¿Qué bochinche es éste?

Rafael Rivero Muñoz

Caracas, 21/05/02

Cuáles son realmente los intereses –no precisamente los de la sociedad venezolana– que se están jugando en esta extraña combinación de personajes que tras bambalinas, supuestamente en secreto, negocian “la salida institucional de Chávez”: Luis Miquilena, Ramón J. Velázquez, Ramón Espinoza, José Vicente Rangel, Reinaldo Cervini, Manuel Quijada, Ramos Allup, Rafael Marín, entre otros. Algunos de estos personajes negociadores, definitivamente, llaman la atención.

El policía y las malas jugadas de la memoria

Luis Miquilena, “El Honesto Micabu” –según sentenciara el TSJ en aquel show mediático en juicio que no era juicio y cuyo promotor fuera el fracasado Fiscal General Javier Elechiguerra–, recuerdo el decomiso de un alijo de 50 kilos de cocaína en un restaurante de La Floresta, allí justo al lado Este de la Estación de Servicios de la urbanización La Floresta, fondo de comercio propiedad de los hijos de Luis Miquilena; un caso criminal que fuera atendido –el único en su específica modalidad– por el abogado Morris Sierralta y que parece, salvo la detención de un chileno, no llegó a condena de nadie.

Pero también recuerdo a tenor de este señor, el asunto de los bingos, cuando estando en posiciones de poder político, por intermedio de Augusto Lazo se dieron permisos que luego debieron ser suspendidos por ilegales. Vale la acotación, acaban hoy de aprobar la mayoría MVR en la AN, una ley que legaliza los bingos ilegales.

Mucha tela que cortar esto de los bingos, se recordará que los propietarios de estos locales fueron especiales financistas de las campañas de más de un candidato emeverrista; hasta un Diputado suplente, propietario del Casino de Valencia, tienen en la Asamblea Nacional: Pérez Recao.

Ramón J. Velázquez, “El Engañado”, aquel presidente del interinato que durante su gestión, su más brillante obra, la selló para la historia cuando firmó el indulto del internacionalmente solicitado traficante de drogas, Larry Tovar Acuña.

Ramón Espinoza, “El Humanitario”, precisamente, para la época del interinato, el Secretario de la Presidencia de la República, en cuyas manos estuvo la gestión y el papeleo del indulto del traficante de drogas a instancias del padre de éste, coronel retirado de la FA, por cuya gestión fuera este último uno de los pocos detenidos.

José Vicente Rangel, “El Inefable” –según han citado medios de comunicación y uno que otro diputado de oposición–, hombre ligado a los rentables negocios de la venta de armas –precisamente como ministro de este gobierno, pieza importante en las negociaciones con Rusia, para el cambio de calibre del fusil de las FA– y de los casinos, ahora vicepresidente designado por Hugo Rafael Chávez Frías.

Justo en un gobierno dicho revolucionario, manifiestamente aliado, soportador, garantía de mantenimiento de los territorios de alivio –de este lado de la frontera–, vecinos a la zona de guerra.

Un presidente que, en forma reiterada se niega a reconocer a las FARC como enemigos declarados de Venezuela y de su FA –a pesar de la cantidad de muertos y otros crímenes que han ejecutado en nuestro país–, y que expresamente en la última reunión internacional de Jefes de Estado, se negó a firmar un documento conjunto donde se calificaba de terroristas a las FARC.

Una organización criminal que merece un comentario pertinente en el caso que nos ocupa: sus dos principales fuentes de financiamiento –así ha sido aceptado por ellos mismos e internacionalmente es reconocido–, son, el tráfico de drogas y el tráfico y venta de armas.

Además, son sus fuentes regulares y alternas de financiamiento, los atracos –a bancos y camiones blindados de transporte de valores–; precisamente, delitos nunca investigados en Venezuela, los secuestros, el cobro de vacunas a los productores agroindustriales y comerciantes de la región fronteriza con Colombia.

Pero hay más, a tenor de este personaje, los bingos –sin permiso de funcionamiento puesto que los otorgados fueron revocados, por tanto ilegales– del Distrito Sucre del estado Miranda, según lo denuncian diputados de oposición de la AN, están protegidos y funcionan gracias a los buenos oficios del alcalde José Vicente Rangel Avalos, el hijo del vicepresidente. Y viene entonces a la memoria, aquel jamás aclarado asesinato, el de Alberto Totessaut –yerno y cuñado de ambos personajes, gran jugador, ganador y perdedor, y asiduo visitantes, para la época, de casinos clandestinos–, caso criminal que el personaje de nuestro interés se encargó expresamente de empastelar, para que jamás la verdad, saliera a relucir: ¿qué lo mato?, una bala; ¿quién lo mató?, no se sabe; ¿por qué lo mataron?, no se sabe; es más no se sabrá nunca.

Reinaldo Cervini, el sempiterno aspirante a una nominación presidencial; Manuel Quijada “Volkwagen” o mejor “El Genio Agrario” del sistema –puesto que su “importante labor” tiene como efecto tangible, el haber desforestado el terreno, limpiado la maleza, abiertos los surcos y abonado el campo– judicial en Venezuela: ¿A quién beneficia el crimen?. Palpables son los resultados y están a la vista: en Venezuela no existe un Tribunal Supremo de Justicia tampoco, por tanto, existen jueces en sentido estricto del término. Y el que resultare condenado y preso, lo es por pendejo. Los otros dos, personajes citados, gastados representantes de lo que queda de un partido del status.

La Industria de la Ilegalidad

Algunos países aceptan erróneamente denominar ese complejo mundo del delito y de poder para–estatal, Crimen Organizado; yo he preferido siempre un término que los define mucho mejor: La Industria de la Ilegalidad.

Una industria donde funcionan un sinnúmero de líneas de producción, entre ellas para citar sólo algunas: tráfico de drogas, tráfico de armas, secuestros, asaltos bancarios, grandes estafas –en especial complejas operaciones contra fondos del Estado–, prostitución adulta e infantil, juego, contrabando, secuestro, asesinatos por encargo y el chantaje. Para la administración de todo ese complejo de asuntos “comerciales”, la estructura funcional con tres niveles: a) los paleocriminales o desechables, b) los intermedios o delincuentes maduros y c) los avanzados. Son estos últimos los que organizan y mantienen ”activo“ eso que el juez italiano Giovanni Falcone denominó “El Tercer Nivel”, constituido por funcionarios del Estado, cuya misión principalísima, por la que se les mantiene de por vida en posiciones de poder y se les paga buen dinero en efectivo en cuentas en el exterior, es evitar la investigación, juicio y condena en aquellos casos criminales que por una u otra causa pudieren ser objeto de la curiosidad pública. Bien afirman Dario Betancourt y Martha L. García: “… Los orígenes y la consolidación de la mafia no pueden verse al margen de la evolución del Estado… (su) historia… no sería otra cosa que la historia de la complicidad del Estado…”.

Para Venezuela, en términos futuros de seguridad pública, de policías y ladrones, de delitos y de delincuentes, sean comunes o los llamados organizados, “La Industria de la Ilegalidad”, pareciera, la historia se está escribiendo.