Carta a Pedro Nikken

Ciudadano

Dr. Pedro Nikken

Facultad de Derecho de la Universidad Central de Venezuela

Caracas.

Afirma usted en su escrito publicado bajo el título Estudios Básicos de Derechos Humanos, IIDH San José Costa Rica en 1994: “… Desde el momento que se reconoce y garantiza en la constitución que hay derechos del ser humano inherentes a su misma condición en consecuencia, anteriores y superiores al poder del Estado, se está limitando el ejercicio de este, al cual le está vedado afectar el goce pleno de aquellos derechos…”.

Evidentemente no es una sentencia que provenga de cualquier persona desde el momento en que quien la emite, además de doctorado en derecho, profesor universitario, fue Consejero del Ministerio de Relaciones Exteriores venezolano; miembro de la Comisión Andina de Jurista; presidente de Comité del Instituto Interamericano de los derechos del hombre; presidente de la Corte Interamericana de los Derechos del Hombre; con experiencia probada desde el momento en que, como enviado especial de la ONU, creó en Burundi una Comisión de Investigación Judicial Internacional y fue Consejero Jurídico del Secretario General de las Naciones Unidas para el proceso de paz en El Salvador.

Nadie dotado de mayor capacidad intelectual y práctica para digerir, entender y hacernos entender la calidad de violaciones a los derechos del ser humano a la cual hemos estado enfrentados los venezolanos por obra de lo que no temo en definir como la precaria existencia del Estado en Venezuela, desde el momento en que la idea, el concepto y la función de Estado, si bien pudiere estar muy bien descrita en el cuerpo de leyes de la República, ello no tiene ningún efecto material al interior de la sociedad.

A raíz de la última expresión del ejercicio ilícito del poder del Estado, como ha quedado suficientemente demostrado en lo que el gobierno de turno ha dado por llamar El Caso de los Paramilitares, pero que yo califico como La Masacre de El Paraíso. Se trata de la última –y esperemos que sea en verdad la última– de tantas y consuetudinarias operaciones policiaco–militares, dispuestas y orquestadas desde el poder político de turno, para la simulación de combates armados entre las fuerzas oficiales del orden y supuestos oponentes armados –esta vez los denominaron paramilitares– destinadas a suplir, en algunos casos, las severas deficiencias en materia de ejecución material de las medidas y operaciones de policía, en otros, como es el caso ahora de los paramilitares, para legitimar la decisión política de declaratoria del  Estado de Excepción. Tales desempeños de los responsables del Estado en distintos períodos de gobierno han significado para la sociedad venezolana en 22 años, no menos de 130 civiles desarmados, no beligerantes y muertos en 15 operaciones implementadas por fuerzas combinadas policiales y militares venezolanas.

El asunto que me obliga a molestar su atención es el hecho de que en este último intento de masacre de civiles –que ya había comenzado puesto que según ha sido informado oficialmente, tres cadáveres habrían sido localizados en la zona donde fueran interceptados por la Policía Metropolitana dos colectivos con un contingente de 56 civiles colombianos uniformados con vestimenta militar de camuflaje– tiene sustanciales diferencias con las anteriores y se perfilan ya las masacres, como Política de Estado. Ese acto, se diría que casual de la Policía Metropolitana, al impedir la continuidad del programa de acción establecido y en ejecución, evitó la muerte de no menos de 160 seres humanos que serían ejecutados en un supuesto ataque armado a las instalaciones del Móvil 51 de la Guardia Nacional en El Paraíso.

Si bien es cierto que como usted afirma: “… No todo abuso contra una persona ni toda forma de violencia social son técnicamente atentados contra los derechos humanos. [que] Pueden ser crímenes, incluso gravísimos, pero si es la obra de particulares no será una violación de los derechos humanos…”; también es cierto que, estamos en presencia de una acción concebida, programada, planificada, financiada y ejecutada por funcionarios activos  y medios materiales provistos por el Ejecutivo. Operación dispuesta y ordenada, según podrá ser establecido en su momento, desde el más alto estrato jerárquico del Estado, por tanto, como usted mismo lo afirma “… lo decisivo es que [se] actúe aprovechándose de los medios o poderes…” de los cuales disponen por su carácter oficial como funcionarios actuando bajo las órdenes de uno u otro órgano del Estado.

Todo el asunto está contenido en un escrito que he redactado bajo el título “Masacres y Asesinatos en Serie… Venezuela 1982 – 2004… Estudio de Caso”, que me permito remitirle dada su experiencia en la materia de violaciones a los derechos humanos.

Asumiendo que ello pudiere ser de interés, creo pertinente hacerle conocer el contenido, no tanto para hacer de ello un escándalo público, más bien como un detalle o conjunto de detalles a los cuales posiblemente usted no haya tenido acceso puesto que su ángulo de observación, percibo, pudiere ser otro. Son apreciaciones que en todo caso corresponden a los estudiosos en materia de violencia y crimen considerar y analizar, a los expertos en Derecho estudiar y a la sociedad reaccionar, puesto que resulta en este momento imperioso que los expertos las conozca algo más a fondo y, de ser posible, no guarden silencio al respecto

El estilo del planteamiento quizás no se acoja al rigor metodológico en la exposición de un tema tan complejo puesto que se trata sólo de una de mis habituales notas sobre seguridad pública, pero como podrá entenderlo una vez que le dedique o haga dedicar un tiempo a su revisión y lectura, el soporte de la información sobre la cual se edifica no es el metodizado registro científico de eventos peculiares, sino más bien la observación pragmática y el registro de los acontecimientos diarios que los medios de comunicación nos hacen conocer, conjugado con una experiencia de más de 40 años en el tema de la seguridad pública; conjunto que como bien pudiere considerar, no corresponde a certitud o certificación científica alguna; tampoco quien los recopiló, emite los criterios y lo redacta, pretende poseer conocimientos doctos en acumulados de materia alguna del saber humano; se trata simplemente de una apreciación empírica difícil de colmar puesto que registros con valor y calidad científica universal, tampoco existen en Venezuela[1], al menos, no los conozco o no estuvieron ni están a mi alcance para este momento en que esa dinámica de la violencia criminal ya tiene y se radica, como promotor, gestor, planificador, preparador y toma de decisiones, en posiciones decisorias en el más elevado estrato de gobierno y creo, es tiempo ya de tomar en cuenta los “hechos comunicacionales” palpables, indiscutibles, y antes de que esa dinámica de los hechos nos arrastre hacia una escalada en matanzas “revolucionarias” de cientos de seres humanos en cada acción, tal como queda planteado en el escrito fuera la expresa pretensión de algunos criminales enquistados por décadas dentro, a un lado o al otro, del aparato de seguridad y de la maquinaria de administración de justicia de este precariamente existente Estado en Venezuela.

El texto será incorporado a mi página web en unos diez días. Copia del material será enviado a pesar de lo comentado en su contenido al titular de la Fiscalía General de la República y al Defensor del Pueblo. También a la UCAB por la vía del sacerdote Mikel De Viana y en razón a su trabajo sobre la pobreza; a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y a algunas ONG’s venezolanas dedicadas al cada vez más trascendente asunto de los derechos humanos. Si fuere pertinente según su opinión, a cualquiera otra entidad que usted a bien pudiera sugerir.

Si fuere necesaria para usted mayor información sobre el autor, el planteamiento o el contenido del texto, tiene usted la posibilidad de consultar o hacer consultar mi página web http://home.earthlink.net/~accioncivica, donde encontrará varias notas anteriores a esta fecha sobre el tema de la seguridad pública en Venezuela, y los detalles generales y los específicos sobre mi hoja de servicios. En caso de requerir mayor información u otros particulares no referidos pero de su especial interés, puede usted demandarlo personalmente, por la vía de mi correo electrónico rriveromunoz@yahoo.com o comunicarse por los teléfonos: Oficina 58 212 793 5022; celular 0412 975 8775.

Sin otro particular, esperando que el material remitido pueda ser objeto de su interés y utilidad, quedo de usted; atentamente, en la ciudad de Caracas, a los 12 días del mes de julio del año 2004

Rafael Rivero Muñoz

Comisario General

Anexo: Documento de 171 páginas numeradas, formato carta, impreso en pica 11 Times New Roman, a un espacio; titulado“MASACRES Y ASESINATOS EN SERIE. Venezuela 1982 – 2004. ESTUDIO DE CASO”.

Se estimaría la firma de recepción de la comunicación y su anexo


[1] “… estadísticas judiciales, sesgadas por variables de índole legal, no asegura la uniformidad de los registros…”. Luis Gerardo Gabaldón;

Acerca de rriverom
http://www.home.earthlink.net/~accioncivica/ http://twitter.com/#!/rarmuz

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