“Pozos de la Muerte”

¿Qué diablos podemos esperar?

 

Rafael Rivero Muñoz

Caracas 16/05/04

 

Sale a la luz hoy, en las informaciones de la prensa[1], la solicitud de inhibición incoada por el general Efraín Vásquez Velasco contra el ya tristemente famoso Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, abogado Iván Rincón Urdaneta.

Alegato expuesto: ante el vacío de poder derivado de la renuncia del tcnel retirado Hugo Rafael Chávez Frías la noche del 11A y habiendo tratado de ubicar al vicepresidente y al presidente de la Asamblea Nacional –quienes se encontraban desaparecidos de la escena, el uno ”enconchado” y el otro buscando asilo– para que asumieran el poder de acuerdo a los establecido por la Constitución, se comunicó con el Presidente del TSJ, último nivel en la línea de sucesión ante la falta absoluta del titular de la Presidencia. Impuesto de los pormenores, Iván Rincón Urdaneta, habría aceptado.

¿Por qué sorprenderse?

¿No fue Iván Rincón Urdaneta, aquel abogado graduado en la Universidad del Zulia quien en 1985 fuera propuesto por lo más granado de la Industria de la Ilegalidad zuliana y llamado por Jaime Lusinchi para integrarlo al Poder Judicial con la expresa misión de cerrar el caso de “Los Pozos de la Muerte”[2]?

¿No fue el mismo quien, para cumplir con la orden presidencial, citó a los testigos claves del caso, les preguntó y contra–preguntó para hacerlos caer en contradicciones y visto fracasado su empeño, eliminó del expediente las comprometedoras declaraciones –para ministros, gobernadores y jefes policiales en funciones– y luego, en una acción, imposible de catalogar en un rango distinto al de confabulación criminal y de la cual formaron parte tanto los funcionarios responsables de la Fiscalía General, el gobernador en persona y la jefatura de la policía de investigación criminal regional y local, procedieron a:

  1. Vaciar cemento en el aljibe o pozo de donde se habían sacado ya cuatro cadáveres y medio.
  2. Derrumbar con un tractor la pared donde ciudadanos eran fusilados por funcionarios de policía.
  3. Limpiar, mediante arrastre profundo con la pala de un pesado tractor de todo posibilidad de evidencia sobre el terreno circundante al pozo y la pared0.

¿No fue ese un acto político? En nada jurisdiccional, puesto que el argumento que lo soportaba era la “Razón de Estado”[3].

¿Colusión Criminal?

Con esa acción política ejecutada por instrucciones precisas del presidente Jaime Lusinchi, canalizadas por órgano del Ministro de Justicia José Manzo González, supervisadas in situ por el gobernador Omar Barbosa Gutierrez –quien declaró a los medios que esos eran “huesos de vaca”–, ejecutada sobre el terreno intelectual por el “juez” Iván Rincón Urdaneta, el Fiscal del Ministerio Público y en lo material por los jefes policiales nacionales y locales –entre otros, Pedro Arturo Torres Agudo, Porfirio Valera, Yánez Pasarella, Eleazar Cuotto Rendón, Pedro José Padrino Gómez, Antonio Briceño, Pablo Guzmán, hoy vice ministro de Interior y Justicia–, personal de la policía de investigación criminal y con apoyo del comando de la policía uniformada y con ello y el concursos de todos esos funcionarios no sólo se puso punto final a las investigaciones criminales sobre los Pozos de la Muerte –donde ni tan siquiera sacaron del pozo la mitad del quinto cadáver que aún quedaba en el fondo–, sino que se generó trascendentes efectos sobre otros casos criminales –vinculados o no– que siguieron por el mismo camino:

El cómplice silencio de la jurisdicción[4].

Complicidad, coautoría, colaboración inmediata, negligencia, incompetencia ¿serían o no términos a aplicar?

Que lo respondan los expertos. Allí están los hechos y allí sus gestores y ejecutores, falta la investigación, juicio, y condena, o quizás, la absolución.

¿Técnicamente, no forma parte una coordinada ejecución de ese tipo con lo que se expresa y comúnmente se denomina “Crimen Organizado”, y que denominamos: La Industria de la Ilegalidad.

¿O tiene otro nombre?

¿A quién benefició en aquel momento el crimen?

¿A quién el crimen ha beneficiado y beneficiará ahora?

¿De carrera? 

¿No fue Iván Rincón Urdaneta aquel abogado que fue designado a dedo para el cargo y luego para la presidencia del TSJ sin estar en posesión de ninguno de los méritos académicos, profesionales y ciudadanos exigidos en forma taxativa por la Constitución de 1999 para optar y asumir el cargo, y soportado en un argumento falaz?

“… Pero a mi no me hace falta porque la Constitución establece que quien necesita el doctorado para venir aquí es el que aspira desde el ejercicio de la profesión; pero yo soy de carrera judicial…”[5]?

¿Y qué carrera?

Una que comenzó como él mismo lo reconoce a Sebastian De la Nuez, en 1985 con la específica misión de cubrirle la espalda a bandas organizadas, entre ellos, los asesinos de los Pozos de la Muerte.

Algunos méritos, en la Venezuela dicha revolucionaria, son importantes

 ¿A la carrera?

Como siempre se ha afirmado, hay funcionarios jerárquicos de carrera, pero también hay otros muy comunes y abundantes, cuyas jerarquías no pueden ser denominadas de otra forma que “a la carrera”.

Esos que se levantan en un golpe de suerte, apalancados, y escalan posiciones en su “carrera” mediante la adulancia, el rastracuerismo, o jalabolismo. Eso lo hacen, arrodillados, lamiendo pisos y complaciendo con creces los deseos del jefe de turno –independiente de que sea del ayer o del hoy, civil o militar–; dentro del más depurado estilo de la siempre peligrosa, sargentada.

¿No fue Iván Rincón Urdaneta, ya como Magistrado del TSJ, el ponente de las más famosas sentencias –tele-dirigidas desde Miraflores– que se hayan conocido en los anales del Foro en Venezuela: la supra-constitucionalidad, la transitoriedad; la “ñapa” en el lapso del período presidencial; la sentencia 1.013 y el caso Montesinos?.

¿Puede un “Magistrado” de tan excelso “currículum” –muestra de tales características morales y éticas–, tener una reacción distinta?

¿Y qué de particular tiene entonces? que, ante tan apetitoso manjar que le estaba poniendo en su mesa el general Efraín Vásquez Velásco –asumir la presidencia de la República–, su respuesta fuera afirmativa.

Hasta adelantó su renuncia al TSJ, ya, exitado, en éxtasis, se veía en el acto protocolar, con la banda cruzada al pecho, en pomposa ceremonia y luego presidiendo el desfile militar en honor a su “sacrificio”.

¿No es ese el summun del éxito, ese inesperado “mérito” para su “brillante carrera”?

¿Puede pedírsele a un ser humano administrador de una parodia de justicia, de tan particular currículum –no se si prontuario, como el que les es propio a connotados miembros de la “revolución”–, despreciar tal oportunidad?.

La suerte llamó a su puerta.

Éxito garantizado 

Cuando la Industria de la Ilegalidad una vez más en la historia venezolana, tenga otro dúctil y eficiente miembro del “Tercer Nivel” de nuevo en posiciones de poder, esta vez en el centro del poder, Miraflores, en materia de Seguridad Ciudadana, Política Criminal, Política Militar y Policial y en la Administración de Justicia, la sociedad venezolana en su conjunto y cada uno de los ciudadanos que la integran, tendrán “más de lo mismo, pero peor”:

Entonces: ¿Qué diablos podemos esperar?

¿Algo distinto a lo sucedido a todo lo largo de estos últimos 37 años?

Y nótese que la fecha es especialmente precisa a los efectos de otros notables y/o notorios hombres del mundo político, policial y judicial que hoy, en medio de una severa crisis institucional, de nuevo pretenden copar la escena política.

Notas

[1] Alejandra M Hernández F.; El Universal jueves 06/05/02, página 1-6.

[2] “… Comenzó hace 16 años en el poder judicial…, de la mano de AD… Se inauguró como juez con los pozos de la muerte, en 1985…”. Sebastian De la Nuez; Tal Cual viernes 29/06/2001, pág.7.

[3] La sin razón en derecho

[4] Véase a este tenor y sólo para referirnos al estado Zulia: secuestro y muerte del menor Rafael Antonio “Macho” González; desaparición y muerte de Mario José Urdaneta Perché “El Mocho”; asesinato de Marta Lucía Charry, torturas y desaparición forzada de ciudadanos; además de importantes casos criminales tanto de robos, hurtos y contrabando de leche en la expresión ligth como de asesinatos por encargo, tráfico y comercialización de drogas, en su expresión heavy.

[5] Sebastian De la Nuez, citado

 

Acerca de rriverom
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