pasando por ministros, alcaldes, diputados oficialistas, hasta el presidente de la Junta Nacional Electoral; también se hizo presente el Fiscal General de la República. Cabe preguntar: ¿Quién preservó la integridad de la escena del hecho? ¿Quién evitó y de qué forma, que la escena del crimen no fuera modificada y las posibles o potenciales evidencias físicas no fueran “extraviadas”, alteradas, incorporadas, modificadas o contaminadas en el intenso transitar y “patear” de tanto personal, ajeno a  cualquier proceso técnico de investigación criminal? Desde el primer momento fue notable cómo unos y otros, independiente de jerarquía, pretendían tomar cartas en el asunto y aplicar sus propios parcializados criterios.

Es un principio reconocido, que la voluntad de la Administración se expresa por órgano de la jerarquía. Quiere decir esto que, en un acto administrativo de policía previsto y ejecutado para el levantamiento de una escena de crimen –que es la labor más importante y especializada de la técnica de la policía–, el funcionario responsable, de acuerdo a ese principio, es el de mayor jerarquía presente en el sitio y el momento de la ejecución material de ese acto administrativo. Para el momento en que la policía se entera del estallido del vehículo, se trataba, como afirmamos, de un acto administrativo de policía –cuyo contexto y resultado aún cuando no tiene el mismo valor jurídico, pudiere equipararse a una certificación de perpetua memoria–. Es un acto administrativo de expresión material escrita y sobre cuyos particulares la instancia prevista en el ordenamiento jurídico vigente, en este caso el Ministerio Público, soportará su decisión para dar inicio a una investigación criminal e incoar ante un tribunal la apertura de una causa.

Dejó de ser un acto administrativo

Pero viene a completar y complicar el cuadro desde los primeros instantes en la escena del crimen, la presencia física del Fiscal General de la República (FGR). Es decir lo que hasta el momento de él presentarse era estrictamente un acto administrativo de policía, fue interrumpido, interferido y coartado en su ejecutoria; con la presencia personal del FGR dejó de ser un acto administrativo para convertirse en otra cosa; posiblemente, alegarán algunos, es un acto preparatorio de una causa penal desde el momento en que reposa según la norma vigente en manos del Ministerio Público, el monopolio de la acción penal. En otros términos, y aceptado como válido tal opinión, a partir del momento en que el FGR se hace presente en esta –o cualquier otra escena de un crimen–, además de impedir la iniciación y continuidad en la ejecutoria del acto administrativo de policía, lo anula y asume por completo la responsabilidad de lo que se haga y de lo que deje de hacer; con su presencia despojó a la Administración de la oportunidad para el cumplimiento de sus normadas atribuciones. Debe recordarse que los actos administrativos no tienen carácter jurisdiccional. Con su presencia el FGR asume por completo todos los derivados del hacer y dejar de hacer de los funcionarios que estén presentes en la escena, en ese caso, el acto que dejó de ser administrativo y pasa a convertirse en un acto sino jurisdiccional, previo o preparatorio de éste.

En términos simples y sin discusión posible, el Fiscal General de la República en persona, por propia voluntad y sin fórmula de continuidad se despojó de sus responsabilidades tutelares y asumió “ejecutivamente” todas las responsabilidades jerárquicas en cuanto al caso criminal por la muerte violenta de Danila Baltasar Anderson: Es el fiscal de la causa.

El asunto no es sencillo, se presenta entonces dentro de complejidades técnicas difíciles de dilucidar y de digerir para el ciudadano común y hasta para algunos procedimentalista, penalista o policías de investigación criminal, y es tema que deberá –antes, durante o después del juicio– en todo caso, ser estudiado por los expertos en derecho administrativo, procesal, penal, de procedimientos policiales y de técnicas criminalísticas. Definitivamente, como queda definido: un caso de laboratorio, propio y para las academias.

Dejemos en manos de esos expertos estos especializados particulares y atendamos otros no menos importantes.

Precedentes

“… Danilo Anderson sería víctima en la explosión de vehículo en Los Chaguaramos… Un vehículo en movimiento estalló en la avenida Las Ciencias de Bello Monte. Se ha informado que se trataría del vehículo del Fiscal Nacional, Danilo Anderson, una camioneta Autana… Hasta el lugar se trasladaron el Vicepresidente de la República José Vicente Rangel, el ministro de Comunicación, Andrés Izarra, el presidente de Venezolana de Televisión, Vladimir Villegas, y el Fiscal General de la República Isaías Rodríguez quien señaló que ‘creemos que se trata de un atentado contra Danilo Anderson… También llegaron al lugar el Alcalde Mayor, Juan Barreto, y los diputados oficialistas Nicolás Maduro, Darío Vivas e Iris Varela, así como el presidente de la Junta Nacional Electoral, Jorge Rodríguez… Los cuerpos de seguridad del Estado realizan en el lugar las experticias necesarias tanto al vehículo como a los objetos que salieron despedidos al momento de la explosión. El cadáver se mantiene dentro de la camioneta…” Globovisión/EFR 18/11/04.

“… Jesse Chacón: ‘Tenemos casi la certeza de que el cadáver es de Anderson’… Asesinado en atentado explosivo fiscal Danilo Anderson… Caracas, noviembre 19 (Lucy Gómez/Omar Bravo/Luis Borjas).– Esta madrugada se registró un atentado en las calles Vargas con Las Ciencias de Los Chaguaramos, donde presuntamente murió por la acción de un explosivo en su vehículo el fiscal Danilo Anderson….”. Notitarde; Valencia, 19 de Noviembre de 2004

“… ATENTADO / En la calle Las Ciencias de los Chaguaramos hubo dos explosiones… Danilo Anderson presunta víctima… Una potente bomba estalló anoche en una camioneta habitualmente utilizada por el fiscal del Ministerio Público Danilo Anderson, quien presuntamente falleció en el suceso (Foto Anibal Torres) … Familiares del fiscal reconocieron objetos propiedad del único ocupante del vehículo… Anoche, cerca de las 11:00 pm, presumiblemente fue asesinado, víctima de un atentado, el fiscal en materia de ambiente, Danilo Anderson, en la avenida Las Ciencias de Los Chaguaramos, frente a las residencias Elite, en dirección hacia la urbanización Santa Mónica… Según las primeras investigaciones, en el sitio de los hechos el fiscal más emblemático del Ministerio Público conducía una camioneta de su propiedad marca Toyota, modelo Autana, color amarillo ocre, placas ABA–90A… Vecinos del sector señalaron que se escucharon dos fuertes explosiones, posteriormente el vehículo se incendió y se estrelló contra un local de reparación de aires acondicionados, ubicado en el edificio La Columna que hace esquina en la calle Vargas. Su único ocupante murió calcinado… Restos del vehículo quedaron esparcidos a lo largo de la calle Elite, así como objetos personales de la víctima como una pistola Glock, calibre 9 mm, proyectiles del mismo calibre, una agenda electrónica, celulares y otras pertenencias… Cerca de siete cuadras a la redonda donde ocurrieron los hechos fueron acordonadas por gran cantidad de funcionarios del Ejército, Guardia Nacional, Disip, Cicpc, Dirección de Inteligencia Militar, Policía Metropolitana, Policaracas y Tránsito Terrestre… Igualmente, acudieron desde temprano al sitio del siniestro la plana mayor del Ejecutivo Nacional como el vicepresidente de la República, José Vicente Rangel; el rector del CNE, Jorge Rodríguez; los ministros de Energía, Rafael Ramírez; de Interior y Justicia, Jesse Chacón; de Comunicación e Información, Andrés Izarra; el fiscal general de la República, Isaías Rodríguez; los gobernadores de la Alcaldía Mayor, Juan Barreto; del Estado Miranda, Diosdado Cabello; el alcalde metropolitano, Freddy Barnal. De igual manera se hicieron presentes miembros del sector oficialista de la Asamblea Nacional como Nicolás Maduro, Luis Tascón, Cilia Flores y Desirée Santos Amaral…”. Felix Carmona; El Universal, 191104.

“… Su vehículo explotó en plena vía pública… Fiscal Danilo Anderson habría muerto en atentado… El vehículo asignado al Fiscal Danilo Anderson explotó cuando transitaba por la avenida Vargas de Los Chaguaramos, para luego estrellarse contra un edificio de la zona e incendiarse por completo…”. Jesús Antonio Hurtado, Cadena Global, Viernes 19 de noviembre de 2004  7:47:42 AM

“… Confirmada muerte de Danilo Anderson en atentado… Según informaron Alberto Carías, subsecretario de seguridad ciudadana de la Alcaldía Mayor y Noel Fernández, miembro del grupo Tupamaro, en un primer momento, y posteriormente el Ministro del Interior, Jesse Chacón, se confirmó a través de las huellas dactilares que el cuerpo hallado en la camioneta modelo Autana que explotó en la avenida Las Ciencias de Bello Monte durante la madrugada es del fiscal Danilo Anderson… Chacón indicó que el explosivo utilizado presumiblemente fue C4 y fue colocado en la parte externa del vehículo. Para su detonación habría sido utilizado un mecanismo inalámbrico, a control remoto…”. Globovisión/EFR/MGC, 19/11/04 Caracas, Viernes Noviembre 19, 2004, 11:27:38 AM

La imputación

“… Llamadas y entrevistas son clave de acusación en el caso Anderson… Los cruces de llamadas telefónicas y las entrevistas hechas en Caracas y Estados Unidos son el corazón de la acusación… tres ex funcionarios conversaron ‘repetidas veces’, en noviembre y el día del estallido, con Johan Peña, Pedro Lander y los difuntos Juan Carlos Sánchez y Antonio López… los contactos telefónicos referidos en la acusación, las suscribió el inspector jefe Ignacio Zato… Los análisis efectuados… reflejan que Juan Guevara, desde el celular 0414–326.10.03 ( a nombre de Carmen Medina) se comunicó en noviembre con Johan Peña (10 veces), Antonio López (2 veces)), Juan Sánchez (1 vez), Pedro Lander (6 veces)), Rolando Guevara (8 veces), con celular anónimo 0412–980.86.70 (39 veces) y llamó dos veces al celular 0412–6185429, a nombre de Carlos Aguilar (datos falsos)… Otoniel Guevara utilizó, a su vez, los celulares 0416–8250800 y 0412–7348597 y estableció contacto telefónico con Juan Carlos Sánchez, 9 veces; Rolando Guevara, 4 veces; y Fabiola Mercader, 56 veces… Rolando Guevara, desde el celular 0414–2617714, conversó con Juan Guevara (2 veces), Pedro Lander (1 vez), Juan Carlos Sánchez (14 veces), Otoniel Guevara (3 veces), José Montell Pereira (3 veces) y José Valera Galviz (1 vez)… El día dieciocho… se comunicó Johan Peña con: Pedro Lander (3 veces); Antonio López (7); William García (4 veces). Nombre nuevo en el caso), y ocho veces llamó a un celular registrado con datos falsos (0412–618.54.29, a nombre de Carlos Aguilar)… Mientras Juan, Guevara llamó al celular 0412–980.86.70 (anónimo). Se comunicó una vez, a las 9;24 am, a través del celular 0412–581.72.98. Contactó Pedro Lander y Johan Peña… Antonio López, por su parte, habló con Johan Peña (6 veces), Juan Sánchez ((7) y Thais Plaza de Zurilla (11 veces)… Juan Carlos Sánchez habló con Thais Plaza (13 veces); José Valera Galviz; Johan Peña; Juan Guevara (1 vez a las 18:29 pm); y llamó al (0212) 6063547, cuyo suscriptor es La goven Los Chaguaramos (cerca del atentado)… Otros elementos innovadores fueron anexados a la acusación. Entre ellos está el testimonio de una antropóloga forense que asegura haber escuchado una conversación según la cual Juan Guevara y Johan Peña planificaron la colocación de un collar explosivo a una persona que los estafó. Peña habría pagado Bs 50 millones ‘para que cuadraran todo’. La antropóloga además admite que le entregó a Peña un proyectil que encontraron en el cuerpo del ciudadano que murió con el collar puesto… segundo elemento innovador… la entrevista hecha el 28–12–04 en Miami EEUU, a Francisco Rivera Rodríguez, la cual ameritó el traslado del comisario venezolano José Cuellar. El interrogado confirmó relaciones de trabajo con investigados…”. Irma Alvarez, El Universal, miércoles 19 de enero de 2005, página 1–7.

“… Acusación contra los Guevara omite experticia del explosivo que mató a Anderson… El escrito de imputación que entregó el Ministerio Público al Tribunal 34 de Control da cuenta de las llamadas anónimas recibidas por el Cicpc que involucraron a Juan Guevara con el atentado… En ninguno de los 188 folios que integran la acusación interpuesta por el Ministerio Público contra Juan Bautista Guevara y Otoniel Guevara figuran detalles sobre la experticia que se habría realizado al artefacto explosivo utilizado en el atentado contra el fiscal Danilo Anderson… En forma específica, los investigadores habrían determinado que se utilizaron 320 gramos de C–4… La prueba número 15 que presentó el Ministerio Público ante el Tribunal 34 de Control, a cargo de Maikel Moreno, es un acta policial suscrita en fecha 19 de noviembre de 2004 a las 7:30 am… Reza que el subinspector llamado Luis Revilla, del Cicpc, recibió una llamada anónima en donde inculpaban a Juan Bautista Guevara en la muerte de Anderson… El informante, según consta en el documento, le dijo al inspector Revilla que en ese hecho participaron Pedro Lander, Juan Bautista Guevara, Juan Carlos Sánchez, Johan Peña y Antonio López Castillo… otra llamada anónima… de fecha 23 de noviembre, a las 08:05 am en la que ‘en la cafetería Anuncia ubicada en la calle Los Hoteles de Plaza Venezuela se van a reunir Rolando Guevara (…) y Antonio López (…) y los mismos se encuentran involucrados en la muerte de Anderson… (en recuadro) El atentado contra Danilo Anderson ocurrió a las 9:45 pm. Desde las 8:00 pm hasta las 10:30 pm de ese mismo día, Thais Elizabeth Plaza de Zurilla y Antonio López Castillo habrían estado cenando en el restaurant Mocambo, ubicado en Las Mercedes. Al parecer, a esa hora y en ese local estaba Juan Carlos Sánchez… En la tercera página del escrito de acusación fiscal se señala: ‘Del resultado de la investigación penal, se pudo conocer que desde hacía mucho tiempo atrás los ciudadanos Juan Carlos Sánchez, Antonio López, Juan Bautista Guevara Rodríguez, Rolando Jesús Guevara Pérez, Otoniel José Guevara, Johan Humberto Peña, Pedro Bladimir Lander (y) Thais Zurilla comenzaron a reunirse con el propósito de planificar el atentado del fiscal Danilo Baltasar Anderson… Poco ha trascendido sobre la supuesta participación de Thais Plaza de Zurilla en los hechos investigados y en el escrito de acusación fiscal sólo hay datos relacionados con la entrevista que se le hizo el 15 de diciembre de 2004… En esa oportunidad, la dama dijo que dos años antes conoció a Juan Carlos Sánchez, quien le presentó a Antonio López, quien habría realizado negocios con su esposo, Jesús Zurilla Jiménez… Los funcionarios que la entrevistaron advertirían que Thais Plaza de Zurilla trató de hacer ver que no recordaba que el día del asesinato de Anderson se comunicó telefónicamente en 14 oportunidades con Juan Carlos Sánchez y 10 veces con Antonio López…”. Edgar López, Vanesa Gómez Quiroz; El Nacional, miércoles 190105, página B 16.

“… si no está expresamente descrito el mecanismo utilizado para asesinar a Anderson, eso no constituye una falta de su acusación porque ‘es un hecho público, notorio y comunicacional que hubo una bomba y que explotó’… podría ser que la experticia mno esté propuesta como prueba porque al explotar la bomba sólo quedan fragmentos…” son las afirmaciones del fiscal 30 nacional a un requerimiento expreso de la prensa. (Edgar López y Vanessa Gómez Quiroz; El Nacional jueves 200105, página B19)

Circunstanciales o “circunstanciadas”

Afirmé sobre el hecho en una opinión anterior que me fuera solicitada por un medio de comunicación: no hay caso. Entendiendo como tal una causa penal dentro de los estrictos términos técnicos y jurídico procesales que la norma vigente en Venezuela establece; y viene a sustentar tal afirmación, la lectura de algunos detalles en la reseña de prensa del acto de imputación o mal llamado “acto conclusivo” del Ministerio Público en el affaire Danilo Baltasar Anderson.

Como recordamos, hemos podido leer y entender de los extensos reportajes de los medios sobre la violenta muerte del citado ciudadano, se trataba, hasta no hace mucho, de una muerte ocasionada por la detonación de un artefacto explosivo colocado en el piso, por fuera y por debajo del asiento del conductor, en la camioneta Autana de uso regular de la víctima. Las versiones de los distintos representantes del Estado, fueron, desde un principio, precisas al señalar que se utilizó una cantidad determinada C–4  (compuesto químico de uso militar exclusivo, que resulta de una mezcla industrializada de ciclometilenotrinitramina –RDX– 91% y aditivos plastificantes 9%) Al inicio se informó oficialmente sobre una cantidad aproximada de 250 gramos, ahora, según queda reseñado –los peritos informan a la prensa– que la cantidad utilizada habría sido mayor: “… los investigadores habrían determinado que se utilizaron 320 gramos de C–4…” (E.López, V.Gómez Quiroz). Contrasta esto con lo afirmado por el o los fiscales de la causa: “… El Ministerio Público señaló a Ottoniel Guevara por la presunta comisión de los delitos de homicidio calificado con premeditación y alevosía mediante incendio y agavillamiento…”. (Vanesa Gómez Quiroz, El Nacional 180105, pág. B15).

¿En qué quedamos?

Oficialmente se trató de la explosión de una bomba de C–4 activada por control remoto, pero, para el Ministerio Público, quien tiene en sus manos el monopolio de la acción penal, tal afirmación oficial o circunstancia no tiene relevancia alguna desde el momento en que: “… En ninguno de los 188 folios que integran la acusación interpuesta por el Ministerio Público contra Juan Bautista Guevara y Otoniel Guevara figuran detalles sobre la experticia que se habría realizado al artefacto explosivo utilizado…”. Pareciera entonces que la Fiscalía le está corrigiendo la plana al Ejecutivo: Danilo Baltasar Anderson no murió en la explosión de una bomba de C–4, sino como consecuencia de un incendio. Los representantes del Ejecutivo y los peritos afirman explosivo, el fiscal, en 188 folios, al imputar a los sospechosos, señala incendio. Luego, se asume: sería una bomba, incendiaria, no una bomba de C–4. Pero entonces, se equivocaron los expertos de la policía científica e hicieron incurrir en un más grave error a sus superiores, o es que el Ministerio Público, decidió no tomar como válida la experticia que los peritos realizaron sobre los restos del artefacto que ocasionó la muerte a Anderson: ¿Por qué? ¿Habría alguna forma de entender la contradicción entre una y otra posición oficial?. ¿Se precipitó algún experto o consejero político y arrastró en su precipitación a sus superiores?

Detalle

Quizás el Ministerio Público, sabiéndolo o no, tenga suficientes razones para este desempeño que contradice la versión oficial del evento, y se refiere esta razón a un hecho que es perfectamente conocido por la experiencia de los técnicos apaga fuego, quienes en su momento se hayan visto enfrentados a un incendio en pozos petroleros.

La técnica que hasta ahora han utilizado para apagar estos incendios y profusamente utilizada en Kuway luego de la retirada de las tropas iraquies, y luego que éstas en su retirada decidieron incendiar los pozos petroleros. Esa técnica está centrada en un hecho probado, comprobado e incontestable; para apagar un incendio petrolero basta con romper el triángulo del fuego: calor, combustible y oxigeno. Cercenar el combustible, eliminar el calor o cortar oxigeno, uno cualquiera de los tres, es apagar el fuego. Y para eso, para cortar específicamente el oxigeno –ante la imposibilidad de cercenar el combustible o eliminar el calor– se utiliza una carga de C–4 que, colocada y detonada en la boca del pozo sobre el punto por donde emerge el combustible –dada su velocidad de detonación de 8.000 metros por segundos–, desplaza por completo el oxigeno y el fuego se extingue,  dependerá entonces de segundos, de la habilidad del equipo de apaga fuegos y de la velocidad con que se cierre el pozo o la fuente de combustible, la extinción o reanudación del fuego, ya combustible y calor en ausencia de oxigeno, están sujetos al control humano, no hay fuego.

Qué se concluye de esta referencia: que el C–4 no produce fuego, antes por el contrario, lo extingue cuando su velocidad de detonación desplaza el oxigeno. Y como afirma la fiscalía y pudo ser observado en las fotos del cadáver de Danilo Baltasar Anderson publicadas, murió por efecto de fuego intenso: a) no está desmembrado, tampoco lo está la camioneta donde murió, cosa que sería perfectamente notable en cualquier explosión de un detonante con la velocidad del C–4; b) el cadáver está completo y presenta severas quemaduras, hasta el punto de perder toda la piel de la cara y quedar al descubierto la parte externa de la bóveda craneana; c) la parte superior e interna de la camioneta estuvo bajo fuego intenso por un tiempo suficiente como para consumir por efectos de ese fuego todo comburente en su interior, quedando al descubierto todo el herraje de los asientos.

Novedades técnicas

El libelo acusatorio presentado por el Ministerio Público –luego de 30 días más 15 de prórroga otorgados por el juez–, según se desprende de las informaciones difundidas por la prensa, está plagado de novedades técnico policiales, técnico procedimentales y jurídicas, puesto que, “el corazón” de la imputación lo constituyen: a) el cruce de llamadas telefónicas y b) las entrevistas hechas en Caracas y Estados Unidos. Mientras que expresamente se ignora, al menos no se incorpora como elemento de soporte de la imputación fiscal, una experticia técnica sobre un artefacto que, oficialmente declarado por conspicuos representantes del gobierno, habría sido el causante de la muerte de Anderson.

Confidenciales

Dos llamadas anónimas realizadas a Cicpc en distintas fechas y horas es atendida por el mismo funcionario –una el 191104 a las 07:30 am y otra el 2311004 a las 08:05 am–; en ellas un desconocido señala a uno o varios de los ahora imputados. La primera llamada es realizada apenas a 10 horas de ocurrida la explosión de la Autana, la segunda 2 horas y 25 minutos antes de que se produzca un supuesto enfrentamiento armado con funcionarios de homicidios del Cicpc y donde muere el abogado Antonio López Castillo.

Aparte de todas las consideraciones técnicas y jurídicas sobre la validez de una afirmación hecha telefónicamente por quien no se identifica, y más aún la policía “expresamente” no lo identifica, muy propio de la era de la inquisición en España pero que sin embargo el fiscal las toma como válidas desde el momento en que están citadas en el texto acusatorio, existe una consideración preliminar que salta a la vista como duda razonable: El mismo funcionario recibió en dos oportunidades distintas, en dos fechas distintas y dos horas distintas, la confidencia telefónica de un mismo sujeto que se comunicó con el Cicpc. Salvo el acta policial firmada por el funcionario que dice haber recibido las dos llamadas y que el fiscal presenta como prueba número 15 en su libelo: ¿Existe algún otro elemento sólido que sustente de forma irrefutable que tales comunicaciones telefónicas realmente fueron recibidas en el despacho policial en las fechas y horas referidas? ¿Al menos se tomó la providencia, por parte del funcionario firmante del acta, de asentar los particulares de tales llamadas en el Libro de Novedades de la Dependencia donde trabaja y estaba para el momento de recibir ambas llamadas? ¿La fecha y hora de la primera llamada es la misma en que se levantó el acta, entonces cómo puede en esa misma acta aparecer otra llamada realizada al mismo funcionario cuatro días, 48 horas y 35 minutos después? O cada acta policial elaborada por separado por el funcionario corresponde a cada llamada, o la fecha del levantamiento del acta donde se incluyen ambas, no podrá ser anterior a la realización de la segunda.

Las entrevistas

Sobre el cruce de llamadas trataremos luego, veamos brevemente lo de las entrevistas; siempre, según lo que tenemos a mano: reiteramos, una cierta experiencia y las informaciones difundidas por los medios de comunicación.

Afirma el Ministerio Público, al menos así se interpreta, que de una entrevista realizada el 151204 a una ciudadana, “… se pudo conocer que desde hacía mucho tiempo atrás… comenzaron a reunirse con el propósito de planificar el atentado…”; salvo error de interpretación, se asume en consecuencia que esta entrevistada identificó el contenido de las reuniones y a todos y cada uno de quienes participaron, y, se supone, los términos de esa “planificación”: ¿Cómo es entonces que, dentro de la lista de los imputados, no aparece el nombre de esta ciudadana, siendo que ella –a confesión de parte, relevo  de prueba– participa en la “gavilla” Pudiere alegarse que, en la colaboración requerida por el fiscal y atendida por la declarante estuviere contemplado eximirla de la imputación, mas eso es materia –exclusiva e indelegable– del juez y tribunal de la causa; circunstancia  que se hace y pone en evidencia en el juicio controvertido y que, eventualmente pueda ser considerado como atenuante para el cálculo de la pena, mas no es un eximente de juicio o de pena sujeto a la potestad ad libitum del fiscal.

Otro detalle significativo de las citadas entrevistas, se refiere a las declaraciones de una supuesta médico forense quien reconoce que prevalida y soportada en su cargo oficial y acceso a las áreas restringidas de su despacho substrajo ilegalmente de la carpeta o legajo de un caso criminal que reposaba en los archivos, un proyectil que había sido extraído de un cadáver en el momento de la autopsia, y que luego, ese proyectil, lo habría entregado a quien le pagó dinero en efectivo como recompensa. Alega además que estando de visita en la casa de uno de los imputados, había escuchado la referencia a la utilización de un collar bomba para matar a un sujeto, precisamente el mismo sujeto de cuyo cadáver se extrajo el proyectil que robó del expediente. Aparte de que el caso de muerte violenta al cual se refiere la declarante es otro distinto al caso Danilo Baltasar Anderson, por tanto habría que examinar si procede o no la acumulación –asunto de expertos–, cabe también hacer el mismo planteamiento del caso anterior y también preguntar: ¿Si es posible substraer un proyectil incriminado específico de un expediente, sin que nadie se percate de ello, entonces cuál es la calidad y la propiedad de los sistemas para la preservación y custodia de evidencias que legalmente deberán soportar los pormenores de la llamada “Cadena de Custodia”?  ¿Cómo es que un funcionario que ha cometido el delito de robar una evidencia criminal no está sujeto a un juicio y a una condena? ¿Qué garantías existen entonces sobre la originalidad, propiedad y probidad de los elementos físicos o evidencias materiales que están bajo custodia de la Fiscalía, de la policía o de una Medicatura Forense en Venezuela?

Y, una guinda para el pastel

“… Muerto abogado y funcionario del Cicpc en enfrentamiento cerca de la Plaza Venezuela… La comisión policial le hacía un rastreo al automóvil Honda Civic, plateado, matrícula ABT 31A… El enfrentamiento ocurrió a las 10:30 am  cuando una comisión de Homicidios le hacía un seguimiento al Honda Civic, el cual estaba solicitado para las averiguaciones relacionadas con la explosión ocurrida el jueves pasado, en la avenida Las Ciencias de los Chaguaramos, que segó la vida del Fiscal Danilo Anderson…”. Sandra Guerrero, El Nacional, 24112004 miércoles, D24.

El mismo día del supuesto enfrentamiento, pocos minutos después, las autoridades allanaron la residencia del abogado, acto donde se hizo presente el Ministro de Interior y Justicia; luego allanarían su oficina en el Bufete De Sola Pate en la Torre Domus; en cada uno de los tres eventos, como quedó reseñado por la prensa, las autoridades tomaron bajo su control y custodia múltiples bienes y efectos personales del abogado Antonio López Castillo, entre ellos cabe destacar: su computadora personal, sus libretas de notas y apuntes y, su celular: Antonio López Castillo, CI V–11690902, 32 años, abogado graduado en la UCAB 1999, miembro del bufete De Sola Pate; subscriptor del celular N° 0414115 0525, CuentaTelcel N° 0204308985, Factura N° 3452356 emitida para su cancelación el 271204 en ocho  páginas.

Resulta ser que entre las 13:47 y las 24:00 horas del día 291104, 6 días después que oficialmente se firmó el Acta de Defunción del abogado Antonio López Castillo, se realizaron un total de 171 llamadas telefónicas desde el celular 0414115 0525 para el exterior: 3 llamadas a Holanda y 168 a Cuba. Entre las 00:22 y las 20:52 horas del día siguiente, 301104, se realizaron un total de 213 llamadas a Cuba; seguidamente el día primero de diciembre entre las 07:27 y las 08:20 se realizaron dos llamadas más a Cuba. En total 386 llamadas conectadas con 75 números telefónicos en Cuba y 3 llamadas conectadas a un número en Holanda. Todo ello en un lapso acumulado de 755 minutos (12 horas y 35 min.) de conexión efectiva y con un valor aproximado equivalente a Bs. 1.323.524,60 que factura al subscriptor la empresa proveedora del servicio.

No especularemos entonces que si el abogado Antonio López Castillo tiene o no  relaciones con cubanos residentes en la isla; que tal excepcional número de llamadas indicarían su relación con intereses de algún orden en esa isla y que ello vinculado al hecho que se investiga podría conducir a algún camino para dilucidar la trama del homicidio que se investiga. No, no fue él quien realizó las llamadas; su celular personal, incautado por la policía, fue utilizado después de su muerte y por dos días continuados, sea por funcionarios nativos sea por importados, o al menos, por personas cercanas a uno de ellos que les cedió ese equipo de comunicación para hacer negocios particulares y ganarse un dinero o, quizás, para poner y mantener en cuenta a personas interesadas habitantes en la isla, sobre los pormenores del caso criminal objeto de la investuigación.

No existe explicación alguna sustentable, el abogado Antonio López Castillo, además de estar muerto no tenía en su poder su celular, por tanto no pudo ni él ni ninguno de sus allegados realizar esas llamadas; otro, con acceso y uso de un equipo puesto bajo custodia de la policía, las realizó. Posiblemente ahora se alegue que el celular estaba clonado, que como explicación, en sus extremos, se acuda a exponer que se trata de lo que las empresas de telefonía conocen como Centro Clandestino de Llamadas: un estafador se hace de un número y equipo telefónico y en un lapso de tiempo determinado –limitado normalmente por la fecha de facturación al subscritor legal del número– pone en venta para su beneficio un tiempo de comunicación con teléfonos en el exterior; para ello ubica a los naturales de ese país quienes a cambio de un pago que el estafador les cobra, pueden hablar con sus interlocutores, el tiempo que deseen: ¿Será ésta la situación?

Se reitera la pregunta ya hecha: ¿Qué garantías existen entonces sobre la originalidad, propiedad y probidad de los elementos físicos o evidencias materiales que están bajo custodia de la Fiscalía, de la policía o de una Medicatura Forense en Venezuela?

Visto así el asunto con respecto a la prueba rey del Ministerio Público en esta particular imputación, “los cruces de llamadas telefónicas”, al experto que hace tan especializados análisis, habrá de comisionársele para que informe al tribunal a quien corresponde todos y cada uno de los 75 números telefónicos en Cuba con los cuales se comunicó entre el 29 de noviembre y el primero de diciembre del 2004 el celular  0414115 0525 y, visto el nuevo tratado de asistencia jurídica, solicitar del gobierno extranjero se interroguen a todos y cada uno de los subscriptores sobre los particulares que permitan identificar texto y contexto de esas comunicaciones.

¿Y es pertinente?; ¿Y qué prueba eso?

Tan pertinente como las otras llamadas de los otros números y su cruce y lo mismo que prueba cualquier otro alegado cruce de llamadas: la prueba rey de la imputación fiscal en el caso Danilo Baltasar Anderson.

Conclusión

Queda así en forma diáfana sustentada la tesis: el Estado venezolano ha venido perdiendo aceleradamente su capacidad técnica para el ejercicio del ius puniendi , eso no significa en lo absoluto que el gobierno y toda la maquinaria a su disposición no lleve a “juicios” y condene a prisión a quien bien le parezca pertinente y como forma de dejar bien sentado y comprobado, quien tiene el poder. Es el sistema de justicia binaria al cual hace referencia Michel Foucault.

Recordemos aquel caso del asesinato de otro abogado en la urbanización Alta Florida; toda la parafernalia oficial e investigativa de aquel momento identificó meses después del crimen a un supuesto culpable –al parecer un rastro digital de uno de sus dedos fue “reactivado” sobre una esquina de un periódico que habría “casualmente” aparecido en el interior de un vehículo abandonado y que la policía afirmaba habría sido  el utilizado por los criminales para abandonar la escena luego de cometido el hecho–; el sujeto fue detenido, sometido a juicio y condenado, no por el homicidio del abogado, sino por el hurto del vehículo.

El detalle muy significativo está, en que los actuales imputados en esta causa, están vivos, serán sentenciados no necesariamente por el homicidio de Danilo Baltasar Anderson y algún día cumplirán la sentencia que se les dicte y quizás gozarán de nuevo de su libertad; pero existen otros, por lo menos dos, imputados o no por el Ministerio Público, que no tuvieron ni disfrutan de tal oportunidad; fueron señalados en llamadas confidenciales, supuestamente investigados, sentenciados y ejecutados sumariamente sin formula alguna de juicio; uno en plena calle de la ciudad y el otro en el interior de una habitación de un hotel en el interior del país.  Sobre esos dos muertos en circunstancias aún no aclaradas, ni la fiscalía, ni la policía, ni ningún representante del gobierno, menos aún el Defensor del Pueblo, ha dicho ni dirán palabra alguna.

Como queda expresado, el Banco de Prueba al cual cualquier interesado interno o externo, experto, víctima u observador, imparcial o no, pueda someter a la justicia venezolana a la luz de los hechos narrados, permite sustentar la conclusión adelantada en el primer párrafo de esta nota.

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